Vegueta: rutas de la desmemoria

«El encubrimiento de los crímenes de Estado es la forma más alta de complicidad, porque convierte al presente en rehén del pasado criminal».

Walter Benjamin

 

No pensaba escribir nada también este 2026. Llega un punto en el que el cansancio y la decepción acumulada te empujan a tirar la toalla, a asumir que la desmemoria ha ganado la batalla en las instituciones de nuestra isla. Pero es imposible callar cuando, un año más, se repite el mismo escarnio y la misma humillación hacia las familias de las personas asesinadas por el franquismo en Gran Canaria. Hay silencios que duelen, pero hay complicidades institucionales que indignan profundamente.

 

Estamos en fechas de Difuntos, días de recogimiento, recuerdo y respeto para la mayoría. Sin embargo, en el cementerio de Vegueta el respeto se transforma en un ejercicio de escaparatismo histórico financiado con dinero de todas. Instituciones públicas que deberían ser las primeras en velar por la dignidad y la memoria democrática prefieren mirar hacia otro lado. Financian a empresas privadas para que organicen visitas guiadas destinadas a ensalzar los "valores etnográficos y arquitectónicos" del recinto. Pasean a la gente entre panteones ilustres, algunos de los propios genocidas fascistas, mármoles y esculturas de valor artístico, mientras omiten, de forma deliberada y sistemática, la realidad más cruda que esconde ese suelo: las fosas comunes donde yacen más de un centenar de demócratas que fueron torturados, asesinados y arrojados allí. Ciudadanos que defendieron la legalidad democrática.

 

Por más que lo intento, me resulta imposible ponerme en la mente de un cargo público que, conociendo perfectamente la historia y la existencia de ese espacio del horror, decide encubrirlo activamente. No es un descuido ni un error de agenda; es una decisión política consciente. Prefieren blanquear el relato y vender una imagen idílica y monumental de un camposanto, maquillando la historia para ocultar que el fascismo convirtió ese lugar en un escenario de genocidio. Es una hipocresía intolerable que se promocione el arte funerario mientras se pisotea el derecho a la verdad de cientos de familias canarias.

 

Frente a esta pasividad y a la frivolidad de quienes prefieren la estética al compromiso ético, a las familias solo nos queda la palabra, el grito y la denuncia pública. Esto no es una reivindicación del pasado, es una exigencia de calidad democrática en el presente. Lo digo con la tristeza, la impotencia y el dolor desgarrador de quien sabe que su propio abuelo es uno de esos demócratas que siguen ahí atrapados, enterrados en el olvido, sin justicia ni reparación. Mientras las administraciones sigan financiando rutas de la desmemoria sobre fosas comunes ocultas, no habrá paz ni reparación real. Por mucho que pretendan convertir el horror en una simple atracción cultural, no permitiremos que su memoria sea borrada.

 

Esta omisión no es casual ni fruto del despiste; responde a una estrategia calculada de encubrimiento. Hay una alianza miserable entre los responsables políticos que firman los contratos y los dueños de esas empresas culturales, quienes, con tal de asegurar el negocio y no incomodar a los herederos de los asesinos, aceptan convertirse en cómplices del olvido. Unos y otros saben perfectamente lo que custodian esos muros, pero prefieren lucrarse y ganar rédito estético diseñando una realidad a la carta, una historia mutilada donde el fascismo no deje rastro. Al vender como entretenimiento cultural el suelo que pisoteó la libertad de nuestros seres queridos, demuestran una falta absoluta de empatía y humanidad, recordándonos que, para ellos, el dinero y el blanqueamiento institucional pesan mucho más que la justicia y la dignidad de las víctimas.