Nueva residencia privada en Gáldar: cuando la derecha se instala en los cuidados de nuestros mayores

Primero fue la residencia municipal Genoveva Pérez. Ahora, una nueva residencia privada de 102 plazas en Marmolejos. Y entre una decisión y otra, un alcalde que ha pasado de presumir de progresismo a compartir proyecto político con la derecha de Coalición Canaria.

 

Las casualidades existen, pero cuando empiezan a repetirse conviene preguntarse si estamos ante una coincidencia o ante una forma muy concreta de entender la política.

 

El Ayuntamiento de Gáldar acaba de anunciar, con el habitual entusiasmo institucional, la concesión de una licencia para transformar el antiguo establecimiento de Muebles Tacoronte en una nueva residencia privada de mayores, promovida por Casa Hortensia.

 

Un proyecto con 102 plazas, habitaciones adaptadas, servicios sanitarios, espacios de rehabilitación y otras instalaciones que, sobre el papel, parecen responder a una necesidad evidente: el envejecimiento de la población y la falta de recursos suficientes para atender a nuestros mayores.

 

Hasta aquí, nada que objetar. Gáldar necesita más plazas residenciales y cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la atención merece ser valorada. Pero hay una pregunta que el gobierno municipal parece empeñado en dejar fuera de sus comunicados: ¿qué modelo de atención a la dependencia estamos construyendo y quién podrá permitirse acceder a él?

 

Porque no hablamos de una iniciativa aislada. Conviene recordar que fue este mismo gobierno municipal el que decidió externalizar la gestión de la residencia pública Genoveva Pérez, una decisión que provocó protestas de sus trabajadores y el rechazo de Comisiones Obreras.

 

La organización sindical denunció la sobrecarga laboral y cuestionó que la solución a los problemas de personal pasara por entregar la gestión a una empresa privada.

 

El Ayuntamiento defendió aquella medida argumentando la necesidad de mejorar el servicio. Pero, transcurrido el tiempo, sería interesante conocer públicamente los resultados. ¿Ha mejorado la atención? ¿Se han solucionado los problemas laborales? ¿Cuánto cuesta la gestión? ¿Qué ventajas concretas ha obtenido la ciudadanía? ¿Dónde está ese balance que permita comprobar que la decisión fue acertada?

 

Y ahora llega una nueva residencia privada que vuelve a presentarse como un triunfo municipal. Una residencia cuya construcción y futura actividad pueden resultar positivas, naturalmente, pero sobre la que todavía quedan cuestiones fundamentales sin responder. ¿Cuántas plazas serán concertadas? ¿Cuánto costará una mensualidad? ¿Qué posibilidades tendrá una persona mayor con una pensión modesta de acceder a ella? ¿Qué compromisos existen para garantizar que las familias con menos recursos no queden excluidas?

No son preguntas menores. Son precisamente las preguntas que distinguen una política social de una simple operación urbanística.

 

Porque conceder una licencia de obras no equivale a garantizar un derecho. Y anunciar 102 plazas privadas no significa que 102 familias galdenses vayan a poder acceder a ellas en condiciones económicas asumibles.

 

Aquí es donde empieza a reconocerse la mano de la derecha. No porque una empresa privada sea necesariamente perjudicial, ni porque sus profesionales no puedan ofrecer una atención excelente, sino porque se va dibujando una orientación política en la que la Administración parece sentirse más cómoda facilitando soluciones privadas que fortaleciendo la gestión pública de los cuidados.

 

La derecha económica lleva décadas defendiendo que determinados servicios pueden prestarse mediante fórmulas empresariales. La izquierda, tradicionalmente, ha reivindicado una mayor responsabilidad directa de las administraciones para garantizar que los derechos sociales no dependan de la capacidad económica de cada ciudadano. Existen modelos mixtos y matices, por supuesto, pero las decisiones de un gobierno permiten conocer hacia dónde se inclina su balanza. Y la balanza de Gáldar merece ser examinada.

 

Resulta especialmente llamativo que estas decisiones se produzcan bajo la responsabilidad de un dirigente que durante años militó en un espacio político vinculado a la izquierda nacionalista canaria y que ahora aspira a representar a la provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados de la mano de Coalición Canaria, la derecha burguesa históricamente asentada en Tenerife.

 

Quizá el cambio ideológico no comenzó con el acuerdo electoral. Quizá llevaba tiempo manifestándose en determinadas decisiones municipales. Porque uno puede cambiar de partido, de aliados y hasta de discurso, pero son sus decisiones de gobierno las que terminan definiendo su verdadera orientación política.

 

Y ahí está la contradicción que merece una explicación.

¿Cómo se pasa de defender un proyecto progresista a gobernar determinados servicios públicos mediante empresas privadas y terminar compartiendo candidatura con una formación conservadora? ¿Estamos ante una evolución ideológica sincera o ante una adaptación política a las oportunidades de cada momento?

 

Mientras tanto, el alcalde se presenta desde el parque del Retiro, en Madrid, hablando de lo mucho que Canarias lo necesita. Una afirmación que, acompañada de la correspondiente puesta en escena, parece situarlo ya en una misión política de dimensiones extraordinarias.

 

Pero antes de salvar Canarias sería conveniente explicar qué proyecto social se está dejando en Gáldar.

 

Porque los mayores de nuestro municipio no necesitan mesías, discursos grandilocuentes ni vídeos cuidadosamente editados. Necesitan plazas residenciales suficientes, atención de calidad, profesionales dignamente remunerados y garantías de que nadie quedará desatendido por no disponer de recursos económicos.

 

Necesitan, sobre todo, que las administraciones no confundan la obligación de garantizar los cuidados con la satisfacción de anunciar nuevas inversiones.

La nueva residencia de Marmolejos puede ser una buena noticia para muchas familias. Ojalá lo sea. Pero su verdadero valor social no se medirá por la fotografía de la inauguración, por el número de habitaciones ni por la cantidad de titulares publicados.

 

 

Y también por la capacidad del Ayuntamiento para demostrar que la gestión privada de la residencia municipal ha sido realmente beneficiosa para los residentes, sus familias, los trabajadores y las arcas públicas.

 

 

La respuesta importa mucho más que cualquier candidatura electoral.

Porque la verdadera ideología de un gobernante no se descubre cuando levanta la voz en un mitin ni cuando proclama cuánto quiere a su tierra. Se descubre cuando decide cómo se gestionan los servicios públicos, a quién se destinan los recursos y qué lugar ocupan las personas más vulnerables en sus prioridades.

 

Y si algo empieza a quedar claro es que, en Gáldar, la derecha no necesitó esperar a que llegara Coalición Canaria para encontrar acomodo en determinadas decisiones municipales.