Quórum Social 77: cuando el dinero público exige algo más que confianza

Una reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones públicas, la protección de los menores vulnerables y la necesidad de controlar rigurosamente el destino de los recursos económicos que pertenecen a toda la ciudadanía.

Hay noticias que deberían obligarnos a detenernos, reflexionar y preguntarnos qué está ocurriendo en una sociedad que presume de defender los derechos humanos, la solidaridad y la protección de las personas más vulnerables. El caso de Quórum Social 77 es una de ellas, no solamente por la gravedad de los hechos que investiga la Justicia, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que considero fundamental: la responsabilidad que tienen las instituciones públicas cuando entregan importantes cantidades de dinero a entidades privadas para desarrollar una labor social que, por su propia naturaleza, exige sensibilidad, profesionalidad, transparencia y un compromiso absoluto con la dignidad humana.

Las investigaciones judiciales abiertas en Canarias por presuntos malos tratos a menores migrantes en distintos centros gestionados por esta organización han dejado una sucesión de actuaciones policiales, detenciones y cierres de instalaciones que deberían preocuparnos profundamente. Durante 2025 se produjeron intervenciones judiciales en centros de Santa Brígida y Arinaga, mientras que en marzo de 2026 se practicaron nuevas detenciones relacionadas con otro recurso situado en Puerto de la Cruz. Las actuaciones forman parte de investigaciones sobre posibles delitos cometidos contra menores que estaban bajo protección institucional, una circunstancia que hace especialmente delicado todo cuanto estamos conociendo.

Es necesario recordar que la existencia de una investigación judicial no supone una declaración de culpabilidad y que todas las personas investigadas tienen derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, respetar las garantías judiciales no puede significar que dejemos de analizar el funcionamiento de los sistemas de protección ni que las administraciones renuncien a revisar sus mecanismos de control. Una cosa es determinar las responsabilidades penales, tarea que corresponde exclusivamente a los tribunales, y otra muy distinta es exigir explicaciones sobre cómo se supervisan los recursos públicos destinados a cuidar de quienes más lo necesitan.

Según distintas informaciones periodísticas publicadas este año, Quórum Social 77 recibió más de 150 millones de euros en financiación pública entre 2023 y 2025. Esta cantidad, vinculada a diferentes mecanismos de financiación y contratación, nos sitúa ante una realidad que merece una reflexión profunda. Cuando hablamos de cifras de semejante magnitud, no podemos limitarnos a comprobar que existen contratos, facturas o documentos administrativos correctamente cumplimentados. Resulta imprescindible conocer qué controles se aplican, cómo se evalúa la calidad de la atención y qué mecanismos permiten detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en situaciones graves.

Porque el dinero público no aparece por casualidad en las cuentas de una administración. Procede del esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan, pagan sus impuestos, mantienen a sus familias y contribuyen, muchas veces con dificultades, al sostenimiento de los servicios comunes. Son recursos que deben regresar a la sociedad transformados en oportunidades, protección y bienestar. Por eso considero que cada euro destinado a una finalidad social debe estar acompañado de una responsabilidad que no termina cuando se autoriza un pago o se firma un contrato.

Me preocupa especialmente que hayamos terminado acostumbrándonos a una manera de gestionar determinadas situaciones en la que la urgencia parece justificar casi cualquier decisión. Canarias ha vivido una enorme presión sobre su sistema de acogida de menores migrantes y sería injusto ignorar las dificultades que han tenido que afrontar las administraciones para encontrar recursos, instalaciones y personal suficiente. Pero precisamente cuando una situación es extraordinaria debemos extremar las garantías, porque las prisas y la improvisación pueden convertirse en peligrosos enemigos de una atención adecuada.

No cuestiono la necesidad de colaborar con entidades sociales. Al contrario, conozco la importancia que tienen las asociaciones, fundaciones y organizaciones que desarrollan proyectos de intervención social, educativa y comunitaria. Muchas realizan una labor admirable, con profesionales comprometidos que trabajan cada día para mejorar la vida de personas que atraviesan circunstancias difíciles. Sería profundamente injusto que las sospechas o posibles irregularidades relacionadas con una organización terminaran perjudicando la imagen de todo un sector que merece reconocimiento y apoyo.

Precisamente por respeto a quienes trabajan correctamente, debemos exigir controles rigurosos y transparentes. Las entidades que reciben financiación pública para atender a menores deben acreditar no solamente solvencia administrativa y económica, sino también capacidad profesional, formación especializada, protocolos eficaces de protección y mecanismos independientes que permitan escuchar las denuncias o preocupaciones de las personas atendidas. Y las instituciones responsables de adjudicar, financiar y supervisar esos servicios deben comprobar periódicamente que las condiciones comprometidas se cumplen en la práctica.

No podemos olvidar que estamos hablando de niños y adolescentes que, en muchos casos, han atravesado experiencias extremadamente duras antes de llegar a nuestras islas. Algunos han abandonado sus hogares huyendo de situaciones de pobreza, violencia o falta de oportunidades. Otros han realizado travesías marítimas en las que su propia vida estuvo en peligro. Llegan a una tierra desconocida, sin la cercanía de sus familias y dependiendo de otras personas para recibir alimentos, alojamiento, educación, atención sanitaria y seguridad. Si nuestras instituciones asumen su protección, esa responsabilidad debe ejercerse con todas las garantías, independientemente del país del que procedan.

Siempre he defendido que la verdadera dimensión humana de una sociedad no se mide únicamente por sus grandes infraestructuras, sus cifras económicas o sus discursos institucionales, sino por la manera en que trata a quienes tienen menos posibilidades de defenderse. Por eso me resulta imposible abordar este asunto sin pensar en qué sentiríamos si alguno de los menores afectados por una situación semejante fuera nuestro hijo, nuestro nieto o cualquier niño de nuestra familia. Estoy convencido de que exigiríamos respuestas inmediatas, una investigación exhaustiva y medidas capaces de garantizar su seguridad.

Entonces, ¿por qué habríamos de exigir menos cuando se trata de un menor migrante que carece de una familia cercana que pueda reclamar por él? La dignidad humana no entiende de nacionalidades y los derechos de la infancia no deberían depender de un documento de identidad, del idioma que se habla o del lugar donde se ha nacido. Ninguna circunstancia personal puede justificar que un niño reciba una protección inferior a la que reclamaríamos para los nuestros.

También considero necesario reflexionar sobre los mecanismos de seguimiento institucional. ¿Cuántas inspecciones se realizan en los centros que reciben financiación pública? ¿Con qué frecuencia se entrevista a los menores de manera reservada y sin la presencia de quienes gestionan los recursos? ¿Qué sucede cuando un trabajador denuncia una posible irregularidad? ¿Existen canales realmente accesibles y seguros para que un niño pueda expresar que siente miedo, que no está siendo tratado correctamente o que necesita ayuda? ¿Qué medidas se adoptan cuando aparecen indicios de posibles vulneraciones de derechos? Son preguntas legítimas que no buscan anticipar culpabilidades, sino conocer si nuestro sistema dispone de suficientes garantías para prevenir situaciones que nunca deberían producirse.

En marzo de este año también se conoció que Quórum Social 77 continuaba gestionando numerosos recursos de acogida en Canarias, mientras las autoridades explicaban que cualquier decisión contractual debía ajustarse a la legalidad y al desarrollo de las investigaciones. Entiendo que las administraciones tienen obligaciones jurídicas y que no siempre resulta posible adoptar medidas precipitadas. Pero también considero que la existencia de investigaciones graves debería impulsar evaluaciones extraordinarias de los centros, revisiones de los protocolos de protección y una supervisión especialmente rigurosa, sin prejuzgar a quienes no hayan cometido irregularidad alguna.

No se trata de condenar anticipadamente a una organización ni de responsabilizar colectivamente a todos sus trabajadores. Se trata de comprender que la protección institucional tiene que funcionar incluso cuando existen incertidumbres judiciales. Los procedimientos penales requieren tiempo, garantías y pruebas suficientes, pero las medidas preventivas legalmente previstas pueden y deben valorarse cuando sea necesario preservar la seguridad y el bienestar de los menores.

Hay otra cuestión que tampoco debería quedar fuera del debate. En nuestras islas existen pequeñas asociaciones que desarrollan proyectos educativos, culturales y sociales de enorme valor y que deben superar numerosos trámites para acceder a ayudas económicas modestas. A menudo tienen que presentar memorias, justificar gastos, acreditar actividades y demostrar que cada cantidad recibida se ha empleado correctamente. Esa exigencia forma parte del necesario control de los fondos públicos. Por ello, resulta razonable reclamar que las entidades que gestionan cantidades mucho mayores y atienden a colectivos especialmente vulnerables estén sometidas a mecanismos de fiscalización proporcionados a la dimensión de su actividad y a los riesgos de los servicios que prestan.

No debería bastar con que una organización presente un proyecto convincente, una memoria bien redactada o una trayectoria aparentemente solvente. La confianza institucional debe construirse y mantenerse mediante hechos verificables, evaluaciones independientes y resultados contrastados. Y cuando aparecen incumplimientos acreditados, deben existir consecuencias administrativas, contractuales o judiciales, según corresponda. La transparencia no puede ser una palabra que utilizamos únicamente en los discursos. Tiene que convertirse en una práctica habitual y exigible.

Tampoco podemos permitir que casos de esta naturaleza se conviertan exclusivamente en herramientas de enfrentamiento político. La protección de la infancia debería quedar por encima de las siglas, los intereses electorales y las disputas entre administraciones. Si existen deficiencias en el sistema, corresponde identificarlas, reconocerlas y corregirlas. Si se han cometido errores en los procedimientos de contratación o supervisión, deberán investigarse. Y si finalmente se acreditan responsabilidades penales, sus autores tendrán que responder ante la Justicia con todas las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Lo que no podemos aceptar es que el paso del tiempo termine convirtiendo las investigaciones en una noticia olvidada y que las preguntas fundamentales queden sin responder. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se emplea el dinero público, qué controles se realizan y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que determinadas situaciones vuelvan a repetirse. Esa información debe facilitarse respetando la intimidad de los menores, la protección de datos y el secreto de las actuaciones judiciales cuando resulte aplicable, pero sin convertir esas obligaciones en una excusa para eludir toda rendición de cuentas.

Personalmente, me gustaría que este caso sirviera para impulsar una revisión profunda del modelo de supervisión de los centros de protección de menores en Canarias. No porque debamos partir de la idea de que todo funciona mal, sino porque cualquier sistema que atiende a personas vulnerables necesita mecanismos permanentes de mejora. Sería deseable reforzar las inspecciones, facilitar la participación de profesionales independientes, garantizar canales de denuncia seguros y establecer procedimientos de evaluación que permitan conocer la verdadera calidad de los servicios financiados.

Y sobre todo, quisiera que no perdiéramos de vista a los menores. Porque detrás de las informaciones sobre millones de euros, contratos, expedientes y actuaciones policiales existen personas que merecen sentirse protegidas. Niños que necesitan estabilidad, afecto, acompañamiento educativo y oportunidades para construir un futuro. Sus vidas no pueden reducirse a una partida presupuestaria ni convertirse en una disputa sobre competencias administrativas.

No conozco cuál será la conclusión definitiva de los procedimientos judiciales relacionados con Quórum Social 77 y sería irresponsable anticiparla. Pero considero que lo conocido hasta ahora es motivo suficiente para exigir una reflexión institucional seria, transparente y alejada de cualquier intento de utilizar el sufrimiento humano con fines partidistas.

Las administraciones públicas deben comprender que financiar un servicio no equivale a garantizar que ese servicio se presta correctamente. La firma de un contrato no sustituye a la supervisión, una memoria de actividades no demuestra por sí sola que exista una atención adecuada y el cumplimiento de los requisitos económicos no puede ser el único indicador de una buena gestión. Cuando se trata de proteger a menores, los resultados deben evaluarse también desde el respeto a sus derechos, su seguridad y su bienestar emocional.

Quizá haya llegado el momento de que nuestras instituciones comiencen a preguntarse, antes de entregar determinadas cantidades económicas, no solamente quién puede gestionar un recurso, sino quién está realmente preparado para asumir la enorme responsabilidad humana que ese recurso representa. Y una vez adjudicado, deben mantener esa misma exigencia durante toda su ejecución, porque la responsabilidad pública no desaparece cuando una entidad externa comienza a prestar el servicio.

Ojalá este asunto no termine convertido en otra sucesión de titulares que desaparezcan cuando surja una nueva polémica. Ojalá sirva para fortalecer los sistemas de protección, mejorar los procedimientos de contratación y recordar a quienes ejercen responsabilidades públicas que detrás de cada decisión administrativa existen consecuencias reales sobre la vida de las personas.

Porque el dinero público merece respeto, las instituciones deben rendir cuentas y cualquier irregularidad acreditada debe tener las consecuencias que legalmente correspondan. Pero, por encima de todo, debemos recordar que estamos hablando de infancia, de seres humanos que han depositado su seguridad en nuestras manos y que tienen derecho a recibir la protección prometida.

Una sociedad verdaderamente comprometida con los derechos humanos no puede limitarse a financiar la solidaridad. Tiene la obligación de comprobar que esa solidaridad se transforma en un trato digno y en una protección efectiva. Y cuando surgen motivos fundados para pensar que algo puede estar fallando, mirar hacia otro lado nunca debería ser una opción.

Al final, quizá la pregunta más importante no sea cuánto dinero hemos destinado a proteger a estos menores, sino si hemos sido capaces de garantizarles la seguridad, el respeto y las oportunidades que merecen. Porque las cuentas públicas pueden revisarse, los contratos pueden modificarse y los procedimientos pueden mejorarse, pero las consecuencias que una experiencia de desprotección deja en la vida de un niño pueden acompañarlo durante muchos años.

Y esa responsabilidad, por encima de cualquier cifra económica, debería permanecer siempre en la conciencia de quienes tienen la obligación de velar por ellos.

José Vidal Bolaños Betancort