Las políticas sociales en el ámbito municipal y el nuevo marco normativo en Canarias.

La Ley de 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, (LRBRL) establecía las competencias de los municipios en políticas sociales. La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, (LRSAL) establece algunos factores para determinar un nuevo contexto en el que los ayuntamientos puedan desarrollar competencias en materia de justicia, bienestar y normas para la protección de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas.

La crisis de valores y económica ha pasado factura, especialmente en la forma en la que debemos pensar, para hacer política. La realidad ha sido que en muchos municipios se asumieron acciones, que más tarde, resultaron ser una carga pesada fundamentalmente por el gasto económico que suponía en función de los ingresos que se recibían. Todos hemos visto, como, por ejemplo, nos apresuramos a inaugurar una residencia de personas mayores y luego la cerramos o quisimos devolverla al Cabildo para que asumiera el gasto. Otra realidad es que, en muchos casos, hay duplicidad de competencias con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, de no saber a dónde acudir o de tener que pasar por distintas administraciones para un mismo problema que tiene que resolver.

Desde la libertad que nos permite la Constitución Española, los Municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos. Pero, de los errores hay que aprender y no es posible generalizar este tipo de acciones porque los contextos son distintos. No es lo mismo la realidad de Tejeda que la realidad de Las Palmas de Gran Canaria. O la de Valsequillo y la de Telde. O la de Mogán y la de San Mateo. Por ello, es imprescindible tener en cuenta algunos principios básicos que puedan mejorar la actual gestión de los servicios públicos.

Es necesario que seamos capaces de valorar y de ser conscientes para al mismo tiempo, descentralizar y atribuir competencias adecuadamente repartidas entre los distintos niveles de la administración pública siendo eficientes en el servicio que prestemos al ciudadano y que ello suponga además, hacerlo desde la estabilidad económica y evitar dejar al municipio con la incertidumbre de seguir en las distintas áreas, resolviendo los problemas del día a día de los vecinos y vecinas.

Desde la razón para formarnos un juicio coherente y no desde la mera publicidad y las apariencias. Desde el debate intelectual y los programas; seamos capaces de establecer cuál es la mejor manera de servir a las personas con las políticas sociales.

En Canarias la Ley de Servicios Sociales es del año 1985. Por lo tanto, es evidente que no se puede demorar más la nueva Ley de Acción Social y Servicios Sociales de la que tenemos el anteproyecto. Ya se expone en este texto, que se hace una apuesta por la planificación y responsabilidad de las Administraciones Publicas de Canarias, para lograr actuaciones ordenadas y coordinadas que permitan realizar políticas eficaces y eficientes.

Pues adelante. Tenemos una nueva oportunidad para hacer las cosas sin prejuicios que contaminen el buen servicio público que debemos prestar como representantes del pueblo. Sólo tenemos que pensar que el nuevo marco estatal, prevé que los ayuntamientos sigan con el ejercicio de las competencias que desarrollan y de las que se concreten en la normativa autonómica. Pero seamos capaces de medir si vamos a evitar las duplicidades, si conseguiremos ser eficientes y si las estrategias, los proyectos y las acciones van a tener estabilidad presupuestaria para que tengan efectividad.

José Miguel Álamo Mendoza es concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.