La SAREB, una sociedad creada con capital público que mantiene en su patrimonio miles de viviendas, algunas de ellas cerradas y abandonadas durante años, deteriorándose, vuelve a intentar desahuciar a ocho familias en Las Palmas de Gran Canaria.
Estas familias ya tuvieron una orden de lanzamiento que, gracias a la intervención de Derecho al Techo y al acompañamiento y la solidaridad de vecinas y vecinos, conseguimos parar.
En aquella ocasión, la propia SAREB manifestó su voluntad de estudiar una solución para que estas viviendas pudieran convertirse en alquileres sociales para las familias que las ocupan. Sin embargo, hasta hoy, ese compromiso no se ha materializado por escrito ni se ha concretado una solución.
Y ahora vuelven a solicitar los lanzamientos.
El juzgado ha señalado nuevamente la fecha para el miércoles 7 de octubre, a las 10:00 horas.
Nos parece sencillamente indignante que, en plena emergencia habitacional, se siga utilizando la vía del desahucio contra familias mientras existen viviendas de titularidad de una sociedad participada por el Estado que permanecen cerradas o infrautilizadas.
Más aún después de la caída en el Congreso de las medidas que podían haber proporcionado herramientas para proteger a familias frente a desahucios inminentes. Si se hubiera aprobado el decreto Maricarmen, estas familias no estarían en esta situación.
¿Qué sentido tiene mantener viviendas cerradas mientras se deja a familias en la calle?
Desde Derecho al Techo no vamos a quedarnos quietas y como ya anunciamos, salimos de la acampada para parar desahucios e impulsar que se convoque una Huelga General.
Por ello este miércoles convocamos a las vecinas y vecinos a concentrarse de forma pacífica, masiva y contundente para acompañar a estas ocho familias y tratar de impedir sus lanzamientos en la calle Nicolás Estevanez, 8.
Porque cuando las administraciones responsables no dan respuesta a una emergencia habitacional que ya no admite más espera, las vecinas y los vecinos tenemos que organizarnos para defender nuestros hogares y nuestros derechos.
No queremos más promesas.
No queremos más reuniones sin soluciones.
No queremos viviendas vacías mientras hay familias amenazadas con quedarse en la calle.
Queremos que SAREB cumpla con su función social y que estas viviendas sean destinadas a alquiler social y asequible.
Y exigimos a las administraciones que intervengan y den una solución inmediata antes de que ocho familias sean lanzadas de sus hogares.
El derecho a la vivienda no se mendiga, se defiende y se conquista organizándonos.
Porque el derecho a la vivienda también es lucha de clases.
Y cuando hablamos de la SAREB, una entidad creada para gestionar activos procedentes de la crisis financiera y con participación pública, la rabia es todavía mayor y no aceptamos que lo que se rescató con dinero público termine utilizándose contra las familias trabajadoras.
¡Ninguna familia sola ante un desahucio!
¡Ni casas sin gente, ni gente sin casa!
¡La vivienda es un derecho, no un negocio!
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