Educación intensifica las negociaciones con los representantes sindicales

El director general de Personal de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, presidió la primera mesa técnica con los representantes sindicales de la IX Legislatura. En este foro, se analizan los documentos técnicos y las diferentes propuestas que se elevan con posterioridad a la Mesa Sectorial de Educación, como órgano facultado para la negociación oficial entre la Comunidad Autónoma y los sindicatos.

Durante esta primera reunión, los asuntos analizados fueron la confección de un calendario regular y estable de negociaciones y la revisión de las normas que regulan, por una parte, la adjudicación de destinos provisionales para los profesores que no tienen destino definitivo o que desean cambiarlo y, por otra parte, el sistema de listas de empleo para los interinos.

El objetivo del primer punto en el orden del día es el de dar una mayor estabilidad a la negociación entre el Gobierno de Canarias y los representantes sindicales en el ámbito de la Educación, porque, según Pérez-Dionis, el equipo de dirección de la Consejería considera fundamental contar con regularidad con el conocimiento y la experiencia que acumulan las formaciones sindicales, "para, de este modo, tener un contacto más intenso con el sector y tomar las decisiones más acertadas para mejorar la calidad de la Educación en las Islas." Además, el hecho de contar con un calendario pactado de antemano con la necesaria flexibilidad entre Administración y sindicatos permitirá que exista una mayor transparencia y posibilidad de planificación de las reuniones en las que se producirán las negociaciones.

En este sentido, el siguiente asunto abordado en la mesa fue un primer análisis del actual sistema de adjudicación de destinos del personal docente, así como la norma que regula la gestión de las listas de empleo, para detectar las incidencias más frecuentes y, "entre todos, plantear alternativas viables, que nos permitan agilizar los nombramientos y sustituciones, salvaguardando tanto los derechos de los docentes actuales, como de los que se incorporen al sistema, pero, sobre todo, con la idea de garantizar el derecho a la educación que asiste a los alumnos", en palabras del director general.

Como se analizó en el seno de la mesa técnica, la complejidad de este proceso radica en la confluencia de determinados aspectos, como la diferencia entre el número de alumnos y alumnas que se matriculan en junio y la matrícula definitiva de septiembre, mes en el que se han de ajustar los docentes a las necesidades reales de cada centro.

Perez-Dionis reconoció la complejidad del sistema de adjudicación de destinos, teniendo en cuenta que en Canarias hay unos 900 centros públicos de enseñanza, con casi 280.000 alumnos y más de 21.700 docentes. También explicó que la Consejería de Educación y Universidades ha realizado este inicio de curso un esfuerzo considerable para que sólo una semana después del inicio de las clases ya estuviese nombrada casi la totalidad de los profesores necesarios. "Aun así, continuó diciendo, existen otros condicionantes sobrevenidos que generan perjuicios indeseados a quienes los sufren y que también hemos puesto sobre la mesa en la reunión de hoy, para encontrar soluciones entre todos".

En este punto, el director general explicó que durante el mes de septiembre se siguen produciendo cambios en la distribución del alumnado en los centros, por traslados u otras incidencias, así como de profesores que ejercen su derecho de elegir otras plazas o que causan baja por razones de salud.

Para solventar estas incidencias en la comunidad docente, el sistema actual prevé que cada especialidad cuente con una lista de empleo, de la que se va llamando por riguroso orden a los profesores inscritos. El problema surge cuando los primeros en la lista renuncian al nombramiento, obligando a realizar designaciones sucesivas, hasta que uno de los profesionales acepta la plaza.

"Este hecho se produce"-razonó el director general- "porque en ocasiones los docentes inscritos ya han encontrado otro empleo, han cambiado sus circunstancias personales o consideran que no les interesa el traslado hasta el lugar donde se oferta la plaza". Por estos motivos, "hay casos que se prolongan más de lo deseable, como uno que ha ocurrido este año en la especialidad de Educación Física, en el que hasta cinco docentes han renunciado al nombramiento, y en el mismo centro faltan dos profesionales de la especialidad de Imagen y Sonido, que es de difícil cobertura, u otro en el que la profesora sustituta que cubría una baja causó baja a su vez al poco tiempo de ser nombrada".

Estas excepciones a la norma provocan a su vez que las listas de reserva de algunas especialidades se agoten en un tiempo mucho más corto del previsto, lo que obliga a convocar nuevos procedimientos de ampliación de listas que, ante la necesidad de cumplir con todas las garantías legales, se dilatan en ocasiones más de lo deseado.

En tanto no se produzca esa ampliación de listas, el procedimiento establecido dispone que las plazas vacantes de las especialidades donde se hayan agotado las listas o en los puestos de difícil cobertura se publiquen en la web de la Consejería, para que puedan optar a ellas los docentes inscritos en otras listas, pero que cuenten con la habilitación necesaria para impartir clases en la plaza por cubrir.

Sólo cuando esta última fórmula también resulta infructuosa, se recurre a la contratación directa de docentes que no están inscritos en las listas, sobre todo en aquellas especialidades que requieren de profesores con una cualificación singular, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, "porque no debemos olvidar que lo que debe prevalecer es el derecho del alumno a recibir la educación", puntualizó el director general.

Una vez analizado el sistema actual, David Pérez-Dionis señaló que la voluntad de la Consejería es encontrar los procedimientos más adecuados para agilizar los nombramientos, respetando el derecho de los docentes a solicitar traslados, obtener bajas laborales o, incluso, renunciar a un nombramiento y, al mismo tiempo, preservar el derecho fundamental a la Educación de los estudiantes, "que es el fin común para el que trabajamos todos".

Por esta razón "hemos querido afrontar desde el primer momento de la Legislatura las discordancias que presenta el actual sistema de nombramientos de docentes y hacerlo junto con los representantes sindicales, para aportar entre todos las mejores soluciones a un problema muy complejo de resolver", concluyó el director general.