El grupo de Gobierno en Gáldar llamado a declarar como imputados por la denuncia de las viviendas de Sardina

El Juez que tramita la denuncia interpuesta por Coalición Canaria en Gáldar sobre el cambio de uso de la promoción de viviendas en Sardina, ha convocado a declarar como imputados al grupo de Gobierno municipal BNR/ NC- PSOE.

La declaración de los ediles del grupo de Gobierno está prevista para el próximo 23 de febrero, y según ha declarado el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, a este medio, se asume con total tranquilidad.

Teodoro Sosa señala que van tranquilos ya que los avalan los informes de la secretaria municipal, y además ni la Delegación del Gobierno ni la Dirección General de Función Pública del Gobierno canario, han impugnado el acuerdo plenario en el que se aprobó el cambio de uso de la citada promoción de viviendas.

Teodoro Sosa considera que Coalición Canaria tenía la vía del contencioso administrativo para impugnar el acuerdo plenario, por lo que está convencido que con esta denuncia penal solo se persigue un daño político hacia el grupo de Gobierno en el Consistorio galdense.

En el Decreto de admisión a trámite de dicha denuncia se establecía que, "tras la documentación recibida y las diligencias de investigación realizadas, se deduce la posible existencia de hechos que bien pudieran incluirse en los tipos delictivos, y en concreto de, al menos, prevaricación administrativa".

También aclara que en la convocatoria de la declaración, no se les acusa de ningún presunto delito en concreto, ya que será después de esta declaración cuando el Juez decida si hay indicios de delito o no los hay.

Como se recordará, Coalición Canaria interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial, y tras ratificar la misma la portavoz nacionalista, Sinesia Medina, el Juzgado de Santa María de Guía abrió las correspondientes diligencias.

En el Decreto de admisión a trámite de dicha denuncia se establecía que, "tras la documentación recibida y las diligencias de investigación realizadas, se deduce la posible existencia de hechos que bien pudieran incluirse en los tipos delictivos, y en concreto de, al menos, prevaricación administrativa".

Los motivos que llevaron al Grupo nacionalista a presentar la correspondiente denuncia se fundamentan en la pretensión del Gobierno municipal (NC-PSOE) de poner a la venta en renta libre unas viviendas que se construyeron en el régimen de protección oficial y para el que el propio ayuntamiento aportó el suelo, que formaba parte, por tanto, del patrimonio municipal. CC de Gáldar entendió desde un principio que de llevarse a cabo la venta de las viviendas tal y como se pretende no solo no cumplirían con la función social que se pretendía sino que se estaría regalando, finalmente, el suelo de todos los galdenses, por lo que decidió llevar a la Justicia el caso con el fin de que se investigaran los hechos anteriormente expuestos.

Así, en el pleno ordinario de diciembre de 2013, el grupo de Gobierno en el ayuntamiento de Gáldar, aprobó cambiar el fin de las viviendas, con lo que se reconvertían estas viviendas de protección oficial en viviendas de renta libre, vendiéndolas al mismo precio que como VPO, al menos durante un tiempo prudencial.

En ese pleno, la portavoz nacionalista denunció que existían algunas irregularidades como era que en la propuesta de cambio, se decía que la misma la hacía el gerente de la empresa, pero aparecía firmada por la Presidenta, sin que constara el acuerdo del Consejo de Administración ni de la Junta General de Accionistas.

Además cuestionó el informe de secretaría, ya que en el mismo se habla del carácter de VPO de la promoción, pero a su entender no quedaba claro que se avalara el cambio a renta libre. La portavoz nacionalista también criticó la ausencia de un informe de intervención, ya que en su opinión era necesario al ser un suelo público y aseguró que no se reunía el requisito de excepcionalidad para que se autorice el cambio.

Sinesia Medina solicitó que la propuesta se quedara sobre la mesa, y advirtió que su grupo político no descartaba llegar a la Fiscalía en caso de que el grupo de Gobierno siguiera adelante.

Finalmente, la denuncia se interpuso, y la misma se admitió a trámite, estando actualmente en la fase de toma de declaración a los denunciados.