Fondos Next Generation: ¿impulso a la transición ecológica o financiación de despropósitos medioambientales en Canarias?

Los fondos europeos Next Generation, concebidos para impulsar la recuperación económica y la transición ecológica, corren el riesgo de convertirse en una herramienta al servicio de proyectos que generan un profundo rechazo social. Lo que debería ser una inversión de futuro puede acabar financiando actuaciones que ponen en cuestión la protección del medioambiente y la calidad de vida de la población.

Estas ayudas europeas —las «paguitas» de los ricos— podrían estar detrás de agresiones medioambientales como la proyectada en La Atalaya de Guía.

El Grupo Félix Santiago Melián (FSM) difícilmente habría apostado por un proyecto de estas características sin la perspectiva de recibir importantes ayudas públicas. La financiación podría alcanzar el 50 % de una inversión presupuestada en torno a los cinco millones de euros, según las cifras que se han señalado sobre el proyecto. Una oportunidad para ampliar su presencia en el sector energético con dinero público.

Una vez más, cabe preguntarse si las administraciones están actuando para proteger a la ciudadanía o para facilitar que determinadas empresas se beneficien de subvenciones europeas.

El proyecto de La Atalaya de Guía ha sido desarrollado por Genia Bioenergy, empresa participada mayoritariamente por Repsol y vinculada a otros proyectos de plantas de biogás en la Península que también están generando graves conflictos sociales.

¿DÓNDE QUEDA LA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS?

Las administraciones públicas disponen de herramientas urbanísticas y normativas para proteger la seguridad, la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, cuando se trata de instalaciones de este tipo y de las empresas que las promueven, la pregunta es inevitable: ¿se está dando prioridad al interés general o a los intereses económicos de sus promotores?

Existen diferentes instrumentos que pueden resultar relevantes para regular la ubicación de estas instalaciones:

? Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se ha invocado la referencia de los 2.000 metros como criterio de prudencia y, en determinados supuestos, como regla supletoria. En el caso de La Atalaya de Guía, la distancia se reduce peligrosamente a apenas 500 metros, al margen de otros condicionantes e irregularidades del proyecto que la Administración autonómica no ha sabido o querido ver.

? Planificación urbanística municipal. Los ayuntamientos pueden establecer, dentro de sus competencias y del marco legal aplicable, condiciones de ubicación y distancias para determinadas instalaciones mediante sus instrumentos de ordenación urbanística. ¿A qué está esperando el Ayuntamiento de Guía para blindar esta cuestión en su ordenación urbanística? La voluntad real de oponerse al proyecto también debe traducirse en medidas concretas de planificación. Las declaraciones del tipo «mientras yo sea alcalde no se construirá la planta de biogás» no garantizan nada, especialmente cuando al actual mandato municipal le quedan apenas siete meses.

? Normativa autonómica específica. Algunas comunidades autónomas han establecido o están desarrollando requisitos particulares para regular la implantación de plantas de biogás y biometano, incluidas determinadas distancias de protección. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias al respecto?

En Guía, el Ayuntamiento ha denegado la licencia, pero el Gobierno de Canarias continúa emitiendo certificaciones favorables relacionadas con el proyecto.

¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Qué intereses están prevaleciendo?

UN AÑO Y MEDIO DE PROTESTAS NO PUEDE CAER EN SACO ROTO

Del promotor, el Grupo Félix Santiago Melián —con sede social en Santa María de Guía—, cabe esperar, como mínimo, que escuche a la ciudadanía y reconsidere un proyecto que lleva año y medio generando protestas vecinales.

Sin embargo, si la empresa continúa encontrando respaldo institucional y nuevas oportunidades de financiación pública, ¿qué incentivo tiene para rectificar o desistir?

Clama al cielo que el Ayuntamiento de Gáldar haya gestionado recientemente nuevas ayudas millonarias europeas destinadas a esta empresa, cuestionada por su agresivo proyecto de planta de biogás en la misma comarca.

Hay que recordar que esta industria tiene previsto instalarse junto a la frontera municipal con Gáldar, por lo que sus habitantes también se verán afectados por las emisiones y otras molestias derivadas de la actividad. Porque el viento no entiende de fronteras municipales.

La transición energética no puede convertirse en una excusa para imponer proyectos controvertidos a la población. Las ayudas públicas deben estar al servicio del interés general, no convertirse en un cheque en blanco para las empresas.

La salud, el medioambiente y la calidad de vida de los vecinos deben estar por encima de cualquier subvención o interés empresarial.

Paco Vega