La democracia bajo sospecha: la degradación institucional y el papel de una parte de la justicia

No salgo de mi asombro. La derecha española, carente de toda vergüenza política, ya no se conforma con el insulto fácil para esconder su falta de escrúpulos en el quehacer diario de lo que, entendemos la mayoría, debería ser la política: una tarea de servicio público. Ya no se contentan con la descalificación soez de quienes deberían propugnar propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora vemos cómo poco les importan las instituciones, que deberían ser intocables, como es el caso de la Judicatura, en la que una parte de sus miembros (pocos pero con mucho poder) campan a sus anchas invadiendo incluso el espacio de la soberanía nacional.

El verdadero riesgo para estas instituciones no surge por casualidad; viene dado por la ignorancia social explotada hasta sus últimas consecuencias por politiquillos mediocres. Personajes que han hecho de la carrera política su modus vivendi y que actúan como meros bobos útiles (M.Rajoy dixit), acatando sumisamente las directrices que otros personajes, ávidos de poder y riqueza, les mandan.

Si en cualquier país europeo occidental con una democracia consolidada se diera el caso de que un responsable político —como ocurrió en su día con el ex portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, al presumir abiertamente de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por la puerta de atrás"— protagonizase semejante escándalo, cabe preguntarse ¿qué ocurriría? En España, desgraciadamente, ya sabemos la respuesta: nada. Siguen, algunos y algunas, presuntamente, haciendo y deshaciendo tropelías que dan a entender a la ciudadanía que unas y otros están por encima del bien y del mal. Y es que la necesaria transición en la judicatura tras la muerte de Franco, nunca se produjo realmente; los mismos jueces con aquella misma orientación y formas de proceder (franquistas), siguieron impartiendo justicia y, por mor de la amnistía (dejando "todo atado y bien atado"), quedaron libres de toda culpa. La justicia española sigue siendo el gran parche negro de la Transición y de la Constitución del 78: nada cambió de verdad para que todo pudiera seguir igual. Un claro ejemplo de ello es cómo el antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) mutó en la Audiencia Nacional, un tribunal que a día de hoy continúa siendo una anomalía en el sistema judicial español sin parangón en ningún otro país de nuestro entorno europeo.

Es vergonzoso que altos funcionarios de la administración del Estado, muy bien pagados, presuntamente, (habría que investigarlo) se atrevan a saltarse la ley alegremente sin que sus actuaciones tengan consecuencia alguna. Manifestarse contra una ley que ni tan siquiera ha sido redactada, enfundados en sus togas y a sabiendas de que eso no se puede hacer con la ley en la mano, no es más que un claro ejemplo en un acto de prepotencia insulsa que una sociedad democrática avanzada no debería tolerar. Con actuaciones así, han dejado la toga —símbolo de respeto en la judicatura— al nivel de un pijama, que es la más cómoda forma de andar por casa, pero no por las salas de justicia. Hay que poner en su sitio a quienes poseen un poder inconmensurable que exige contrapesos democráticos firmes para evitar extralimitaciones que sonrojan a cualquiera con dos dedos de frente.

A la larga lista de lo que parecen actuaciones judiciales partidistas e interesadas se suma otro ejemplo que vuelve a poner los pelos de punta y evidencia un descarado doble rasero. Lo que hasta ese momento se pregonaba como una investigación irrenunciable —indagar quién sufragaba la defensa jurídica en un caso de relevancia política, caso Koldo— se desvanece y deja de importar de repente al descubrirse que los fondos pueden proceder del dinero público de la publicidad institucional controlada presuntamente por el PP y Vox a través de ciertos medios. Ante esta constatación, prefieren mirar para otro lado en lugar de investigar y depurar responsabilidades, dejando claro que cuando la presunta corrupción salpica a determinados sectores, la vara de medir de la justicia, o al menos de algunos jueces, cambia radicalmente. A eso se le llama de muchas maneras, que dejo al criterio de los lectores.

Ante este panorama, la democracia no se defiende únicamente en los despachos o en los tribunales; exige también una sociedad despierta, crítica y dispuesta a exigir una regeneración ética que frene la colonización de los espacios públicos por intereses partidistas o corporativos de quiénes se sienten intocables.

Jesús A. Quesada Medina

Licenciado en Geografía e Historia y exdocente de Secundaria