La pesca necesita promesas que puedan cumplirse después de las elecciones
La pesca y la economía azul han entrado en la campaña electoral con propuestas sobre financiación europea, transición justa, acuicultura, protección marina y reparto de cuotas. Las cofradías llevan años reclamando rentabilidad, relevo generacional y una gestión que tenga en cuenta la realidad de la flota artesanal canaria.
Proteger el mar y garantizar la actividad pesquera no son objetivos opuestos. La conservación fracasa si expulsa a quienes conocen el territorio y la rentabilidad dura poco si agota el recurso. El problema aparece cuando las normas se diseñan lejos de los puertos y aplican la misma medida a flotas con capacidades muy diferentes.
Desde el Norte de Gran Canaria, esta noticia se entiende desde la proximidad. Cada anuncio termina llegando a una familia, una carretera o un servicio concreto. Por eso la política debe explicar no solo cuánto invierte, sino cuándo se verá el resultado y cómo podrán los vecinos comprobarlo.
Para comprender la pesca artesanal canaria conviene separar el anuncio de su ejecución. El titular abre una expectativa, pero la realidad se decide después: en los expedientes, en la coordinación entre cofradías, administraciones y mercados y en la capacidad de resolver los obstáculos que aparecen. La ciudadanía tiene derecho a conocer ese recorrido, no solo la fotografía del primer día.
Cada barco sostiene familias, comercios, talleres y una cultura vinculada al litoral. Cuando un joven decide no continuar, no desaparece únicamente un empleo: se pierde conocimiento acumulado sobre mareas, especies y formas de trabajo. El relevo no se conseguirá pidiendo vocación mientras los ingresos sigan siendo imprevisibles.
La rendición de cuentas debería concentrarse en las cuotas, los costes y la comercialización. Publicar esa información con regularidad permitiría detectar retrasos y corregir errores antes de que se conviertan en costumbre. También evitaría que cada cambio de gobierno sirviera para empezar de cero, abandonar lo anterior o atribuir todos los problemas a quienes estuvieron antes.
La experiencia demuestra que los problemas públicos rara vez nacen de una sola causa. Se acumulan decisiones aplazadas, competencias repartidas y recursos que llegan tarde. Por eso conviene desconfiar tanto de las soluciones milagrosas como de la resignación que presenta cada dificultad como inevitable.
Las promesas deben traducirse en cuotas transparentes, apoyo a la comercialización local, formación, seguridad, control de importaciones y participación real de las cofradías. La economía azul será justa si el valor permanece en las comunidades costeras y si la protección del océano se construye con quienes viven de él.
En los municipios del Norte, las políticas generales deben adaptarse a poblaciones dispersas y a servicios que exigen más desplazamientos. Una decisión aparentemente técnica puede tener un efecto muy distinto en un núcleo costero, una medianía o un barrio alejado. Esa diversidad obliga a escuchar antes de diseñar y a corregir después de aplicar.
No puede olvidarse la continuidad de las comunidades costeras. Las decisiones públicas producen efectos emocionales y materiales que no caben en una estadística: incertidumbre, cansancio, oportunidades aplazadas y pérdida de confianza. Escuchar esas consecuencias no debilita el rigor técnico; lo completa y recuerda para quién se supone que trabaja la administración.
La comarca no pide un trato excepcional, sino planificación que contemple distancia, dispersión y desigualdad territorial. Escuchar a los ayuntamientos y colectivos locales evita que una buena medida fracase al encontrarse con una realidad que el despacho no conocía.
La información local cumple aquí una función que no puede sustituirse con una nota institucional. Permite comparar el anuncio con la obra, el presupuesto con el resultado y la promesa con la experiencia vecinal. Sin esa vigilancia cercana, los retrasos terminan normalizándose y las responsabilidades se diluyen entre administraciones.
También es necesario mejorar la conversación pública. Las redes premian la indignación inmediata, pero gobernar exige matices, datos y continuidad. Una sociedad informada puede reconocer lo que avanza sin renunciar a preguntar por aquello que permanece detenido.
La evaluación posterior resulta tan importante como la aprobación inicial. Si una medida funciona, debe consolidarse; si falla, hay que reconocerlo y modificarla. Defender una política por orgullo partidista, aun cuando los datos la contradicen, perjudica a la ciudadanía y convierte la gestión en una batalla de relatos.
Vidal Bolaños Betancort
































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