No todos somos iguales

El sábado siguiente al accidente ferroviario de Urda, celebrábamos una fiesta de cumpleaños. En medio de una conversación distendida, otro de los invitados (simpatizante del Partido Popular, defensor de sus acuerdos con Vox y conocedor de mis afinidades con el PSOE) me preguntó si ya había pensado a quién votar el próximo 29 de noviembre.

No pude evitar detenerme en la pregunta. No tanto por su contenido como por quién la formulaba y por el contexto en el que lo hacía. Después de 69 muertos, parecía que la tragedia ya se había convertido en un argumento electoral y que mi obligación era justificar si seguiría votando a la izquierda.

Me pregunté entonces si esa misma exigencia de responsabilidad, esa misma indignación y esa misma severidad se aplicarían con idéntica intensidad cuando las tragedias, los errores de gestión o las negligencias políticas afectan a los gobiernos de la derecha.

Porque hay algo profundamente incómodo en la utilización política del dolor. El sufrimiento de las víctimas y de sus familias merece respeto, justicia y respuestas. Pero ese respeto no puede convertirse en una exigencia colectiva de paralización, ni en un examen de conciencia permanente en el que continuar con nuestra vida cotidiana, defender nuestros derechos laborales o mantener nuestras convicciones políticas parezca una falta de sensibilidad.

Las víctimas de los últimos accidentes no pueden convertirse en 115 argumentos electorales. No son propiedad de ningún partido, ni su memoria puede utilizarse como arma arrojadiza contra quienes piensan diferente. Honrar a las víctimas significa esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades, reparar a las familias y garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en instrumentalización.

Hay, además, otro peligro que conviene no perder de vista. Cuando una sociedad atraviesa una crisis grave, aparece una tentación recurrente: reclamar decisiones inmediatas, contundentes y unilaterales; presentar los procedimientos parlamentarios, los controles institucionales y la deliberación como obstáculos; y exigir que alguien tome las riendas sin demasiadas preguntas.

Pero las reglas democráticas no son un lujo para tiempos tranquilos. Son precisamente más necesarias cuando las circunstancias son difíciles. Eliminar contrapesos, silenciar discrepancias o concentrar el poder en nombre de la eficacia no garantiza una mejor gestión. Al contrario, reduce la capacidad de corregir errores, favorece la arbitrariedad y debilita la pluralidad. La urgencia puede justificar medidas excepcionales dentro de la ley, pero nunca convertir el control democrático en un estorbo.

También conviene reflexionar sobre esa costumbre política de exigir dimisiones como respuesta automática a cualquier tragedia. La politóloga Martínez-Bascuñán ha reflexionado sobre cómo la exigencia impulsiva de una dimisión puede funcionar como un antiguo rito de sacrificio: se entrega una cabeza a la opinión pública para recuperar una aparente tranquilidad, mientras el sistema que hizo posible el problema permanece prácticamente intacto.

Es el efecto lampedusiano: cambiar una cabeza para que nada cambie realmente. Una dimisión puede ser necesaria, pero no sustituye una investigación independiente, una reforma de los procedimientos, una revisión de las inversiones ni la depuración de todas las responsabilidades, técnicas y políticas.

La historia española ofrece suficientes ejemplos para desconfiar de los automatismos electorales. La tragedia del Yak-42, con 62 militares fallecidos, y la deficiente gestión de la identificación de los cadáveres; el accidente del metro de Valencia, con 43 víctimas; el Prestige y la gestión de sus consecuencias; o el accidente del Alvia en Angrois, con 80 muertos, demuestran que una catástrofe no se traduce necesariamente en un castigo electoral.

Tampoco el escándalo de los protocolos de atención sanitaria en las residencias madrileñas durante la pandemia impidió que Isabel Díaz Ayuso ampliara considerablemente su respaldo electoral. En la Comunitat Valenciana, la tardía salida de Carlos Mazón tras la DANA tampoco se ha traducido automáticamente en un hundimiento electoral del bloque de la derecha.

No se trata de establecer una competición de muertos ni de utilizar las tragedias del pasado para minimizar la de Urda. Sería moralmente inaceptable. Se trata de entender que la indignación pública no siempre se convierte en un cambio de voto y, sobre todo, de preguntarnos por qué algunos ciudadanos aplican criterios tan diferentes dependiendo de quién gobierne.

¿Por qué hay quienes consideran insoportable una tragedia cuando afecta a un Gobierno de izquierdas y encuentran explicaciones y atenuantes cuando afecta a uno de derechas? ¿Por qué algunos anuncian que retirarán su voto a la izquierda por un accidente o un caso de corrupción, mientras justifican su voto a la derecha a pesar de sus propios antecedentes de gestión?

No afirmo que todos los votantes de Vox, del PP o de cualquier otra formación actúen así. Sería injusto y simplista. Pero sí creo que existe una preocupante memoria política selectiva, una especie de mecanismo de autodefensa ideológica que nos permite ser implacables con los adversarios y extraordinariamente comprensivos con los nuestros.

La exigencia de responsabilidades políticas no puede funcionar como un interruptor ideológico: máxima sensibilidad cuando gobiernan los adversarios y comprensión  cuando gobiernan los nuestros. Si las víctimas merecen respeto, lo merecen independientemente del color político de quien ocupe el Gobierno.

Y aquí resulta inevitable recordar Angrois. Tras aquel accidente, con 80 muertos, el Gobierno de Mariano Rajoy y la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo fueron objeto de duras críticas por su actuación política y por la respuesta institucional a las víctimas. La exigencia de verdad, justicia y explicaciones tuvo que recorrer un largo camino. Sin embargo, no hubo una asunción de responsabilidades políticas equivalente a la que ahora estamos presenciando.

No se trata de que una dimisión borre lo sucedido ni de que un gesto individual exonere al resto de las instituciones. Se trata de reconocer que existe una diferencia entre aferrarse al cargo, proteger al partido a cualquier precio y asumir que, en determinadas circunstancias, la dignidad institucional exige dar un paso al lado.

Por eso considero especialmente relevante la decisión de Óscar Puente de presentar su dimisión y renunciar a formar parte de las listas del PSOE para el 29N.

No porque su marcha resuelva el problema, ni porque una dimisión demuestre por sí sola que toda la responsabilidad esté esclarecida. Tampoco porque el ministro sea necesariamente responsable directo de las causas técnicas del accidente, algo que corresponde determinar a la investigación. Pero sí porque, como máximo responsable político del departamento, tiene una responsabilidad institucional que no desaparece por el hecho de que las causas técnicas todavía deban esclarecerse.

Y hay un detalle que, a mi juicio, aporta de mayor significado su decisión: Puente dimite cuando su propio entorno (e incluso yo mismo) y el Gobierno había optado inicialmente por resistir y continuar. Su salida supone asumir un coste político y personal cuando la estrategia de permanencia parecía imponerse.

Es un gesto que merece ser valorado. 

La dimisión de Puente no demuestra que todos los problemas estén resueltos, pero sí que todavía hay dirigentes capaces de anteponer la responsabilidad institucional a la supervivencia personal y partidista.

Y vuelvo a aquella fiesta de cumpleaños y a la pregunta del otro invitado: ¿a quién voy a votar el próximo 29 de noviembre?

No tengo intención de responder desde la obediencia a unas siglas, ni desde la indignación que provoca una tragedia, ni desde el deseo de castigar electoralmente a alguien para satisfacer una necesidad emocional de justicia inmediata.

Pero sí creo que hay una pregunta que todos deberíamos hacernos antes de votar: ¿aplicamos los mismos criterios de exigencia a quienes piensan como nosotros y a quienes piensan de manera diferente?

Porque si la responsabilidad política es exigible, debe serlo siempre. Si las dimisiones son necesarias, deben serlo con independencia del partido. Y si las víctimas merecen respeto, no pueden merecerlo más o menos en función de quién gobierne.

No voy a justificar los errores de un Gobierno por ser de izquierdas.  Pero tampoco voy a aceptar que se utilice una tragedia para imponerme una conclusión electoral que no se sostiene cuando se examina la historia con un mínimo de honestidad.

La indignación es legítima y necesaria. Sirve para señalar responsabilidades, reclamar explicaciones y exigir cambios. Pero es una pésima consejera cuando se convierte en el único criterio para decidir quién debe gestionar los recursos públicos, los servicios esenciales y nuestros derechos.

Hay que pensar en frío. Hay que preguntarse qué modelo de país queremos, qué política  garantiza mejor la seguridad, qué inversión necesitan las infraestructuras y qué consecuencias tienen las decisiones fiscales y presupuestarias. El mantenimiento, la renovación y la seguridad de los servicios públicos cuestan dinero. No podemos exigir infraestructuras de máxima calidad y seguridad mientras ignoramos deliberadamente las decisiones económicas que las hacen posibles.

También debemos valorar qué partidos ofrecen mayores garantías para proteger los derechos laborales, las pensiones, la vivienda y la cohesión social. Votar no consiste únicamente en decidir contra quién estamos. Consiste, sobre todo, en decidir a quién confiamos la gestión de nuestra vida colectiva.

La dimisión de Óscar Puente me parece impecable en términos de responsabilidad política. No porque cierre el capítulo de Urda, sino precisamente porque reconoce que hay momentos en los que la continuidad en el cargo deja de ser lo más importante.

A las 69 víctimas de Urda les debemos verdad, justicia, reparación y seguridad. No les debemos nuestro silencio, nuestra parálisis ni nuestro voto automático. Les debemos, sobre todo, una democracia en la que la responsabilidad no tenga ideología y la memoria no sea selectiva.

Así que sí, he pensado a quién votar el 29 de noviembre. Pero no voy a decidirlo únicamente pensando en quién ha cometido un error. También voy a pensar en quién quiero que gestione el país, con qué prioridades, con qué recursos y con qué respeto por las instituciones y los servicios públicos.

Y quizá esa sea la reflexión que le devolvería a ese otro invitado: no me pidas que cambie mi voto por 69 muertos si no estás dispuesto a revisar también el tuyo por las víctimas de las tragedias que afectaron a los gobiernos que tú has apoyado.

Porque NO SOMOS IGUALES, votar no debería ser un acto de venganza, sino un ejercicio de responsabilidad.

Mario C. Mendoza Vera