CC cuestiona la declaración de compatibilidad de dos concejales de Juntos por Guía

En la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de julio, Fernando Bañolas, en representación de Coalición Canaria cuestionó la declaración de compatibilidad de los concejales del Grupo de Gobierno y miembros de la Agrupación de Electores Juntos por Guía, al considerar que la propuesta de acuerdo presentada al Pleno no cumplía con las condiciones impuestas por la legislación vigente para este tipo de reconocimiento de compatibilidad de arquitectos, ingenieros y otros profesionales, al liberarlos de la obligación de obtener una declaración de compatibilidad específica para cada proyecto en el que participen.

En este sentido se argumentó que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, aplicable también a las corporaciones locales, el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio con carácter general de actividades privadas de índole profesional correspondientes a Arquitectos, Ingenieros u otros titulados, deberá completarse con otro específico para cada proyecto o trabajo técnico que requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial.

Y es que ese requerimiento de compatibilidad específica para cada proyecto o trabajo técnico que requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial, tiene por finalidad que el Ayuntamiento pueda fiscalizar la actividad privada que desempeñan un grupo específico de empleados y cargos públicos, en este caso dos concejales del grupo de gobierno, en especial el concejal de urbanismo, que pretende compatibilizar su cargo público con el ejercicio de su profesión de ingeniero.

Según Fernando Bañolas, a nadie se le escapa la participación y el conocimiento que un concejal tiene en su actividad diaria en toda clase de expedientes administrativos, licencias de obra, adjudicación de contratos, mesas de contratación, compras, etc., y el interés que supone el que la administración pueda conocer con quien se relaciona en su actividad privada, para de este modo evitar situaciones comprometidas, que puedan desembocar en falta de independencia y objetividad, lucro indebido, abuso de posición, colisión de derechos públicos y privados, etc.