La Consejería y la Fundación Umiaya dotarán de desfibriladores a 19 centros educativos de Gran Canaria

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, y el presidente de la Fundación Canaria Umiaya para la Atención de la Muerte Súbita, Carmelo Pérez Rodríguez, han firmado un convenio de colaboración que permitirá la instalación de desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) en colegios e institutos de la isla de Gran Canaria que tengan alumnado afectado de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica.

Serán un total de 19 los desfibriladores que se instalarán para cardioproteger al alumnado de enseñanza no universitaria de la reseñada isla, donde se concentra la incidencia mayor de esta enfermedad.

La Consejería de Educación se encargará de acreditar y formar en el uso del DESA a dos profesores por centro, pagar su seguro y abonar el servicio de mantenimiento del desfibrilador para garantizar su correcto funcionamiento.

Una vez que el DESA no sea necesario en el centro por la baja del alumnado con cardiopatía, se devolverá el aparato a la Fundación Canaria Umiaya, pues éstos se entregan a los centros en calidad de préstamo.

Por su parte, la Fundación Canaria Umiaya se compromete a aportar informe médico que acredite la necesidad de utilizar el DESA con el alumnado escolarizado en cada uno de los centros educativos; así como colaborar con el Consejo Escolar para desarrollar el protocolo de intervención y uso del DESA.

El Reglamento Orgánico de los centros docentes no universitarios de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento establece en su artículo 64 (Asistencia sanitaria al alumnado), que "en caso de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que conlleve la administración de una medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca".

Para ello será necesario que se cumplan una serie de requisitos como el de la prescripción médica, la existencia de un protocolo específico de actuación firmado por los familiares del alumno o la alumna y aprobado por el Consejo Escolar y, por último, "predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el protocolo y las indicaciones de los servicios del 112".