Cuando la "Investidura" vota no a las casas

El pasado viernes 2 de octubre pasó lo que muchos temíamos que pasara.

Los dos Reales Decretos Ley de vivienda que el Consejo de Ministros había aprobado el martes 29 de septiembre, el primero con la prórroga de contratos hasta 2028, la protección frente a desahucios hasta 2030 y la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; el segundo, con la renovación automática de los contratos, se cayeron en el Congreso. Y no se cayeron por un matiz; se cayeron con una fotografía política que explica mejor que cualquier estadística, por qué en España no hay casas.

Junts votó NO a los dos decretos. El PNV votó SÍ al primero y NO al segundo. Sumar y Podemos votaron SÍ a los dos. De derecho, todos tienen razón y volvemos a la Ley de Vivienda de 2023. De hecho, no hay prórroga.

Analicemos la votación, porque cada NO cuenta una España distinta.

El NO de Junts a todo. Junts no votó contra la vivienda. Me explico: Barcelona es la ciudad donde más ha subido el alquiler en 2025, un 11%, según el principal portal inmobiliario en Internet en España. Su electorado necesitaba esa prórroga, y votó NO, porque ya no está en la actual legislatura, sino en la siguiente; en la que viene. A mi juicio, desde enero su cálculo está en que sostener a Pedro Sánchez, le resta en Cataluña; cada decreto que tumba es una factura que pasa por Rodalies, por la financiación singular y por la competencia integral en vivienda. A Junts, no le interesa si el decreto es bueno o malo; le interesa que se evidencie que sin Junts no hay BOE; es la estrategia legítima de quien, no quiere resolver, sino quitar al que está para ponerse él; pero cuando esa estrategia se aplica a la vivienda, el que paga no es Sánchez; es Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre y que provocó la acampada en Sol.

El SÍ y el NO del PNV. El PNV hizo lo único institucional de la tarde. Votó SÍ al primer decreto porque entiende que prorrogar dos años y proteger a vulnerables hasta 2030 es una medida coyuntural necesaria y proporcionada, avalada por el Tribunal Supremo como temporal; y votó NO al segundo porque la renovación automática obligatoria e indefinida convierte lo temporal en estructural, invade la competencia foral y traslada al pequeño propietario, que en Euskadi y en Canarias, es el 85% del parque en alquiler, una función social que es del Ayuntamiento. No es un NO ideológico, sino un NO jurídico. A mi parecer, nos dice: yo protejo, pero no expropio sin alternativa habitacional. Creo que fue la única votación que se hizo pensando en pisos, y no en investiduras.

El SÍ de Sumar y Podemos a los dos. Tenían que votar SÍ. Después de meses denunciando que el PSOE hacía un decreto light para contentar a Junts y PNV, no podían votar NO a su propio decreto. Su SÍ, me parece coherente; pero es un SÍ sin mayoría; y un SÍ sin mayoría en parlamentarismo es un NO.

 

¿Qué nos deja esto? Nos deja tres evidencias que no están en los decretos y que ningún Real Decreto Ley puede arreglar.

La primera evidencia, es que no tenemos suelo. Ya lo dijimos en el artículo anterior, España inició 108.000 viviendas en 2023 según el Ministerio; Francia, con menos déficit habitacional, 373.000. ¿Por qué? Por los años que tarda en aprobarse; en Canarias, se aproxima a los 15. Y es que no hay suelo finalista porque cualquier asociación, cualquier informe sectorial, puede pararlo 18 horas, 18 meses o 18 años, como la carpa de Ceuta. Portugal lo resolvió en 2023 con una ley de una página; todo suelo rústico a 500 metros de ciudad es urbanizable si el 70% es alquiler asequible. Nosotros seguimos discutiendo si una prórroga es hasta 2028 o hasta 2030.

La segunda evidencia, es que no tenemos oferta porque la expulsamos. Tenemos 3,8 millones de viviendas vacías según el INE y nos faltan 600.000 en alquiler, porque donde están vacías no es donde hacen falta; y porque la Ley de 2023 provocó un trasvase brutal: el alquiler de larga estancia cayó un 28% en dos años y el de temporada se triplicó. El primer decreto que el pasado viernes se cayó, intentaba cerrar ese coladero regulando temporada y habitaciones. Era necesario; pero sin seguridad jurídica, desahucio por impago en tres meses con juicio rápido y bonificación del 90% en IRPF si alquilas por debajo del índice, nadie volverá al largo plazo.

Tercera evidencia, es que no tenemos Estado para vivienda. Quien tiene el dinero, que es el Estado, no tiene la competencia; la competencia, la tienen, los ayuntamientos y las comunidades; o sea, que quien tiene la competencia no tiene el dinero para alternativa habitacional; y esto ha dado como resultado, que prohibimos desahucios hasta 2030, que es humano y urgente, pero se lo cargamos al casero; lo que ha avalado el Supremo como temporal; como estructural hasta 2030 es una expropiación de uso sin indemnización. El PNV lo vio. Junts no quiso verlo.

Por eso entiendo, que se troceó en dos decretos lo que es un mismo problema, para intentar salvar la investidura.

Y por eso me pregunto: ¿Sería recomendable adelantar elecciones? Mi respuesta institucional, sería la de un no rotundo; ahora bien, mi respuesta política es que lo veo inevitable.

Entiendo, que no es recomendable adelantar elecciones ahora, porque iríamos a votar sin Ley del Suelo, sin Agencia Estatal de Vivienda, sin Presupuestos de 2026 y con el mismo problema; o sea, que probablemente cambiaríamos de inquilino en La Moncloa, pero seguiríamos sin casas, porque ningún partido lleva en su programa lo que funciona en Viena, 60% de población en alquiler público, en Francia, Ley SRU que multa al municipio que no tenga 25% de vivienda social, o en Portugal, suelo exprés.

Pero lo vería inevitable si Junts ya ha decidido votar NO a todo; incluso a lo que beneficia a sus votantes; porque cuando tu socio de investidura prefiere que no haya prórroga en Barcelona, con tal de que se evidencie que tú no gobiernas, ya no tienes 179 diputados; tienes 172. Y con 172 no convalidas ni un decreto de sequía.

Gobernar así es como montar carpas en el puerto de Ceuta mientras la gente sigue en la playa. Puedes aprobar un Consejo de Ministros cada martes; pero cada viernes se te puede caer.

Lo institucionalmente responsable hoy, no es pedir elecciones para quitar al que está y ponerse uno. Lo institucionalmente responsable es exigir, antes de cualquier urna, un Pacto de Estado de 20 años, como el Pacto de Toledo de pensiones, con cuatro puntos que no estaban en ninguno de los dos decretos caídos, y que también expusimos en el artículo anterior(Ley del Suelo para Vivienda asequible, Una Agencia Estatal de Vivienda, Seguridad Jurídica para que vuelva la Oferta y por último, la Financiación).

Nada de eso baja el alquiler mañana. Todo lo baja en 2030. Justo cuando vencía la prórroga que el viernes pasado, Junts tumbó. El viernes, no se cayeron dos decretos; se cayó la mayoría que permitía gobernar. Y cuando eso pasa, la tentación es pedir elecciones para que otro se ponga donde está el que está.

Yo no pido eso; pido lo contrario. Antes de votar, construyamos, una ley, una agencia, un suelo; Si no, iremos a elecciones, cambiaremos de Gobierno y por supuesto, seguiremos sin casas.

Juan Reyes González