El pasado martes, en Madrid, pasó exactamente lo mismo que en Ceuta, pero con pisos. El Consejo de Ministros aprobó el citado martes, dos Reales Decretos Ley de vivienda; no uno, dos. El primero, el que el PSOE cree que puede convalidar el viernes en pleno extraordinario con el apoyo de Junts y PNV: ampliación de la protección frente a desahucios de hogares vulnerables hasta 2030, prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2028, regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, prohibición de compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y financiación a tipo cero para acceso a primera vivienda. El segundo, el que exige Sumar y el Sindicato de Inquilinas acampado en la Puerta del Sol desde el desahucio de Maricarmen, renovación automática de los contratos de alquiler.

De derecho, el Gobierno ha escuchado a la gente, como dijo Pedro Sánchez en la mañana del martes antes mencionado, además de pedir "altura de miras y generosidad" a los diputados para la convalidación. De hecho, no ha ampliado el parque público residencial.

A mi juicio, España no tiene un problema de vivienda, sino tres que ayer se volvieron a evidenciar.

El primero es jurídico. No hay suelo finalista. Un Plan General de Ordenación Urbana tarda como mínimo, entre cuatro y ocho años en aprobarse; en Canarias, no me cabe la menor duda, que algunos más. Mientras discutimos si un decreto dura treinta días (tres en el caso que nos ocupa) o si una medida cautelar dura dieciocho horas, Francia por ejemplo, construye. Francia, aunque supera a España en población joven de 25 a 34 años, 7,6 millones frente a 5,5 según INSEE e INE, inició 373.000 viviendas en 2023. España, 108.000 según MITMA. No es que no haya demanda. Es que no hay dónde construir sin que lo recurra todo el mundo.

El segundo es económico. El INE certifica 3,8 millones de viviendas vacías, y a la vez nos faltan 600.000 de alquiler asequible en Madrid, Barcelona, Málaga, Palma y Las Palmas. ¿Por qué? Porque vacía en Soria no sirve en las Palmas. Y porque la Ley de Vivienda de 2023 desplazó la oferta: el alquiler de larga estancia cayó un 28% en dos años y el de temporada se triplicó. El propietario racional no alquila cinco años a 900 euros si le prorrogan y le topan la renta; alquila once meses a 1.200 o por noches. Regular hoy el alquiler de temporada y habitaciones, como hace el primer decreto, es cerrar un coladero que abrió la propia ley. Es necesario, pero de ninguna manera, suficiente.

El tercero es institucional. Y hoy es el más grave. Quien tiene el dinero, el Estado, no tiene la competencia; la tienen los ayuntamientos y las comunidades. Quien tiene la competencia, no tiene dinero para dar alternativa habitacional. Resultado: prohibimos desahucios hasta 2030, que es humano y urgente tras el caso de Maricarmen, pero trasladamos al pequeño casero, que supera el 85% del parque en alquiler en España, no un fondo, la función social que corresponde al Ayuntamiento. El Tribunal Supremo avaló esa traslación como medida temporal. Si la convertimos en estructural hasta 2030, el casero retira el piso. Prohibir a fondos comprar hasta 2028 es simbólicamente potente, pero los fondos solo compraron el 7% en 2023. El problema no es quién compra. El problema es que no hay qué comprar.

Por eso se trocea en dos decretos lo que es un mismo problema; porque no hay Pacto de Estado. Hubo dos socios de Gobierno que negociaron hasta la una de la madrugada y retrasaron una hora el Consejo de Ministros para no morir en uno. Uno presenta el decreto light para salvar la votación del viernes; el otro presenta el decreto duro para salvar la acampada de Sol. Como la resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre Ceuta: condena la instrumentalización, pero no desaloja la playa. Estos dos decretos condenan el rentismo, pero no hay construcción.

¿Es viable resolver el problema? Sí. Pero creo que no de esta manera. Viable sería lo que hizo Portugal en 2023; todo suelo rústico a 500 metros de ciudad es urbanizable si el 70% es alquiler asequible. En un año licitó 25.000 viviendas. Viable sería la Ley SRU francesa, municipio de más de 3.500 habitantes que no tenga 25% de vivienda social, multa. Viable sería Viena, con 60% de población en vivienda pública en alquiler.

En España, viable serían cuatro cosas que, a mi modo de ver, no están en ninguno de los decretos del pasado martes:

Primero, una Ley de suelo para vivienda asequible exprés. Dos años de tramitación máxima y silencio administrativo positivo si el 50% es alquiler asequible durante cuarenta años, como se hizo con las renovables.

Segundo, una Agencia Estatal de Vivienda. Que el suelo público no se venda. Se ceda en derecho de superficie. El Estado pone el suelo, el privado construye y gestiona cuarenta años con rentabilidad limitada al 6% y luego revierte. Sareb 2.0, pero para alquilar.

Tercero, seguridad jurídica para que vuelva la oferta. Desahucio por impago en tres meses con juicio rápido, y a cambio bonificación del 90% en IRPF si alquilas por debajo del índice.

Cuarto, financiación. El 0,5% del PIB durante diez años, 6.000 millones anuales. Cada euro en construcción genera 2,3 en PIB. No es gasto. Es lo que dedica Francia.

Nada de eso baja el alquiler mañana. Todo lo baja en 2030. Justo cuando vence la prórroga que ayer se aprobó.

El Gobierno hizo ayer, lo que podía hacer: evitar que mañana otra Maricarmen duerma en la calle. Es necesario, pero no es una política de vivienda.

Una política de vivienda no se aprueba en un Consejo de Ministros ni se convalida en un pleno extraordinario de un viernes. Se pacta a veinte años, como el Pacto de Toledo de las pensiones, y no puede ser tumbada al mes siguiente ni paralizada dieciocho horas por un juzgado.

De derecho, hoy tenemos dos decretos más. De hecho, seguimos sin suelo, sin agencia y sin pacto, como en Ceuta; tenemos carpas en el puerto y gente en la playa. En fin, en el caso que nos ocupa, tenemos BOE y no tenemos casas.
 

Juan Reyes González