Infografía que intenta representar la tensión entre la protección de la costa y los retos de la acuicultura industrial en las islas.La polémica en torno a la acuicultura industrial en Canarias vuelve a encender las alarmas. Unas impactantes imágenes captadas el pasado fin de semana por el activista internacional Don Staniford han sacado a la luz un nuevo episodio de mortandad masiva de doradas y lubinas en las instalaciones marinas operadas por las empresas Aquanaria y Canexmar en la isla de Gran Canaria.
Las grabaciones muestran una escena crítica: miles de peces muertos hacinados en contenedores y jaulas marinas sin que se hayan determinado formalmente las causas del deceso ni se haya comunicado oficialmente el incidente a la ciudadanía. Según el testimonio de Staniford, el pasado viernes 9 de octubre, un camión de residuos retiró mediante una carretilla elevadora hasta cinco toneladas de lubina muerta en el muelle público del puerto de Taliarte.
Desde la organización ecologista Greenpeace se advierte de que el hacinamiento de animales muertos y su falta de gestión sanitaria inmediata representan un problema directo de seguridad alimentaria y salud pública para la zona coast-marítima de Gran Canaria, además de evidenciar condiciones de maltrato animal intrínsecas al modelo de macrogranjas marinas.
El conflicto no es nuevo. Ya el 26 de diciembre de 2025, Greenpeace denunció públicamente las irregularidades de las jaulas marinas de Melenara y se unió a una multitudinaria cadena humana junto a colectivos vecinales y ambientalistas. En aquel momento, la exigencia central fue la retirada de las jaulas ubicadas a tan solo 350 metros de la playa de Melenara, una localización que incumple el marco del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).
“Vuelve a ocurrir un episodio de mortalidad masiva de peces de la empresa Aquanaria. Esta situación es insostenible y por ello reclamamos el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema”, ha declarado Irene Sánchez Lasso, portavoz de Greenpeace en Canarias. “Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por un modelo alimentario sostenible”.
La revelación de esta nueva mortandad llega en un momento de fuerte tensión social por la proliferación de nuevos macroproyectos acuícolas en el archipiélago. Es el caso de la propuesta presentada por la empresa Gran Canaria Bass Company, que pretende instalar una macrogranja para cultivar hasta 5.400 toneladas anuales de lubina en las costas de La Aldea.
Este nuevo proyecto se situaría en las inmediaciones de zonas de alta sensibilidad ambiental y especial protección, como el Parque Natural de Tamadaba y la Zona de Especial Conservación (ZEC) marina de los Sebadales de Güigüi, ubicados a apenas 7 kilómetros de la concesión proyectada. Estas aguas constituyen uno de los últimos refugios globales del angelote (Squatina squatina), una especie de tiburón en peligro crítico de extinción.
Ante la opacidad de las empresas implicadas y el riesgo de nuevos episodios de contaminación y colapso sanitario, colectivos ambientales y vecinales reiteran la petición a las administraciones públicas para que paralicen las licencias, garanticen la transparencia informativa y promuevan la reconversión hacia un modelo de gestión marina sostenible.
Enlace a las imágenes publicadas por el activista Don Staniford desde este enlace.































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