Mano de obra a 300 euros mensuales

Cuando el papa Francisco denunció hace días la explotación laboral que el Capitalismo lleva a cabo, estoy seguro de que nada sabía sobre la nueva vivienda del señor Rouco Varela, expresidente de la Conferencia Episcopal Española. Se trata de aquel altísimo cargo de la Iglesia que se refirió en su momento a los jóvenes del 15 M: "Son personas que no conocen a Dios... Se encuentran con las vidas rotas, y si las soluciones temporales y materialistas no funcionan, como no están funcionando, el fracaso está servido, y la rebelión también".

Y no es que me afecte personalmente que haya sustituido el palacio arzobispal por su actual residencia en la calle Bailén de Madrid (tal leo en la página digital de la Archidiócesis), a lo que tiene derecho, supongo. Pero sí me llama la atención que la diócesis haya invertido más de medio millón de euros en los arreglos de su novísima morada de lujo en la octava planta de casi 400 metros cuadrados (seis habitaciones, cuatro cuartos de baño) y cuya terraza –según la SER- "ofrece vistas inmejorables de la capital". Porque mientras se realizaban las reformas materiales (no ideológicas), el sucesor vivía en una residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y los jóvenes siguen sin soluciones.

El papa criticó en audiencia pública la explotación a que son sometidos los asalariados. Censuró ante varias cooperativas italianas la inmoralidad laboral que sufren los trabajadores, no ya solo con el exceso diario de horas de trabajo –once, dijo- sino, además, con la misérrima paga de seiscientos euros mensuales, a veces dinero negro procedente de ilícitas actividades y desconbocido por Hacienda. En su reproche a las políticas económicas y financieras que "cierto liberalismo" –dice- ha impuesto tras mostrar su verdadero rostro de explotaciones, inhumanidades e insensibilidades ante dramas personales y sociales, el papa concluye: solo le preocupa al neoliberalismo la producción de, y sonaron las campanitas riqueza, absolutamente al margen del respeto a la dignidad humana.

Y si al papa no le han comunicado el caso del señor Rouco, tampoco sabe que también en España hubo hasta hace diecinueve días otros seres humanos –gente que cumple condena en las cárceles- a quienes se les ofrecía la oportunidad de trabajar a cambio de una paga gracias a lo que se dio en llamar "reinserción laboral". Es decir, presos españoles que en horarios diarios de lunes a sábado trabajaban cuatro horas y media para empresas privadas, algunas de ellas multinacionales. Una, por ejemplo, tuvo a 14 internos contratados, cuya función era montar complementos (alfombrillas...). Pero no fue la única: en una sucursal alemana, 50 presos ensamblaban aparatos de aire acondicionado para trenes. Y parece que no lo hacían mal, pues las empresas privadas ni se quejaban ni, por supuesto, los rechazaron; muy al contrario, la demanda de tal mano de obra cubrió la oferta, por lo cual todo preso con ganas de trabajar pudo darse de alta en aquellas actividades, y sonaron campanitas de Belén.

Extraordinaria reinserción, sin duda. Gran éxito de las políticas sociales que se llevan a cabo desde Instituciones Penitenciarias: mientras los encarcelados cumplen sus penas, obtienen beneficios económicos para cubrir gastos generales en prisión. Y además no están inactivos, pues ya se sabe que el forzado reposo y la tal inacción invitan a comportamientos muchas veces hostiles, cuando no peligrosos a causa de reyertas, peleas e, incluso, algún que otro pinchazo. Y así, con las mañanas ocupadas toda la semana, el tiempo de la condena pasa con más rapidez, se acelera, y cuando menos se lo esperan ¡pumba!, ya es domingo otra vez, ¡cómo vuelan los meses!

Cálculos certeros estiman que en España hubo 3 500 privilegiados que participaron de tales actividades, 3 500 presos que no están todo el día mano sobre mano. Eso es conciencia social por parte de los ministerios de Justicia e Interior, sensibilidad, honda preocupación hacia aquellas personas privadas de libertad.

Pero ocurre que tras las investigaciones y denuncias de Izquierda Plural se descubren ciertas características que llaman la atención o, al menos, disminuyen el encanto emocional ante la actividad de un organismo oficial, Instituciones Penitenciarias, en apariencia tan comprometido con la búsqueda de actividades laborales extracarcelarias para sus reclusos como actuación de exquisito compromiso social. Y así se supo, por ejemplo, que los confinados cobraban entre 300 y 350 euros mensuales. Su hora de trabajo se paga a tres.

En segundo lugar, las empresas contratantes se ahorraron gran parte de las cuotas de la Seguridad Social: las cubrió la Administración. Por otra parte, se dan casos curiosos: empresas que habían despedido personal recurrieron a esta especial bolsa de trabajadores; así, una de ellas ejecutó un ERE en 2013 con impacto sobre 27 trabajadores. En 2011 había despedido a 50. A su favor alegó que con tales compensaciones económicas eliminaba la posibilidad -ya estudiada- de nuevos despidos.

Un tercer aspecto positivo para el contratante era que, al tratarse de un preso, cualquier día cumpliría la condena. Por tanto, dejaría de trabajar en la empresa pero –eso sí- sin indemnización alguna, pues dejaba voluntariamente de estar vinculado a la misma. Y cuando alguno se retirara –la fecha de su libertad se sabe con antelación- otro recluso ocuparía su puesto. (La proposición de ley que Izquierda Plural llevó el mes pasado a la Comisión de Interior para que se eliminara esta práctica fue aprobada con el voto en contra de CiU: Cataluña tiene competencias plenas en el tema.)

En conclusión, venía a ser algo así como la explotación a que son sometidos vietnamitas, birmanos, hindúes, chinos... que trabajan en condiciones de miseria y esclavitud para que los occidentales nos perplejemos por cómo han bajado los precios de muchos artículos (ropa, aparatos, cholas, zapatillas y utensilios varios), absolutamente imprescindibles para todo blanco que se precie de estar al día y a la moda. Pero ahora, en versión española.