La casa del terror tenía nombre propio, Quórum Social 77

Hay noticias que cuesta leer y, mucho más, asimilar. Lo que está sucediendo en Canarias con Quórum Social 77 es una de ellas. Me toca de cerca porque durante varios años he trabajado con personas migrantes y he conocido desde dentro lo que supone atender a quienes llegan a nuestras costas buscando una oportunidad, muchas veces después de haber vivido situaciones que difícilmente podemos imaginar.

En 2020, sin quererlo ni pretenderlo, comencé una etapa profesional que terminaría marcando buena parte de mi vida. Mi destino fue el pabellón de El Confital, en la capital grancanaria. Aunque hasta entonces había trabajado como monitor deportivo, mi cometido allí nada tenía que ver con el deporte. Me contrataron como auxiliar educativo para trabajar junto a las personas migrantes que llegaban a Canarias desde las costas africanas, en plena pandemia de la COVID-19.

Después llegaron otros dispositivos, la coordinación del hotel Waikiki y, más tarde, la del Campamento Canarias 50, un recurso de ayuda humanitaria con capacidad para 1.500 personas. Fueron años intensos, de mucho trabajo y responsabilidad, en los que aprendí a conocer una realidad que no siempre se entiende desde fuera y en los que también comprobé lo exigente que puede llegar a ser una emergencia humanitaria.

Hoy sigo vinculado al tercer sector, trabajando con personas migrantes desde otras responsabilidades, en un entorno menos emergente y más organizado, porque quienes hemos vivido aquellas situaciones sabemos cuánto desgastan. Me quedo con las experiencias, con las personas que he conocido y, sobre todo, con tantos compañeros que han demostrado que detrás de esta labor hay profesionales con una enorme calidad humana.

Precisamente por eso, cuando escucho algunos de los audios que han trascendido sobre Quórum Social 77, me cuesta asimilar lo que estoy oyendo. Por momentos parece que estuviéramos escuchando una película de drama, de esas que uno piensa que difícilmente pueden tener algo que ver con la realidad. Pero desgraciadamente no estamos ante un guion cinematográfico, sino ante unas actuaciones que deberán esclarecerse judicialmente y que, de confirmarse, resultan difíciles de comprender.

¿Cómo puede alguien dirigirse de esa manera a un menor? ¿Cómo se puede humillar, denigrar y maltratar a una persona que está bajo tu responsabilidad y, todavía más, llegar a alardear de ello? Cuesta encontrar palabras para explicarlo, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes que necesitan protección y que deberían encontrar en esos centros un lugar seguro, no convertirse en víctimas de quienes tienen encomendada su atención.

Creo que, entre declaraciones, explicaciones y debates políticos, corremos el riesgo de perder de vista lo verdaderamente importante: los menores y el trato vejatorio que presuntamente han recibido. Ellos son los protagonistas de esta historia, aunque a veces parezcan quedar en un segundo plano. No son expedientes, cifras ni plazas que hay que cubrir, son personas con una historia detrás, con sentimientos y con derecho a recibir un trato digno.

Hay otra cuestión que tampoco consigo entender; se perfectamente que no es fácil encontrar entidades dispuestas a hacerse cargo de la gestión de estos centros, que se trata de un trabajo complejo y que Canarias necesita recursos para atender a los menores que llegan a nuestras islas. Pero ¿cómo es posible que Quórum Social 77 continúe gestionando recursos de esta naturaleza mientras se investigan hechos de semejante gravedad? Entiendo las dificultades que puede suponer encontrar alternativas, pero esa circunstancia no puede convertirse en una justificación. Cuando hablamos de menores, su protección debe estar por encima de cualquier contrato o problema de gestión. ¿Qué garantías se están ofreciendo y quién está velando por ellos?

Las administraciones también tienen mucho que explicar, cuando se destinan fondos públicos a gestionar servicios tan sensibles, no basta con adjudicar un contrato y confiar en que todo funciona correctamente. Hay que supervisar, inspeccionar y comprobar qué sucede dentro de esos centros. No estamos hablando de cualquier servicio, sino de menores que se encuentran bajo la responsabilidad de las instituciones públicas. El dinero de todos exige transparencia, pero aquí la obligación es todavía mayor porque lo que está en juego es el bienestar de personas que necesitan que alguien las proteja.

Tampoco quiero que lo sucedido sirva para meter a todos los profesionales en el mismo saco. He trabajado con personas magníficas, compañeros que han dedicado muchas horas, esfuerzo y parte de su vida personal a procurar que quienes llegaban a nuestras islas recibieran una atención digna. Sé lo que cuesta sacar adelante estos dispositivos y el desgaste que supone estar en primera línea, por eso sería injusto que las actuaciones de quienes presuntamente han cometido abusos terminaran empañando el trabajo de tantos profesionales que sí han entendido el verdadero sentido de esta labor.

No me arrepiento de haber formado parte de aquellos dispositivos, al contrario, me quedo con las experiencias y con la satisfacción de haber intentado hacer bien mi trabajo. Pero precisamente porque conozco esta realidad creo que hay cosas ante las que no podemos permanecer callados, y esta es una de ellas.

No me corresponde a mí juzgar a nadie ni determinar qué ha sucedido realmente, para eso están los tribunales. Pero sí tengo claro que, si todo lo que estamos conociendo se demuestra que es cierto, no debería quedar impune. No podemos mirar hacia otro lado ni permitir que unos hechos de esta naturaleza terminen diluyéndose entre explicaciones, contratos y responsabilidades que nadie parece querer asumir.

Los menores no son un negocio, la atención humanitaria no puede convertirse en una oportunidad para hacer caja y la protección de la infancia no puede quedar en manos de la indiferencia. Canarias tiene la obligación de mirar de frente a esta realidad, exigir explicaciones y garantizar que algo así no vuelva a suceder.

Porque, por encima de contratos, presupuestos y convenios, siempre deben estar las personas, por eso hay algo que no deberíamos olvidar nunca: con la infancia, sencillamente, no se juega y mucho menos se les aloja en una casa del terror.

Moisés Rodríguez Gutiérrez