Estrasburgo, Ceuta y la mayoría venezolana...

... qué dice y qué rompe la resolución del 17 de septiembre

En este artº, vamos a intentar analizar el acuerdo del Parlamento Europeo sobre la crisis de Ceuta, que dicho sea de paso, fue aprobado con 339 votos de PPE, Renew, ECR y Patriotas.

El acuerdo que citamos arriba se aprobó el pasado jueves 17 del mes en curso, en Estrasburgo; una resolución sobre Ceuta, que si no me falla la memoria, no tiene precedentes, y no precisamente por su contenido humanitario, en tanto que, todas las resoluciones sobre Ceuta lo tienen; sino por su arquitectura política; creo que es la primera vez que la Eurocámara habla de Ceuta sin consenso entre populares y socialistas, y con los votos determinantes de la derecha y la ultraderecha; 339 a favor, 225 en contra, 16 abstenciones. PP y Vox a favor; PSOE, PNV, Sumar, Podemos, Verdes y La Izquierda, en contra; de modo que esa foto, ya es un hecho político.

Para entender qué se aprobó, creo que lo mejor sería tratarlo en tres partes separadas que, a mi juicio, deben ser: lo que reconoce, lo que exige y lo que rompe.

Lo que reconoce por primera vez, es que Europa llama invasión a lo de Ceuta; cuando desde 2021, el lenguaje oficial europeo sobre Ceuta había sido “presión migratoria”. A partir del pasado día 17 del vigente mes de septiembre, el Parlamento ya hablaba, literalmente, de “invasión” y de “instrumentalización de la migración como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.

Esto no tiene nada que ver con la retórica; ya que en derecho europeo, calificar un hecho como guerra híbrida activa el artículo 4 del Tratado de la UE, solidaridad mutua, y permite activar la cláusula de protección de infraestructuras críticas, FRONTEX reforzado y el uso del Fondo de Emergencia. Hasta el pasado jueves, Marruecos era un “socio que debía cooperar”. Desde el pasado día 17 del mes en curso, para la Eurocámara, es un actor que usa a seres humanos, según un periódico digital, para desestabilizar una frontera exterior.

Por esa regla de tres, ahora mismo, Ceuta deja de ser un problema español para ser un problema europeo; o sea, que si Marruecos ataca a Ceuta, ataca a la frontera de Schengen; obligando ello, a la Comisión a posicionarse, permitiendo además, por primera vez, poner sobre la mesa la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que supone 1.400 millones anuales. Hay que decir, que hasta ese punto, no se había llegado nunca; ni tan siquiera en 2021.

Pero, también hay que decir, que la resolución no es vinculante, y Marruecos no ha reaccionado a resoluciones europeas desde 2021. Además, calificar de “invasión” a 80.000 personas, de las cuales 3.000 son menores, complica jurídicamente lo que el propio texto pide después; o sea, devoluciones con garantías. Y es que no se puede decir que es una invasión militar y luego pedir que se aplique el procedimiento de extranjería individual.

Lo que sigue ahora, es la parte correspondiente a lo que exige; que viene a ser, nada más y nada menos, que: devoluciones rápidas y señalar al Gobierno español.

Y es aquí, donde, a mi juicio está la novedad y el veneno. Lo que pide la resolución son tres cosas operativas: La ejecución de devoluciones rápidas y blindaje fronterizo; el uso inmediato por España de los 114,7 millones de emergencia que la Comisión ya ha transferido y la cooperación plena con la investigación judicial de la magistrada Tardón en la Audiencia Nacional. Y junto a todo eso, incorpora un considerando que el PSOE no pudo aceptar, bajo ningún concepto, que recoge lo que sigue: que las “advertencias reiteradas de los servicios de inteligencia fueron ignoradas, y que los retrasos en la solicitud de ayuda europea y decisiones políticas agravaron la crisis”, con mención expresa a la regularización extraordinaria de 500.000 personas aprobada por el Gobierno en 2026 como “factor de atracción con efecto llamada”, respaldando así la carta que 22 líderes europeos enviaron a Bruselas criticando esa regularización.

Exigir que se usen los 114,7 millones no es ideología, es gestión. Entienden que a día de hoy, se tenía haber ejecutado una cantidad de millones más cercana al importe antes expresado. Y pedir que se colabore con la juez Tardón, es defender la separación de poderes, después de su decisión de prohibir a Interior conocer su propia investigación; o sea, que Interior debe colaborar con la Jueza, dejando que lo investigue, aunque le duela, sin que este ministerio sepa por donde va; en tanto que, eso es separación de poderes.

Pues bien; ni que decir tiene, que está muy claro, que el texto se contradice a sí mismo; en tanto que, pide “devoluciones rápidas” el mismo mes en que el Tribunal Supremo, resolvió el 8 de julio, prohibir las devoluciones exprés sin abogado e intérprete individual. Y es por ello, que pedir rapidez sin reforma del procedimiento de retorno europeo es, pedir a España que incumpla su propia jurisprudencia. Y señalar la regularización como “efecto llamada” es jurídicamente débil, porque las personas que entraron el 30 y 31 de julio no podían saber que se regularizaría en septiembre a personas que llevan dos años en España. Es un argumento político, no causal.

Y llegamos a la última parte, con lo que rompe; y lo que se rompe es el cordón sanitario y la doctrina de Ceuta. Este, es para mí, es el punto más institucional y el más grave.

En 2021, tras la entrada de 12.000 personas, el Parlamento aprobó una resolución conjunta PPE-S&D-Renew, condenando a Marruecos todos juntos. Esa era la doctrina Ceuta; la frontera es de todos.

El pasado jueves, la ponente socialista Iratxe García, puso como línea roja no criticar al Gobierno español. El PPE de Manfred Weber y Dolors Montserrat, puso como línea roja no alabar a Marruecos por su “cooperación en retornos”, como dicen que quería el PSOE. Sin acuerdo, el PPE activó la “mayoría venezolana”: PPE + liberales + ECR de Meloni + Patriotas de Le Pen y Vox + ESN de AfD.

Para el PP español, el resultado es que Europa habla de Ceuta, cosa que, según ellos, el Gobierno no quería para no molestar a Rabat. Y obtiene una foto con el comisario Magnus Brunner diciendo que comparte el “retorno inmediato, conforme a legislación nacional y europea”. En clave nacional, le permite decir que Europa avala su relato de invasión.

Por contra, el coste institucional es alto; porque los socialistas han amenazado con romper el acuerdo de legislatura que sostiene a Von der Leyen (PPE, S&D y Renew) si el PPE sigue votando con ultras. Ceuta ha sido el ejemplo. Además, la resolución, al ser aprobada por la derecha y la ultraderecha, pierde fuerza ante Marruecos, que ya la ha descalificado como “texto de la extrema derecha española”. Lo que en 2021 fue una posición de toda Europa, en 2026 es una posición de parte de Europa.

Y lo más importante para Ceuta: no resuelve nada mañana. No trae un barco, no trae un juez de refuerzo para identificar a los 1.000 menores sin filiar, no ordena nada sobre el campamento, no obliga a ningún juez español a dejar de paralizar obras. El campamento se desbloqueó porque la Audiencia Nacional cambio de criterio, no porque Estrasburgo lo pidiera.

Para acabar, he decir que la resolución de Estrasburgo es perfecta de derecho, porque, reconoce la agresión, exige soluciones y señala negligencias; pero esta misma resolución, de hecho, no se podrá ejecutar, porque pide rapidez donde el Supremo pide procedimiento, que señala a Marruecos pero necesita a Marruecos para devolver, y que une a Europa contra Marruecos dividiendo a Europa entre sí. Ceuta no necesita que Europa diga lo que le pasó, porque ya lo sabe. Lo que necesita es que Europa diga cómo se desaloja una playa con 1.700 personas sin que un juzgado lo pare, como se ha visto, 18 horas después.

Juan Reyes González