Gáldar: Acuicultura sostenible, naturalmente; pero que alguien diga dónde

 Quedar bien se les da genial. Mojarse y proponer un lugar ya es otra cosa.

 

El Ayuntamiento de Gáldar ha encontrado una posición política prácticamente perfecta: defender la acuicultura sostenible, reconocer que es estratégica para Canarias, destacar su capacidad para generar empleo y diversificar nuestra economía y, al mismo tiempo, rechazar que el proyecto previsto se instale frente a la costa de La Aldea y Artenara. Sobre el papel es difícil quedar mejor. Se protege el medio ambiente, se abraza el desarrollo económico, se respalda a los municipios vecinos y nadie tiene que asumir el coste político de señalar dónde debería colocarse aquello que, según la propia moción, Canarias necesita.

 

La defensa de Guguy, de los sebadales y de un litoral de enorme valor ambiental merece argumentos serios, y existen razones para exigir todas las garantías antes de autorizar una instalación de estas características. Pero precisamente por eso sorprende que la valentía política termine justo donde empieza el mapa. Porque si esa ubicación no resulta adecuada y se insta al Gobierno de Canarias a buscar zonas costeras más antropizadas o ambientalmente menos sensibles, falta una parte bastante importante de la propuesta: decir cuáles.

 

No estamos hablando de una actividad imaginaria. La acuicultura necesita mar, instalaciones, accesos, logística y una localización concreta. Si además se considera estratégica para la economía canaria, alguien tendrá que asumir que no puede existir únicamente en las mociones de los ayuntamientos. Resulta muy cómodo defender una industria cuando sus beneficios se escriben en un papel y sus instalaciones se colocan en una costa todavía por determinar.

 

El problema es que señalar una alternativa obliga a mojarse. En cuanto se pone un nombre sobre el mapa aparecen vecinos, pescadores, empresarios, colectivos ecologistas, intereses turísticos, impactos paisajísticos y alcaldes preguntando por qué allí. Y entonces se acaba la unanimidad confortable y empieza la política de verdad, esa en la que no basta con estar a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, sino que hay que elegir entre alternativas que tienen ventajas, inconvenientes y costes.

 

Si Gáldar considera que la acuicultura debe trasladarse hacia zonas más transformadas por la actividad humana, podría explicar qué características deberían reunir esas zonas y qué alternativas de las previstas en la planificación considera razonables para estudiarlas. Incluso podría responder a una cuestión todavía más sencilla: si existiera frente a la costa galdense una localización técnicamente adecuada, ambientalmente asumible y con todas las garantías exigibles, ¿defendería allí esa acuicultura estratégica con el mismo entusiasmo con el que la defiende en términos generales?

 

Porque la solidaridad territorial no consiste únicamente en ponerse al lado del municipio que rechaza una instalación. También consiste en participar en la búsqueda del lugar que tendrá que acogerla si verdaderamente creemos que esa actividad es necesaria para Canarias.

 

De lo contrario entramos en una política extraordinariamente rentable: queremos acuicultura, pero allí no; queremos renovables, pero ese parque tampoco; queremos infraestructuras, pero que no afecten al paisaje; queremos diversificación económica, pero las instalaciones mejor lejos. Queremos todos los beneficios del desarrollo y, cuando llega la factura territorial inevitable de cualquier actividad económica, buscamos rápidamente otra ventanilla donde dejarla.

 

Y eso permite discursos magníficos. Uno puede defender simultáneamente el empleo, el medio ambiente, la economía, el paisaje, la sostenibilidad y a los municipios vecinos sin disgustar prácticamente a nadie. Es el pleno perfecto: todos de acuerdo, todos responsables, todos ecologistas y todos partidarios del desarrollo económico. Solo falta ese pequeño detalle sin importancia de explicar dónde demonios ponemos entonces la acuicultura.

Porque pedir al Gobierno de Canarias que «reoriente» una inversión queda estupendamente en una moción. Lo difícil sería añadir a continuación hacia dónde. Ahí empiezan los problemas, porque las palabras dejan de flotar sobre el salón de plenos y aterrizan en un territorio concreto.

 

Si existen razones ambientales suficientes para descartar esa zona, que se descarte. Si la protección futura de Guguy o la conservación de determinados hábitats aconsejan buscar una alternativa, que se busque. Pero entonces sería deseable pasar del rechazo a la propuesta y explicar qué modelo territorial se defiende. No hace falta que un ayuntamiento conceda una explotación acuícola ni que sustituya al Gobierno competente; sí puede exigírsele cierta coherencia cuando decide pronunciarse sobre dónde no debe desarrollarse una actividad que, al mismo tiempo, declara estratégica.

 

Porque gobernar no consiste únicamente en levantar la mano para decir que no. También consiste en asumir alguna vez la incómoda responsabilidad de decir dónde sí.

 

Para quedar bien siempre habrá unanimidad. Para señalar el mapa hacen falta otras cosas.