El Consejo de Gobierno acordó esta semana, solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que regulará el procedimiento para retener el 2% de los pagos pendientes a las entidades del sector público de la comunidad autónoma que incumplan con el deber de facilitar a la Audiencia de Cuentas la información necesaria para la fiscalización de su gestión.
La retención, que finalizará después de acreditar que estas entidades han colaborado finalmente con el órgano fiscalizador, se aplicará a los organismos autónomos y empresas públicas adscritas o participadas por el Gobierno de Canarias; a los ayuntamientos, cabildos y mancomunidades; a las universidades públicas; y a cualquier otro ente que reciba fondos de los presupuestos de la administración autonómica.
El procedimiento se iniciará a petición de la Audiencia de Cuentas que dará un plazo de 15 días a la entidad incumplidora para atender sus requerimientos en relación a la correcta remisión de información y documentación. Transcurrido ese periodo sin ser atendidos, instará a la Tesorería de la comunidad autónoma la retención del 2% de los pagos que puedan corresponderle.
El procedimiento se iniciará a petición de la Audiencia de Cuentas que dará un plazo de 15 días a la entidad incumplidora para atender sus requerimientos en relación a la correcta remisión de información y documentación. Transcurrido ese periodo sin ser atendidos, instará a la Tesorería de la comunidad autónoma la retención del 2% de los pagos que puedan corresponderle.
La resolución la ejecutará la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que contará con tres días para hacer efectiva esa retención sobre los pagos en firme, los que estén en fase de ordenación o sobre los futuros abonos que se prevé realizar a la entidad incumplidora.
La retención se cancelará cuando la Audiencia de Cuentas comunique que el ente ha aportado la información requerida y haya cumplido con su obligación legal. Tras esa constatación, se procederá a liberar la totalidad de los pagos pendientes.
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