Servicios públicos y calidad del empleo

Durante el presente mandato del Gobierno regional de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario hemos asistido a un franco deterioro de los servicios públicos, como lo demuestran los indicadores en las áreas de educación, sanidad, dependencia, etc. Es difícil que un gobierno que suspenda una asignatura tan importante como esta pueda merecer una calificación global que no sea la de suspenso.

Deficiente ha sido, efectivamente, la gestión del Gobierno regional respecto de unos servicios públicos que el propio Paulino Rivero señaló, en su discurso de investidura de hace cuatro años, como la garantía de "la cohesión territorial y social, aportando más a los que menos tienen o los que más lo necesitan". En eso, efectivamente, consiste la naturaleza de los servicios públicos: en procurar el bienestar de los más desfavorecidos, y en no privar a nadie de una cobertura asistencial básica para desarrollar una vida digna.

En estos cuatro años de mandato hemos visto que, tras el mantra de ofrecer unos servicios públicos "más eficientes", se ha ocultado la externalizando de servicio tras servicio que, hasta ese momento, se realizaban por medio de empleados públicos. La pretendida eficiencia no solo no se ha alcanzado, sino que, hablemos claramente, dichas privatizaciones encubiertas han deteriorado gravemente los servicios públicos que reciben los canarios.

Me gustaría recordarle una obviedad al Gobierno canario: mejorar la eficiencia de un servicio consiste en ofrecer ese mismo servicio haciendo un mejor uso de los recursos que conllevan su prestación. Comisiones Obreras nunca se ha opuesto a esto. Por el contrario. Pero la clave está en que el mejor uso de los recursos debe estar subordinado, como mínimo, al mantenimiento de los mismos servicios que se prestaban con anterioridad. Resultaría absurdo que un padre o madre de familia alardeara de cómo han mejorado sus cuentas desde que deja a los niños sin comer. Pues resulta que al Gobierno de Rivero no le produce sonrojo ponerse la medalla de haber dejado a los canarios con unos peores servicios que los que encontró a su llegada.

La culpa no es solo de Madrid. Ha sido el Gobierno de Rivero el que ha favorecido la externalización de importantes áreas de los servicios públicos, siguiendo la senda de los gobiernos anteriores. La última muestra es la situación de los trabajadores del Hospital de Gran Canaria, Doctor Negrín, donde 50 empleados son despedidos porque el servicio que prestaban va a ser asumido por otra empresa. De estos trabajadores depende el buen funcionamiento en los quirófanos, áreas de consultas externas, servicio de radiología, unidad de cuidados intensivos, etc. Estos despidos suponen un obvio deterioro del funcionamiento del centro hospitalario, pues se trata de un personal con 15 años de experiencia que va a ser sustituidos por un menor número de trabajadores, sin experiencia y con una condiciones laborales muchísimo peores. Esto no es mejorar la "eficiencia" de un servicio. El mérito hubiese consistido en economizar los recursos sin tirar por el sumidero la experiencia acumulada por estos 50 trabajadores durante 15 años. Lo que ha hecho Rivero y su gobierno es ahorrar dinero (si acaso) dejando sin comer a los hijos.

El Gobierno canario es el responsable del deterioro de las condiciones laborales de los empleados de las empresas privadas que trabajan para el gobierno. El Gobierno no puede, ni debe, desentenderse de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos aunque estos estén externalizados y se realicen por empresas privadas. Porque del buen hacer de los trabajadores, de su experiencia en el puesto, de sus condiciones laborales, depende cómo reciben los servicios públicos los ciudadanos, particularmente esos tan "necesitados" que preocupaban a Rivero en su discurso de investidura.

Ahora que concluye su mandato y que su partido ha optado por no renovarle la confianza, Paulino Rivero está planteándose volver a su puesto de profesor de primaria. Sería una decisión que le honraría frente a los que prefieren usar la puerta giratoria y buscar refugio en el consejo de administración de una gran empresa. Si finalmente toma esa decisión, Rivero podrá comprobar, de primera mano, cuánto se han deteriorado los servicios en los últimos años. Sus nuevos compañeros (maestros, personal de mantenimiento, administrativos) le podrán documentar sobre cuánto se ha perdido bajo su mandato. Tal vez en ese momento, Rivero tome por fin conciencia de lo que significa que los servicios públicos garantizan "la cohesión territorial y social, aportando más a los que menos tienen o los que más lo necesitan". Sería una lástima, sin embargo, que tomara esa conciencia cuando ya no esté en su mano la capacidad de decisión para corregir el rumbo.

Coordinador provisional de Comisiones Obreras Canarias