La derecha canaria (CC/PP) se estrella con su política de vivienda

Eloy Cuadra

[Img #6976] ¿Tendrá algo que ver el fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno de Canarias con la manera en que la Televisión Pública Canaria decidió abordar este problema el pasado jueves en La Retranca? La pregunta no es gratuita. Cuando Canarias está a punto de colapsar socialmente por el problema de la vivienda, ese programa que pretende ser serio decide sentar frente a la cámara, para hablar precisamente de este problema, al propietario de una "empresa" de desocupación famosa por sus métodos algo salvajes e intimidatorios contra personas que ocupan inmuebles. Y aquí cada cual que piense lo que quiera, pero yo lo tengo claro: es una burda manera de desviar el foco de la responsabilidad de nuestras administraciones y ponerlo sobre la pobre gente que no tiene dónde vivir y se ve obligada a mantenerse en una vivienda o a ocuparla. Así que vamos a centrar el foco y ver de qué manera las derechas canarias están fracasando con esas políticas liberales de vivienda que tanto pregonan.

La fórmula mágica de las derechas imagino que ya la conocen, pasa por construir, construir y construir. Tocar a los especuladores, a los buitres, a la vivienda vacía o a los inversores ricos: ¡noooo, eso no! A ellos les gusta el ladrillo nuevo, procurando, eso sí, que quien construya y gane sea siempre el empresario privado, a los que hay que ofrecerles todas las facilidades del mundo (cesión de suelo, ventajas urbanísticas, subvenciones, menos trabas burocráticas, incentivos fiscales y todo tipo de facilidades para que los promotores privados construyan vivienda protegida). Vivienda de protección oficial, la llaman, con la etiqueta de "asequible"; vivienda pública no, que eso es de comunistas y acaban siendo barrios de pobres, dicen sus señorías. Pero, ¡vaya por dios: la fórmula tampoco funciona! Y mira que para conseguirlo no han escatimado en imaginación legislativa.

Así, en 2024 llegó el Decreto-ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, con suelo público, cambios de uso, más edificabilidad, menos trámites y nuevas fórmulas para facilitar que operadores privados construyeran y gestionaran vivienda protegida. Incluso se habilitó la posibilidad de constituir derechos de superficie a favor de empresas privadas para construir y gestionar viviendas protegidas en alquiler.

Unos meses después llegó el incentivo económico, y en agosto de 2024 el Gobierno de Canarias anunció dos millones de euros en subvenciones para promover vivienda protegida privada destinada al alquiler. Como parece que dos millones no eran suficientes para animar al mercado, en noviembre se amplió la convocatoria en otros dos millones, hasta alcanzar los cuatro millones de euros. Pero, lástima, la cosa no marchó.

En 2025 volvieron a ampliar la receta con nuevas ayudas, adaptando la RIC para favorecer a los empresarios para que coloquen sus impuestos no pagados en inversiones vinculadas a la vivienda en Canarias, y con la llamada vivienda "asequible" incentivada, otra fórmula para que el sector privado incorpore viviendas al mercado mediante ventajas y facilidades, otro engaño. El truco está en el apellido: se llama "asequible", porque le rebajan un poquito el alquiler, por unos cuantos años, a un porcentaje del total del edificio, pero la vivienda sigue siendo privada. Acabado el plazo, al carajo la protección y el inquilino. Pero el señor Pablo Rodriguez (CC), el Consejero de Vivienda, estaba tan convencido con el invento de la vivienda "asequible" incentivada que hasta se fue a la Península para anunciarlo. Pero qué mala sombra: el invento tampoco funcionó.

Y en 2026, empecinadas sus señorías con su magistral fórmula, más de lo mismo, con un nuevo Decreto-ley, el 5/2026, que vuelve a modificar el modelo y amplía hasta siete veces el IPREM el límite de ingresos de quienes pueden acceder a la denominada vivienda "asequible" incentivada. A ver si tirando para gente de clase media-alta les vale a las constructoras. Y bueno, por si con todo eso no basta, deciden rebajar la protección de las viviendas privadas y "asequibles", de diez años a solo siete. Transcurrido ese plazo, el edificio entero pasa a ser libre, para que el promotor privado lo venda o alquile a quien le dé la gana.

El problema es que después del cuento de la lechera llega la realidad, porque una cosa es aprobar decretos, inventarse nuevas categorías de vivienda, anunciar incentivos y ponerse medallas en las ruedas de prensa, y otra muy distinta es conseguir que alguien construya. Los datos son desoladores, para ellos claro. Otros no nos sorprendemos tanto.

Y aquí son los propios constructores canarios los que nos dan la cifra: 322 obras públicas quedaron desiertas en Canarias entre 2025 y junio de 2026, según la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas. En total, 456,66 millones de euros que las administraciones habían puesto sobre la mesa y que se quedaron sin movilizar porque ninguna empresa quiso o pudo asumir esas obras en las condiciones ofrecidas. La patronal apunta directamente a unos presupuestos de licitación que, en muchos casos, están por debajo de los precios reales del mercado. Todo esto, lo leíamos en eldiario.es del pasado 28 de julio. Es el mercado diciéndoles a nuestras señorías de CC y PP que con estos precios, estas condiciones y estos costes, ellos no construyen.

Una muestra llamativa de este fracaso: el Ayuntamiento de Mogán sacó a concurso la construcción y gestión de 202 viviendas asequibles, y el procedimiento ha quedado desierto dos veces. tan mal lo ven que la alcaldesa de Mogán ha llegado a decir que construir vivienda por esta vía es una quimera.

Y luego están las ayudas al alquiler joven, esa otra gran ocurrencia con la que pretenden resolver el problema de quienes no pueden pagar un alquiler: darles 250 euros al mes y confiar en que aparezca una vivienda donde meterlos. El problema es que si no hay vivienda disponible a precios razonables, subvencionar al inquilino no crea una sola vivienda más. Y hay además otra cuestión que convendría explicar. En un mercado con una oferta de alquiler insuficiente y una demanda enorme, poner más dinero público en el bolsillo de los inquilinos sin aumentar la oferta puede acabar trasladándose, al menos en parte, a los precios de los alquileres. Es decir, la medida es inflacionista, y acaba subvencionando al propietario en lugar de ayudar realmente al joven. Y ello en el mejor de los casos, porque si no hay vivienda, es como sacar una subvención millonaria para que los jóvenes canarios estudien para ser astronautas. Así que volvemos a lo mismo: dinero público para intentar que la gente pueda pagar una vivienda que no existe a un precio que pueda pagar. Sencillamente, nos toman el pelo, otra vez.

Lo más sangrante es que el problema ha alcanzado también a la propia vivienda pública. Los constructores privados han dicho que no les salen las cuentas y no construyen, ni privada ni pública ni lo que se inventen. Y no hablamos solo de vivienda. Recientemente, dos de las grandes obras públicas previstas en Canarias han corrido la misma suerte. Así, en julio quedó desierta la licitación para la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria, una actuación imprescindible de cara al Mundial de 2030, con un presupuesto de 174,7 millones de euros. No se presentó ni una sola empresa. Y hace apenas unos días ocurrió algo todavía más llamativo: ninguna constructora presentó oferta para la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur, una de las mayores obras públicas licitadas este año en España. Presupuesto: 464 millones de euros, con ocho años de ejecución. Cero ofertas.

Dos obras estratégicas, cientos de millones de euros sobre la mesa y ni una sola empresa dispuesta a coger el contrato. Es evidente que el modelo no funciona. Pero todavía hay más. Para muestra la promoción de 134 viviendas públicas en Tenerife: 51 en Adeje, 24 en Guía de Isora y 59 en Arona. Llevan tiempo intentando ponerlas en marcha, pero quedó desierta la primera licitación, valorada entonces en 23,8 millones de euros. Hace poco volvieron a sacar las obras a licitación por 29,85 millones de euros, sin IGIC. Es decir, casi seis millones de euros más que en la primera licitación para construir exactamente las mismas 134 viviendas. Si hacemos la cuenta: 29,85 millones entre 134 viviendas, son 222.742 euros por vivienda. ¡Agüita! Luego nos explicarán que el problema de la vivienda es que los jóvenes no pueden pagar el alquiler.

Y aquí es donde conviene mirar un momento hacia fuera. Porque de nuevo, las cosas no están tan mal en otras Comunidades Autónomas, donde disponen de empresas públicas especializadas capaces de promover, diseñar, licitar, dirigir y gestionar vivienda. En Canarias sin embargo, ni Visocan ni el ICAVI, ni los cabildos ni los ayuntamientos hacen absolutamente nada, solo ponen la pasta -nuestra pasta-, y a esperar a que venga el constructor a hacerlo todo. Y claro, así las cuentas no salen.

A modo de ejemplo, Navarra tiene Nasuvinsa; Euskadi, Visesa; la Comunitat Valenciana, EVHA. Y los números resultan bastante elocuentes. En Vitoria-Gasteiz, Visesa promovió 152 viviendas protegidas en alquiler con una inversión total de 17,7 millones de euros, incluidos gastos indirectos, financieros e impuestos: unos 116.000 euros por vivienda. En Valencia, EVHA adjudicó las obras de 184 viviendas protegidas en alquiler por 18,3 millones de euros, unos 99.500 euros por vivienda, IVA excluido. Y Navarra, a través de Nasuvinsa, continúa licitando promociones de vivienda pública y acumulando una estructura técnica capaz de hacerlo de manera continuada. En 2024, por ejemplo, licitó 92 VPO de alquiler por unos 19,9 millones de euros. Incluso en Ibiza, top español en vivienda cara, las hay públicas más baratas. Y aunque no son cifras directamente comparables en todos sus extremos, sobre todo porque Canarias está más lejos, sí que nos sirven para poner una cosa encima de la mesa: igual pagar 222.742 euros por vivienda es demasiado, suficiente para que sus señorías del PP y Coalición Canaria se den cuenta que su invento no funciona. ¿Cuál será el próximo incentivo a los empresarios, vacaciones en Cancún con todos los gastos pagados para la empresa entera?

¿Entienden la diferencia? En otras CCAA la administración no se limita a poner dinero, suelo y facilidades a disposición del mercado, tienen músculo técnico suficiente para promover directamente, licitar con conocimiento de los costes reales, acumular experiencia y mantener las viviendas dentro del patrimonio público. No se trata de que los funcionarios se conviertan en albañiles, las obras las siguen haciendo empresas privadas, pero es la administración la que decide cómo y qué se construye, cuándo y dónde se construye, cuánto se paga y quién se queda finalmente con las viviendas. Y por cierto, en otras Comunidades también miran a la vivienda vacía: en Canarias dicen que hay unas 211.000, de momento, a disposición de los buitres.

Y mientras tanto, ¿qué tenemos en Canarias con la legislatura casi acabada? Pues, hace tres meses el propio Gobierno de Canarias reconocía que apenas habían salido 248 viviendas públicas en toda la legislatura, por no contar que algunas venían proyectadas ya de la anterior legislatura, frente a una demanda real que roza los 37.000 inscritos. Y lo de la vivienda "asequible" incentivada ya lo han visto: Onalia Bueno dice que es una quimera.

En fin, como suelo decir en estos casos: "no hay más preguntas, Señoría". Entre tanto, aquí seguimos, pendientes de ver cómo nos distrae esta semana la Televisión Pública Canaria.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.