Derecho al Techo alerta por ocho desahucios en Gran Canaria

Derecho al Techo denuncia la situación de ocho familias residentes en Carrizal de Ingenio que tienen previsto enfrentarse a un procedimiento de desahucio el próximo 11 de noviembre, a las 9:30 horas, sin disponer de ninguna alternativa habitacional.
 

Las familias llevan años residiendo en este edificio en situación de precariedad habitacional. Hace aproximadamente un año recibieron la visita de empresas de desokupación, una situación que agravó su inseguridad y desprotección. Los procedimientos de desahucio han sido promovidos por XiZdecor, empresa que, según la información disponible, es gran tenedora.
 

A pesar de las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso, inicialmente no se habían solicitado los correspondientes informes sociales. Desde Derecho al Techo, que acompaña a las familias, hemos solicitado que se recaben estos informes y se incorporen al procedimiento judicial, para que su situación pueda ser conocida y tenida en cuenta antes de cualquier decisión sobre la ejecución del lanzamiento.
 

Entre las personas afectadas hay menores de edad y personas con discapacidad. Todos los niños y niñas están escolarizados y las familias se encuentran plenamente integradas en el barrio, donde han construido sus vínculos sociales, educativos y comunitarios.
 

Desde Derecho al Techo reclamamos que no se ejecute ningún lanzamiento sin que previamente se hayan recabado y valorado los informes de vulnerabilidad y se haya garantizado una alternativa habitacional digna para todas las personas afectadas.
 

No estamos hablando únicamente de un procedimiento judicial o de un inmueble. Estamos hablando de ocho familias vecinas, de niñas y niños que pueden perder su entorno escolar y social y de personas con discapacidad cuyas circunstancias requieren una respuesta adecuada y urgente.
 

La responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y atender las situaciones de emergencia habitacional corresponde a las administraciones públicas. No puede trasladarse esa responsabilidad a las propias familias ni a las organizaciones sociales que las acompañan.
 

La vivienda es un derecho, no un negocio.
 

Ninguna persona sola ante un desahucio.