Uno de los centros instalados por el Estado en Gran Canaria para la acogida de menores refugiados es, según tres fuentes próximas al centro, una “infraestructura carcelaria”. Los chicos no pueden entrar nada en las instalaciones. “Si trabajan en un obrador o en una panadería y traen las sobras, tienen que tirarlas al contenedor”, cuenta una extrabajadora. Si compran ropa nueva, “tienen que venir con la etiqueta y el ticket” para demostrar que “no es robado”. Estos centros no son cárceles y los menores no son presos.




























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