Un manifestante de «Canarias Tiene un Límite» se enfrenta a tres años de prisión y 5000 euros de multa

El próximo miércoles 4 de noviembre se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el juicio contra un manifestante del movimiento «Canarias Tiene un Límite». El acusado se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión y una multa de 5.000 euros a raíz de unos hechos ocurridos durante la movilización celebrada el pasado 20 de octubre de 2024 en el sur de Gran Canaria.

La protesta que originó el procedimiento judicial reclamaba un cambio radical en el modelo turístico del archipiélago, exigiendo soluciones urgentes ante las crecientes dificultades de acceso a la vivienda y alertando sobre las consecuencias sociales y ambientales derivadas de la masificación turística.

Una intervención policial «desproporcionada»

Desde el grupo de apoyo surgido a raíz de este caso, se denuncia el amplio despliegue policial que acompañó la movilización, señalando que agentes de la Policía Nacional custodiaron los accesos a grandes establecimientos hoteleros. Según los convocantes, la actuación estuvo marcada por «una actitud agresiva, identificaciones indiscriminadas y episodios de tensión» que contrastaban abiertamente con el carácter pacífico de la convocatoria.

De acuerdo con el relato del grupo, los hechos que motivaron la causa se desencadenaron cuando una intervención policial hacia una manifestante derivó en momentos de tensión y en la detención de la persona ahora procesada, a la que tildan de «arbitraria».

A este proceso penal se le añade, además, una sanción administrativa impuesta por la Delegación del Gobierno al colectivo por un supuesto incumplimiento de las condiciones comunicadas para la marcha. El grupo de apoyo rechaza de plano esta acusación, defendiendo que el recorrido se desarrolló según lo previsto y atribuyendo los incidentes a la actuación policial.

Contestación social y temor a la criminalización

Este procedimiento judicial se enmarca en un contexto de intensa movilización social en las islas contra un modelo económico que, según los colectivos sociales, agrava la emergencia habitacional y profundiza los problemas ecológicos. Llevar las reivindicaciones al corazón de una de las principales zonas turísticas de Gran Canaria supuso un punto de inflexión en la visibilidad de estas demandas.

Para los allegados del acusado, la petición de tres años de cárcel no es un caso aislado, sino «un intento de criminalizar la movilización ciudadana» cuando esta cuestiona los intereses de la industria turística. Asimismo, han querido poner el foco en el desgaste personal y emocional que implica un proceso de estas características: «La incertidumbre y la amenaza de una condena tienen consecuencias mucho antes de que exista una resolución judicial y pueden convertirse en un mecanismo de intimidación».

Convocatoria de apoyo

Ante la celebración del juicio, el grupo de apoyo ha convocado una concentración de respaldo para el mismo miércoles 4 de noviembre a las 10:30 horas en el exterior de la Torre 4 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, dado que la vista oral está prevista para las 11:00 horas.

Bajo los lemas "Defender un futuro digno para Canarias no es un delito" y "Si nos tocan a una, nos tocan a todas", los colectivos sociales insisten en que ninguna amenaza judicial frenará su derecho a organizarse y reclamar un cambio de rumbo ecosocial en el archipiélago.