Quienes se han incorporado recientemente a la actividad política, junto a otras organizaciones habituales, han renegado de las formas practicadas hasta ahora. Consideraron, antes de los últimos comicios, la necesidad de comenzar a poner en práctica nuevas maneras en el ámbito de la política. Iniciaron la acción los denominados emergentes, a quienes se unieron parte del resto, quizá por no poder hacer otra cosa. Se pusieron en evidencia muchas de las prácticas llevadas a cabo hasta ahora, algunas de las cuales resultaban escandalosas. En la actual situación de austeridad, no pueden considerarse políticamente correctos determinados comportamientos y usos de dineros públicos.

Existe una nebulosa – ya escuchamos a un distinguido diputado popular – entre lo ético y lo legal. Esto último, no nos engañemos, es aquello contemplado por la ley, sin más ambages. En resumidas cuentas, pesa más la ley que la Ética. Por algo será, pues en ocasiones determinados supuestos contemplados por la ley, resultan un tanto paradójicos. Sobre todo, por su distanciamiento con lo legítimo, más cercano a lo ético. Sí, me estoy refiriendo a las cantidades ingresadas por determinadas asesorías, limitadas al ámbito de la oralidad.

En otros casos, se trata de las cantidades cobradas como emolumentos del cargo desempeñado, con cifras disparatadas. No puedo olvidar la cantidad de quienes, por ostentar un escaño en las Cortes, se les ingresa en concepto de gastos por residencia una cifra en torno al triple del SMI; no solo queda ahí, en ocasiones, a pesar de poseer un domicilio en Madrid, cobran sin sonrojo alguno por dicho concepto. Parece, pese a posibles disquisiciones éticas, se mantiene en la más estricta legalidad (vamos, viene contemplado en la ley, como otras tantas situaciones, que también figuran).

Durante el escaso periodo de tiempo transcurrido, desde las elecciones, y posteriores tomas de posesión, hasta el día en que esto escribo, hemos ido conociendo algunos gestos. En un sentido y en otro, se da un cambio con respecto a situaciones anteriores. Me refiero a los modos de afrontar lo público y, por tanto, garantizar un gasto adecuado de lo proveniente de sus arcas. Así, hemos descubierto cómo en algunas instituciones se toman decisiones en el sentido de reducir la cantidad cobrada, todo un hecho a subrayar cuando comprobamos las penurias tan abundantes que nos circundan.

En todo este tipo de situaciones, como en la vida misma, se pueden dar otras no tan loables. Al menos en apariencias, resultan un tanto difíciles de explicar. Me refiero a la decisión adoptada en las Cortes valencianas, donde se iban a adquirir terminales de telefonía móvil de última generación. Y digo iban, pues finalmente se suspendió su adquisición. Eso sí, por la polémica suscitada, porque poco faltó para que la medida inicial saltase a los medios: la unanimidad adoptada por la cámara en algo superfluo.

Esperemos no vuelva a suceder, que podamos evidenciar un cambio cierto. No cómo aconteció con los móviles, sino de manera espontánea. Alejándose, de una vez por todas, del boato sustentado en los escasos dineros públicos pues, mientras en otro tipo de inversiones se alega falta de financiación, nada se intenta ahorrar en determinadas actuaciones. Pues a las penurias sufridas en otros servicios: educación, sanidad, etc., se enfrentan – clara afrenta a la inteligencia – ese tipo de actuaciones, como si la austeridad no fuese con determinados estratos sociales. Que el cambio, definitivamente, sea una realidad.