Cuando un alcalde busca culpables en Madrid

Las redes sociales aguantan todo lo que le echen. Eso pensó Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que soltaba un post con motivo de las elecciones generales cargando contra la "legislatura fracasada" del Gobierno central y berreando con razón por la falta de vivienda que ahoga a los jóvenes y no tan jóvenes en Canarias. Y ahora, por si fuera poco, nos enteramos de su intención de presentarse en las listas al Congreso con Coalición Canaria —sus propios aliados, que gobiernan en la comunidad autónoma y a los que parece que se les olvida exigirles responsabilidades sobre lo que llevan haciendo o dejando de hacer en vivienda desde el ejecutivo regional—.

 

Hombre, no le falta ni gota de razón en que la cosa está jodida para alquilar o emanciparse; eso lo ve cualquiera que patee la calle. Pero el disco raya cuando quien coge el megáfono para repartir culpas es el mismo que gobierna en el municipio y que tiene competencias directas, en vez de mirar siempre con los brazos cruzados hacia Madrid o Santa Cruz a ver si caen limosnas.

 

Que conste en acta que el Ayuntamiento de Gáldar ha intentado mover ficha, faltaría más. Ahí están los anuncios con los proyectos de Los Caideros, El Roque o Sardina. Pero claro, los vecinos ya sabemos de qué pie cojean estas actuaciones: son iniciativas que se dilatan más que un chicle pegado a una suela, que arrastran retrasos históricos y que, para colmo, dependen casi enteramente de convenios y limosnas de otras administraciones (como el ICAVI o el Cabildo). Al final se cuelgan medallas con obras que vienen de atrás, donde el consistorio muchas veces solo pone la foto mientras los demás pagan y cargan con el muerto.

 

Pero es que, por si fuera poco, el propio alcalde se ha delatado en alguna que otra entrevista reciente. ¿Y cuál es su gran coartada? Que dejaron de construir en Gáldar porque dice: "tenían que competir con los bancos" y las casas ya no se podían vender.

 

¡Manda huevos! Como si un ayuntamiento fuera una promotora inmobiliaria privada o un fondo buitre que busca el margen de beneficio y la rentabilidad del ladrillo. O sea, que si el negocio de la venta no cuadra, se cruzan de brazos. ¿Y la protección social? ¿Se les olvida que una administración pública no hace negocio, sino que crea vivienda para proteger al ciudadano que no puede comprar? Y si la gente no tiene músculo financiero para una hipoteca, ¡hombre, para eso está el alquiler social! La vivienda pública no es solo para venderla al mejor postor; es un derecho y un escudo para que nuestra gente no tenga que emigrar de su propio pueblo. ¿De qué cuento nos están hablando?

 

Porque un ayuntamiento no es un mero espectador que espera a que le cuadren las cuentas de una promotora. El margen de maniobra local que depende de la voluntad política es inmenso y para muestra….

 

1.​ El planeamiento urbanístico y la contención del vacacional: El alcalde tiene la sartén por el mango para poner coto de una vez al desmadre de las viviendasvacacionales, evitando que los barrios residenciales se conviertan en parques temáticos que expulsan a los vecinos.

 

2.​ La fiscalidad del IBI:Aplicar de verdad recargos impositivos duros a los grandes tenedores y a los listillos que mantienen las casas cerradas a cal y canto por puro capricho especulativo, obligándoles a sacarlas al mercado.

 

3.​ Incentivos y bolsa de alquiler local: Crear una bolsa municipal con garantías de cobro y seguros de impago reales para convencer a los propietarios de alquilar a precios asequibles a las familias del municipio.

 

4.​ Agilización de licencias: Desatascar la burocracia para rehabilitar inmuebles en ruina en el casco y los pagos y destinarlos a residencia habitual.

 

Lanzar comunicados y echar balones fuera en redes sociales queda muy bonito para la foto y para ganar titulares, pero la realidad local es otra muy distinta. Menos excusas de constructor privado, menos mirar a los aliados del Gobierno canario, y exprimir las herramientas que sí están a pie de calle. Porque cuando la vivienda quema y la gente no puede ni vivir donde nació, los vecinos de Gáldar no necesitan mítines virtuales en el móvil, sino alcaldes que entiendan de una vez que la vivienda pública no es un negocio, es pura dignidad.