Canarias reclama su lugar en el centro de las decisiones nacionales

Durante demasiado tiempo, Canarias ha aparecido en el mapa de España como ese pequeño recuadro colocado en una esquina. Una representación geográfica que, demasiadas veces, parece también una metáfora de nuestro lugar en las prioridades del Estado.

Pero Canarias no es un recuadro. Canarias es un territorio con más de dos millones de personas, ocho islas habitadas, unas particularidades geográficas evidentes y unos problemas estructurales que no pueden abordarse aplicando exactamente las mismas recetas que en el territorio continental.
 

El próximo 29 de noviembre, con la celebración de las elecciones generales, los canarios tenemos una nueva oportunidad para decidir qué voz queremos tener en Madrid.
 

Y hablar de una voz propia para Canarias no consiste en pedir privilegios. Consiste en exigir que se cumpla y se respete aquello que ya está reconocido.
 

Canarias es una Región Ultraperiférica de la Unión Europea. No es una etiqueta política ni una excusa: está expresamente reconocido por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nuestra lejanía, insularidad, reducida superficie y otras limitaciones estructurales permanentes justifican la aplicación de medidas específicas precisamente para garantizar que vivir a más de mil kilómetros del continente europeo no suponga tener menos oportunidades.
 

También nuestro Régimen Económico y Fiscal establece que esas singularidades deben compensarse mediante políticas específicas y suficientes, y que los ciudadanos de Canarias deben poder disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos de la Unión Europea.
 

La pregunta, por tanto, es sencilla: ¿se está traduciendo ese reconocimiento sobre el papel en la vida cotidiana de los canarios?
 

Los datos obligan, como mínimo, a reflexionar.
 

En 2025, el 31,2 % de la población canaria se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto nacional. Además, la mitad de la población de Canarias afirmaba no poder hacer frente a un gasto imprevisto y más de la mitad de los hogares reconocía algún grado de dificultad para llegar a final de mes.
 

Y después está algo tan cotidiano como llenar la cesta de la compra.
 

Los últimos datos del ISTAC muestran que en 2024 los alimentos eran un 1,49 % más caros en Canarias que en el resto de España. Pero hay un dato todavía más revelador: si se elimina el efecto diferencial del IGIC y del IVA, los alimentos y bebidas resultaban un 6,8 % más caros en las islas. La distancia y la insularidad tienen un coste, y ese coste termina llegando al bolsillo de las familias.
 

Por eso no basta con hablar de progreso desde los grandes indicadores económicos si ese progreso no llega de la misma manera a los hogares.
 

No podemos conformarnos con escuchar que Canarias avanza mientras una parte importante de nuestra población sigue teniendo dificultades para llegar a final de mes. No podemos normalizar que nuestra condición ultraperiférica sea recordada cuando conviene y olvidada cuando toca diseñar políticas de Estado.
 

Tampoco podemos resignarnos a que cuestiones fundamentales para nuestro futuro —la sanidad, la vivienda, el coste de vida, las conexiones, el sector primario, el agua, la energía, la educación o la protección de nuestro territorio— se decidan sin que la realidad canaria tenga suficiente peso en la toma de decisiones.
 

Porque estar lejos no significa importar menos.
 

Durante demasiado tiempo hemos escuchado hablar de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y solidaridad entre territorios. Es hora de que esos conceptos dejen de ser únicamente palabras y se conviertan en políticas capaces de reconocer lo evidente: no cuesta lo mismo garantizar determinados servicios en un territorio continental que hacerlo en ocho islas alejadas más de mil kilómetros de Europa.
 

Canarias necesita estar presente allí donde se toman las decisiones que condicionan nuestro futuro.
 

Y aquí es donde el próximo 29 de noviembre adquiere una importancia especial.
 

No se trata únicamente de depositar una papeleta. Se trata de decidir qué Canarias queremos representar en las Cortes Generales. Una Canarias que espere a que otros recuerden sus problemas o una Canarias capaz de defenderlos con voz propia.
 

Tenemos la oportunidad de volver a situar a Canarias donde merece estar: no en una esquina del mapa, sino en el centro de las decisiones que afectan a nuestra gente.
 

De defender nuestra singularidad sin complejos.
 

De recordar que ser ultraperiféricos no significa ser periféricos en derechos.
 

De exigir que nuestra distancia no se convierta en desigualdad.
 

Porque detrás de cada estadística hay familias, trabajadores, autónomos, jóvenes que intentan construir aquí su futuro, mayores, agricultores, ganaderos y pequeñas empresas que conocen perfectamente lo que significa vivir y producir en unas islas alejadas del continente.
 

El 29 de noviembre Canarias también decide.
 

Y quizá haya llegado el momento de dejar claro que nuestro territorio importa, nuestra gente importa y Canarias importa.
 

Porque Canarias no debe volver a ser simplemente ese pequeño recuadro colocado en una esquina del mapa.
 

Canarias tiene que estar en el mapa donde realmente importa: en el de las decisiones.