Podemos Gran Canaria se refuerza internamente

Tras la primera reunión del Consejo Ciudadano de Podemos Gran Canaria, el equipo surgido de las primeras ha decidido asumir su responsabilidad y centrar sus fuerzas en la construcción de un proyecto unitario y válido para recuperar el Cabildo para las y los grancanarios.

El organismo insular de Podemos ha ofrecido hoy una rueda de prensa para presentar su proyecto de cara al proceso electoral del próximo 24 de mayo y cuyo proceso de primarias internas el 1 de marzo, junto a los Consejos Ciudadanos autonómicos.

Podemos Gran Canaria se estrena con una estructura de consenso en la que todos sus miembros empujan juntos a través de las recién creadas áreas de trabajo: infraestructura, jurídica, programa, comunicación y extensión y confluencia.

En esa intención de sumar y construir una unidad popular y ciudadana que represente las necesidades de la mayoría social, Juan Manuel Brito, miembro del área de confluencia, ha recordado que "estamos ante un momento histórico en el que Podemos va a jugar un papel fundamental, también en el Cabildo grancanario. Por ello configuraremos una lista electoral que recoja toda la inteligencia colectiva que tiene esta isla, desde los movimientos sociales y desde los entornos académicos y políticos, formando un equipo que genere el necesario cambio político para Gran Canaria".

En lo referente al programa electoral, que está en proceso de gestación, se ha adelantado que versará sobre cinco ideas fuerzas: la defensa del empleo, la defensa de lo público, la defensa y la ampliación de los derechos sociales, la soberanía alimentaria y la soberanía energética.

Asimismo se han establecido tres ejes transversales de desarrollo: políticas de igualdad, políticas de accesibilidad y medio ambiente.

Alejandro Pérez, secretario general de Podemos Gran Canaria, ha afirmado que "tenemos claras qué dos medidas implementaremos con urgencia en cuando ganemos las elecciones al Cabildo de Gran Canaria: la primera es un plan de rescate ciudadano para las familias en situación de exclusión social a las que las instituciones públicas tienen que ofrecerles vivienda, agua y luz; y la segunda es una auditoría de la deuda que dé a conocer a la gente cuánto se debe, a quién y en qué condiciones, para exigir responsabilidades en el caso de que haya habido actuaciones fraudulentas y enfrentar el mandato con todas las cartas sobre la mesa".