El Gobierno recurrirá al Supremo para lograr el pago íntegro del Convenio de Carreteras

El Gobierno de Canarias está preparando ya la documentación necesaria para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, después de recibir el fallo de la Audiencia Nacional relativo al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión del Estado de recortar de forma unilateral el compromiso de pago establecido por el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, para el año 2012. En ese ejercicio, el Convenio establecía el abono de 207 millones de euros para la construcción de carreteras en las Islas.

A pesar de lo establecido, los Presupuestos Generales del Estado consignaron tan solo 68,54 millones de euros para este fin, lo que el Gobierno de Canarias entendió como un recorte desmesurado y en nada proporcionado al que se estableció para el conjunto de las Comunidades Autónomas, máxime cuando este bloqueo financiero se ha ido consolidando en los sucesivos presupuestos estatales, hasta el punto de que en esta legislatura, el recorte será de 628 millones de euros o, lo que es lo mismo, del 73% de todo el presupuesto previsto para las obras.

La Audiencia Nacional entiende en su sentencia que un Convenio no puede prevalecer frente a una Ley posterior, en este caso la de Presupuestos Generales del Estado y, entre otras consideraciones, es el argumento del rango jerárquico el que emplea para desestimar el recurso de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias entiende que todo convenio es de obligado cumplimiento y el Gobierno del Estado debió incorporarlo a su Ley de Presupuestos, teniendo en cuenta además, que el Convenio es consecuencia del desarrollo de otra Ley, la del Régimen Económico y Fiscal canario, por lo que cabe un recurso de casación que insista en reclamar el pago de lo que corresponde a Canarias.

Por otro lado, al margen de que la decisión estatal estime ajustada a derecho o no la decisión estatal de prolongar la duración del convenio, con anualidades sustancialmente menores a las firmadas, el Gobierno de Canarias está estudiando la posibilidad de exigir responsabilidades patrimoniales por actos del legislador, toda vez que sus decisiones están produciendo un quebranto económico a la Comunidad Autónoma de Canarias, por las obligaciones contraídas con los contratistas en la confianza legítima del cumplimiento del Convenio, y generan además un sobrecoste sustancial en las obras de carreteras de Canarias, por las revisiones de precios que se deben en exclusiva a la toma de decisiones del Estado.