El grupo de gobierno aprueba en el pleno municipal una proposición para rechazar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El texto aprobado por el pleno, insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente la ley
El grupo de gobierno municipal ha acordado hoy en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria, con los votos en contra del Partido Popular, una propuesta de rechazo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que fue aprobada el pasado 11 de de diciembre por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
La proposición aprobada por parte de todos los concejales que forman el tripartito, junto a los votos de los partidos de la oposición Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria, señala que "esta ley conocida como 'Ley Mordaza', que ha sido redactada en paralelo a la reforma del Código Penal, tiene un marcado carácter restrictivo en derechos".
El portavoz de Las Palmas de Gran Canaria Puede en el Pleno, Sergio Millares, que intervino en nombre del gobierno, aseguró que "la norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado, sanciona el uso de capuchas en manifestaciones o la difusión de imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes, considera una amenaza a la seguridad ciudadana la negación a mostrar el DNI, etc. Una ley, en suma, que vuelve a a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad".
El edil, afirmó también que "no existe una demanda social para una norma que es totalmente innecesaria. Es evidente, que el actual Gobierno de España tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a quienes protestan en ciudadanos bajo sospecha. Es una ley desmesurada y desproporcionada, que busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía".
El pleno del Ayuntamiento ha acordado aprobar finalmente una petición que insta al Gobierno de España a retirar de forma inmediata la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana y solicita dar traslado del presente acuerdo al Estado y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
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