Inmigración, previsión y continuidad
Hay urgencias que no admiten dilaciones en las actuaciones a realizar ni deben estar condicionadas por el calendario electoral. El rescate de una embarcación en peligro, la atención a quienes alcanzan una costa después de arriesgar la vida y la obligación de proporcionar una acogida digna pertenecen a ese ámbito de responsabilidades públicas que no puede quedar subordinado a los cálculos de oportunidad política.
Cuando estoy escribiendo este artículo son más de 6.000 las personas llegadas al archipiélago durante los primeros días de noviembre. La cifra expresa la intensidad de una situación que exige capacidad operativa, coordinación administrativa y decisiones inmediatas. Pero también obliga a mirar más allá del recuento. Cada llegada lleva consigo necesidades concretas de rescate, identificación, asistencia y alojamiento. Convertir esos números en una controversia partidista, sin atender a las condiciones en que se recibe a las personas, supondría desplazar el debate desde las obligaciones públicas hacia la disputa por el relato.
Canarias puede responder solidariamente, pero no debe quedar obligada a responder en solitario. La disposición de las instituciones insulares, de los equipos profesionales y de la sociedad no sustituye la responsabilidad del Estado. Tampoco convierte la proximidad geográfica en un criterio suficiente para distribuir el esfuerzo de acogida.
Esta diferencia permite comprender el sentido de mi apelación a la unidad del archipiélago. Las llegadas a El Hierro -también a Lanzarote- tienen consecuencias para Gran Canaria y Tenerife y en algunos casos, para Fuerteventura, hacia donde se realizan traslados posteriores. No se trata, por tanto, de emergencias insulares incomunicadas, sino de una realidad compartida que requiere cooperación. Enfrentar a unas islas con otras supondría ignorar esa relación y debilitar la capacidad de reclamar conjuntamente los recursos necesarios.
La solidaridad entre islas constituye una respuesta imprescindible, pero tiene límites materiales. No basta con invocarla si faltan efectivos, instalaciones o capacidad de atención. Una política responsable debe evitar que la buena voluntad se convierta en el recurso con el que se pretende cubrir cualquier insuficiencia. La cooperación territorial necesita medios y planificación, de lo contrario, corre el riesgo de transformarse en una exigencia permanente de sacrificio para quienes se encuentran más cerca de la emergencia. Y se debe empezar por El Hierro, que debe ser compensada -como se ha acordado- con ayudas sociales, fiscales, empresariales y de inversión pública.
Es preciso que se actúe con diligencia para evitar el bloqueo antes de que se produzca. Existen plazas disponibles en el Programa de Acogida Humanitaria fuera de Canarias, mientras los recursos del archipiélago soportan una presión creciente. Si esa capacidad está disponible, la cuestión central es asegurar que pueda utilizarse mediante una coordinación eficaz. Mantener los traslados no representa una concesión excepcional a las islas, sino una manera de distribuir la respuesta dentro del territorio estatal. La acogida pierde coherencia cuando unos dispositivos se aproximan a su límite mientras otros conservan margen de actuación.
El objetivo no debería ser desplazar personas como si fueran una carga administrativa, sino organizar itinerarios de atención compatibles con sus derechos y con la capacidad de los servicios. Precisamente por eso, los traslados requieren previsión y continuidad. Esperar a que los recursos insulares se encuentren desbordados para activar soluciones supone aceptar un modelo de gestión basado en la saturación: primero se agotan las posibilidades de respuesta y después se negocia el alivio.
La insistente reclamación de refuerzos para Salvamento Marítimo y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no debió producirse y sitúa el debate en su dimensión más concreta. No me cabe en la cabeza que las soluciones que se han aportado por parte del Gobierno central tuvieran que esperar a que el Gobierno de Canarias presionara y elaborara un documento de reivindicaciones suscrito por la mayoría del arco parlamentario. El Gobierno español tiene la obligación de atender las advertencias de asociaciones, sindicatos y personal que denuncian falta de efectivos y sobrecarga de trabajo. Es una obligación ineludible escuchar a quienes intervienen directamente, porque la capacidad real de un dispositivo no se mide únicamente por su existencia formal, sino por sus condiciones de funcionamiento.
Un servicio puede estar operativo y, al mismo tiempo, trabajar bajo una presión difícil de sostener. La profesionalidad de sus integrantes no debería utilizarse como argumento para aplazar refuerzos. Al contrario, reconocer su trabajo implica proporcionarles condiciones adecuadas para realizarlo. La entrega personal resulta valiosa, pero no puede convertirse en una solución estructural ni en la excusa para normalizar esfuerzos extraordinarios.
La incorporación, tras la cumbre del martes entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de El Hierro, de una Salvamar, de más medios para la Cruz Roja y de un nuevo CATE, es una buena noticia. Pero no puede ser el resultado de la presión ejercida desde Canarias. Y no pueden estar dirigidas a prolongar el tiempo de acogida en Canarias.
Hacerlo en medio de un repunte de calado - todo el mundo sabía que en otoño pasaría lo que está pasando- causa inquietud ante un Estado que no prevé y no se anticipa. El Gobierno de España lleva ocho años llegando tarde.
Por eso la exigencia de inmediatez en la toma de decisiones. No es igual disponer de recursos antes de un incremento de llegadas que incorporarlos cuando la presión ya ha deteriorado la respuesta. La planificación no elimina la incertidumbre, pero obliga a prepararse para escenarios previsibles. Si el otoño registra repuntes recurrentes, esa recurrencia debe formar parte de la organización de los servicios y no limitarse a aparecer en las explicaciones posteriores.
La convivencia también necesita una buena gestión y una respuesta insuficiente puede alimentar el rechazo y la xenofobia. Quiero dejar absolutamente claro que la mala gestión nunca justifica el racismo ni exime de responsabilidad a quienes lo promueven, sin embargo, las instituciones tampoco deberían desentenderse de las condiciones en que se desarrolla la convivencia. La desorganización, la incertidumbre y la percepción de abandono pueden ofrecer terreno a quienes buscan enfrentar a la población residente con las personas recién llegadas.
Combatir esos discursos requiere convicciones democráticas y una defensa inequívoca de los derechos humanos. Pero también exige actuaciones visibles, información rigurosa y servicios capaces de responder. No basta con reclamar serenidad a una sociedad si, al mismo tiempo, las administraciones no explican qué están haciendo, con qué recursos cuentan y cómo van a resolver las dificultades. La confianza pública necesita algo más que declaraciones tranquilizadoras.
En este punto conviene rechazar una falsa disyuntiva: proteger a quienes llegan no significa desatender a quienes viven aquí. La obligación institucional consiste precisamente en organizar una respuesta que garantice derechos sin alimentar competencias artificiales entre colectivos. Presentar la dignidad de unos como una amenaza para el bienestar de otros facilita la confrontación y evita discutir lo verdaderamente relevante: si las administraciones están asumiendo sus responsabilidades y distribuyendo de manera adecuada los medios disponibles.
Apelo igualmente a una responsabilidad compartida del Estado español y la UE con Canarias, capaz de conectar rescate, acogida, traslados, cooperación institucional e iniciativas diplomáticas con Marruecos, Gambia, Senegal o Mauritania para prevenir travesías peligrosas y combatir redes criminales. Sin esa continuidad, cada fase queda expuesta a decisiones parciales y a respuestas tardías. Seguimos sin una política de visados que acabe con las mafias y evite las muertes. Seguimos prefiriendo enterrar, dejar gente a la intemperie administrativa, sin derechos, que generar una política avanzada de visados que sirva, al menos, para reducir la presión en frontera y la angustia de un viaje que nadie que no lo necesitara querría hacer.
La palabra precisa y decisiva es corresponsabilidad. Significa que cada administración debe actuar dentro de sus competencias sin convertir las de las demás en una excusa para la inacción. Significa también que la solidaridad no puede depender exclusivamente del esfuerzo de los territorios receptores. Debe traducirse en recursos, procedimientos y compromisos verificables, especialmente cuando aumenta la presión sobre los dispositivos de primera respuesta.
Ese es el criterio con el que debería evaluarse la actuación pública durante estos días: no por la contundencia de los discursos, sino por la suficiencia de los medios y la calidad de la atención. La exigencia que formulo interpela al Gobierno central, pero también propone una forma de entender la política: anticiparse, coordinar y responder. Ante una emergencia humanitaria, la responsabilidad no consiste en encontrar el momento adecuado para intervenir, sino en impedir que la demora empeore aquello que todavía puede resolverse.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
































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