El retorno del voto censitario: cuando la toga y el privilegio intentan controlar la soberanía popular

Hay democracias que se miden por la solidez de sus contrapesos. Otras que parecen atrapadas en una perpetua transición inacabada, donde los resortes del antiguo régimen resisten parapetados tras la apariencia de la legalidad moderna. En España, el debate sobre los límites de la soberanía nacional y la aparente extralimitación de ciertos poderes no electos se alinean hoy con una peligrosa tentación: la de resucitar, bajo formas tecnocráticas y judiciales, un voto censitario encubierto. La reciente ofensiva para restringir derechos políticos fundamentales —como el intento de cercenar el sufragio a la diáspora y a los descendientes de los exiliados, o las insólitas interferencias en el poder legislativo— desnuda una patología institucional de primera magnitud: el teórico secuestro corporativo de una parte de la justicia al servicio de los intereses de unos pocos.

Frente a las interpretaciones restrictivas que pretenden crear categorías de ciudadanos, la Constitución Española es meridianamente clara. El texto constitucional otorga en régimen de estricta igualdad el derecho al sufragio a todo ciudadano y ciudadana españoles como un derecho inalienable. No contempla ciudadanos de primera ni de segunda, ni supedita el derecho fundamental a votar a la geografía, al origen de la nacionalidad —siempre que esta sea plenamente legal— o a filtros de conveniencia judicial.

Cuando los tribunales hipotéticamente intentan limitar el censo o poner trabas a colectivos enteros de españoles, están vulnerando el principio democrático básico de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo. Pretender condicionar este derecho es, en esencia, resucitar los viejos fantasmas del sufragio censitario, donde solo votaban aquellos que cumplían los requisitos dictados por las élites dominantes.

Para entender por qué en pleno siglo XXI asistimos a espectáculos donde asociaciones de jueces se atreven a enmendarle la plana o a manifestarse contra leyes que ni siquiera han sido redactadas por el Parlamento, es imperativo mirar al pasado. La Transición española eludió un cambio profundo en la judicatura. A diferencia de lo ocurrido en otras democracias europeas surgidas de dictaduras, los magistrados que aplicaron el derecho penal del régimen franquista —el de los tribunales de orden público reconvertidos después en figuras de excepción como la Audiencia Nacional— continuaron impartiendo justicia tras la Constitución de 1978.

Aquel pacto de amnistía biográfica blindó una estructura profundamente conservadora y endogámica. Hoy, la carrera judicial sigue reproduciéndose a menudo mediante lógicas de clan y de clase, donde presuntamente los hijos, nietos y allegados de las élites tradicionales controlan un poder fundamental sin haber pasado jamás por el filtro de las urnas. No rinden cuentas al pueblo soberano; responden a dinámicas corporativas e ideológicas que confunden su deber constitucional con la defensa a ultranza de privilegios de clase.

Los jueces son, en estricta teoría democrática, meros funcionarios del Estado al servicio de la ciudadanía, obligados a aplicar la ley emanada de las Cortes Generales. Sin embargo, en la práctica asistimos a una inversión perversa: hay tribunales que intentan impedir votaciones en la sede parlamentaria, medidas cautelares que vulneran derechos políticos fundamentales con excusas tecnocráticas y togas que actúan como partidos políticos en la sombra.

Y lo más grave es la impunidad con la que opera este sistema: mientras al ciudadano común se le exige un rigor milimétrico, desde ciertas cúpulas judiciales eventualmente se normaliza la impunidad del "guante blanco" bajo la cínica premisa de que la ley es rigurosa para el eslabón débil pero flexible para los poderosos.
 

Este desvío autoritario no opera en el vacío. Cuenta con el respaldo activo de una red de poderes fácticos —grandes corporaciones financieras, lobbies o grupos de presión económicos y una galaxia mediática empeñada en comprar voluntades y manipular el debate público— que premia la mentira, blanquea la incompetencia política y castiga cualquier intento real de democratizar el Estado.

A la sociedad española le falta aún músculo y formación democrática para exigir una ruptura neta con estas inercias feudales. Se tolera que el poder judicial funcione como un coto cerrado porque se ha normalizado la idea de que la democracia es solo votar cada cuatro años, y no un control permanente sobre todos los poderes del Estado.

Reformar la justicia, acabar con la endogamia de los órganos de gobierno de los jueces y exigir un código deontológico estricto que sancione la politización de la toga no es un ataque a la separación de poderes, como vocifera la derecha caciquil para defender sus privilegios; es la única garantía de supervivencia frente al intento constante de instaurar un nuevo sufragio censitario. O la soberanía popular subordina a los poderes privilegiados, o los privilegios terminarán por devorar a la democracia.

Jesús Quesada Medina

Licenciado en Geografía e Historia (ULL)