La amnesia, el cinismo y la mezquindad de la política sin escrúpulos

Hay una constante en la historia política reciente de este país que define con precisión quirúrgica la catadura moral de nuestra clase política: el uso implacable del dolor ajeno como ariete mientras se esconde bajo la alfombra la propia montaña de basura. El contraste entre la laxitud con la que se juzgan los desmanes propios y la furia apocalíptica con la que se exigen dimisiones desde la trinchera contraria dibuja un retrato de profunda mezquindad.

La lista de agravios e irresponsabilidades institucionales cometidas bajo mandatos conservadores es un largo catálogo de desmemoria. En 2002, con el desastre del Prestige, ni Álvarez-Cascos ni Mariano Rajoy consideraron que una costa anegada de chapapote mereciera una dimisión. En 2003, el accidente del Yak-42 costó la vida a 62 militares con una gestión de cadáveres miserable, pero Federico Trillo jamás se fue por decencia, ni tan siquiera "con el fuerte viento de Levante". Tampoco hubo dimisiones tras las 43 muertes en el Metro de Valencia en 2006, ni tras los 80 fallecidos en Angrois en 2013, ni cuando las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en la zona cero de la desatención en 2020. A ello se suma el cínico manejo del 11-M en 2004, priorizando una mentira interesada sobre la autoría antes que el dolor de las víctimas con una repugnante frase referida a que de todas formas tendrian que morir.

Y el cúmulo de despropósitos se agrava dramáticamente con la catástrofe de la DANA de Valencia en 2024, donde 230 personas perdieron la vida por una negligencia institucional criminal mientras el president Carlos Mazón alargaba una comida en el restaurante El Ventorro. Un año entero tardó en asumir una mínima y tardía asunción de culpas, reteniendo además su escaño y aforamiento como refugio político. A esto se le suman líderes que aspiran a gobernar el país, como Alberto Núñez Feijóo, un "toosabe" que durante años aseguró "desconocer", a pesar de su sabiduría en todo lo demás, que se iba de vacaciones en yate con un narcotraficante, y cuya preparación institucional queda retratada cuando es capaz de confundir la ubicación geográfica de Huelva en el litoral Atlántico con el litoral del mar Mediterráneo o mentir descaradamente, más por desconocimiento e ineptitud que por propia iniciativa, que también.

Pero la exigencia democrática obliga a no mirar hacia otro lado cuando la podredumbre asoma en la propia acera. Una democracia seria y avanzada no puede tolerar la bajeza moral de quienes utilizan el servicio público para el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias o el saqueo de fondos públicos. Casos sangrantes, repugnantes e inadmisibles como el de José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, las ramificaciones que salpican a dirigentes orgánicos como Santos Cerdán, el propio Zapatero o el escándalo de la compra de mascarillas en diferentes comunidades españolas, en los momentos más cruentos de la crisis sanitaria, demuestran que el lodazal de la corrupción no entiende de siglas ni de purezas ideológicas. Elementos de esta catadura moral, protegidos o silenciados por aparatos de partido, no pueden tener la menor cabida en una política útil para el conjunto de la ciudadanía.

A este espectro de demolición institucional, impulsado por la derecha conservadora se suma el fenómeno de la extrema derecha de Vox, auténticos agitadores antisistema que han convertido la bronca permanente y el odio al diferente en su hábitat natural. Enarbolan con furia una bandera de la "libertad" que, en la práctica, aspiran a quemar y vaciar de contenido, cuestionando los consensos constitucionales básicos, dinamitando la convivencia territorial y utilizando el pirómano discurso del odio y la sin razón. Su estrategia ante las crisis no busca construir soluciones, sino incendiar el Estado de derecho desde dentro, utilizando los resortes de la propia democracia que desprecian aunque la misma haya permitido a señores como Abascal vivir sin trabajar fuera de la política del escarnio.

Quienes hoy exigen la caída en bloque de un Gobierno entero con una soberbia fuera de toda lógica olvidan que su concepto de Estado a menudo no entiende de neutralidad, sino de botín, convirtiendo las instituciones en un fortín de filibusteros. Ahí queda también para la posteridad, el deterioro, desgaste y descrédito de la Justicia con el escandaloso mensaje de Ignacio Cosidó jactándose de poder «controlar la Sala Segunda del Supremo desde detrás». Cuando controlan las instituciones, son intocables; cuando no, las demuelen.

Frente a este espectáculo bochornoso, el hastío de la ciudadanía es ya insostenible. Existe un profundo hartazgo ante una casta de impresentables que han convertido la política en un circo de descalificaciones permanentes, poniendo en tela de juicio y debilitando el propio sistema de libertades y derechos que a la sociedad española le costó tanto sacrificio y esfuerzo conquistar. Las instituciones no son el cortijo de nadie ni la trinchera particular de tahúres sin escrúpulos.

Condena total y sin paliativos a unos y otros. Exigir rigor, limpieza y rendición de cuentas debe ser una máxima universal, caiga quien caiga y venga de donde venga. Las víctimas y los ciudadanos jamás pueden convertirse en combustible para los intereses mezquinos de una parte de inmundicia política.

Para conseguir los objetivos de limpieza y regeneración democrática, por los que tanto se ha luchado en este país, no bastará con la exigencia coyuntural: será imposible avanzar si no dejamos de invertir en sinvergüencerías de populismos baratos y apostamos decididamente, de verdad y con recursos, por una educación pública robusta y de la máxima calidad para todos y todas. Solo así, formando ciudadanos críticos, conscientes y libres, lograremos avanzar hacia el futuro de un país diverso, justo e igualitario.

Jesús A. Quesada Medina

Licenciado en Geografía e Historia