“…Aun mintiendo”

La política española vuelve a asomarse a un abismo ético e institucional tras las revelaciones sobre los supuestos pagos para comprar el silencio o la versión de Koldo García. Este episodio no es solo un capítulo más de la ya fatigada crónica judicial del país; constituye un síntoma alarmante de degradación democrática donde los límites entre la información, el chantaje y la ingeniería propagandística amenazan con disolverse por completo.

Los hechos destapados dibujan una coreografía tan milimétrica como inquietante. Diversas fuentes han confirmado la existencia de reuniones entre Koldo García y figuras vinculadas al Partido Popular, entre las que destaca Alberto Durán, abogado del PP —quien, ha sido apartado de las acusaciones, aunque extrañamente sigue formando parte del gabinete jurídico de la formación—. Curiosamente, voces mediáticas como la de Pablo Montesinos en TVE han reconocido haber tenido constancia de dichos encuentros, aunque matizando que no fructificaron en acuerdos. Sin embargo, la realidad de los hechos apunta en otra dirección.

Silvia Intxaurrondo señala que[¡curiosamente!]: el 27 de noviembre de 2025, OkDiario entrevista a Koldo García. De manera inmediata, el PP amplifica la entrevista; Alberto Núñez Feijóo acusa al PSOE de supuesta financiación irregular y convoca una manifestación. Ese mismo día, según las informaciones publicadas, se produce el primer pago a la defensa de Koldo por importe de 181.500 euros, canalizado a través de la editorial del propio periódico de Eduardo Inda.

¿Cómo se justifica que el pago por los derechos de una entrevista, un libro o una docuserie se ingrese en las cuentas de la defensa de Koldo García y no directamente al propio investigado?

La pregunta evidencia una opacidad radical que invita a calificar, como apuntan algunos analistas, la actuación de este digital en el papel de un auténtico testaferro informativo. A esto se suma un dato de extrema gravedad: las informaciones que señalan que este medio envió a un individuo a hostigar a la abogada de Koldo y a periodistas independientes que investigaban el caso.

Estamos ante lo que la sociología contemporánea define como el "ciclo del bulo". Su mecánica es perversa: se fabrica un relato mediante filtraciones interesadas, se legitima a través de actores políticos de primera línea, se moviliza a la opinión pública con fines electorales y, cuando las costuras del montaje empiezan a ceder, se recurre a la contradicción cínica. El PP pasó de tratar a Koldo como una fuente fiable a descartarlo por completo —aplicando la clásica paradoja de que todos los mentirosos son poco fiables, salvo cuando sirven a los propios intereses—, , mientras la portavoz del partido negaba reuniones que múltiples fuentes daban por seguras. Por su parte, el PSOE ya estudia medidas legales ante la gravedad de las acusaciones.

Este caso golpea la línea de flotación del periodismo independiente. Conviene recordarlo con rotundidad: el periodismo no paga por entrevistas

Pagar a una fuente imputada por corrupción a través de una empresa editora desnaturaliza la profesión y la convierte en una transacción mercantil orientada a la fabricación de estados de ánimo. Es aquí donde opera la manipulación cognitiva: se bombardea al ciudadano con impactos emocionales diseñados para generar indignación y asfixiar el pensamiento crítico, apelando según Iván Redondo, a lo que James Joyce denominaba con ironía "epifanías" —revelaciones súbitas que, en este contexto, buscan inocular la sospecha generalizada de que "todos son iguales"—. La trampa de la equivalencia moral: Cuando los ciudadanos asumen que la corrupción y el mercadeo de favores son estructurales en toda la clase política, la democracia pierde su incentivo regenerativo y se convierte en un mero mercado de desconfianza.

Pero no, NO TODOS SON IGUALES

Como también advertía Iván Redondo, en la política democrática el "juego limpio" no es un adorno prescindible, sino el pegamento que sostiene el pacto social. Cuando se financian operaciones de esta naturaleza utilizando de fondo la publicidad institucional o resortes económicos opacos, se corrompe el dinero público y se dinamita la igualdad de oportunidades en la contienda electoral.

¿Qué impacto tiene todo esto en los ciudadanos? Los análisis politológicos ofrecen claves muy claras. Durante su intervención en TVE, el experto Lluis Orriols señalaba que este tipo de escándalos de gran calado no movilizan de igual forma a todos los electorados: el votante de centro, menos ideologizado y más volátil, es el que experimenta mayor distancia crítica ante la podredumbre institucional, y es precisamente este segmento el que el Partido Popular necesita seducir para consolidar mayorías. Ante la duda razonable sobre la limpieza del juego político, este sector no suele decantarse por el partido señalado, sino que opta por dos reacciones letales para la participación: la abstención o el voto volátil de castigo.

Las consecuencias para la democracia son profundas. Cuando la política se reduce a una guerra de desgaste basada en la chequera y el fango, el sistema pierde su legitimidad utilitaria.

Koldo García, en una suerte de advertencia velada, ha señalado que "el remate final lo hará él", sugiriendo que aún guarda munición en esta guerra de trincheras.

Mientras asistimos a este espectáculo bochornoso, la salud democrática de España se resiente. Una democracia no muere de golpe por un decreto autoritario, sino lentamente cuando la verdad se subasta al mejor postor y los ciudadanos terminan por asumir que la mentira es el combustible natural de sus instituciones. La respuesta a este desafío no puede ser la resignación, sino una exigencia implacable de transparencia judicial y periodística.

Mario C. Mendoza Vera