Cuando quienes cuidan a la sociedad también necesitan ser cuidados

Hay trabajos que no siempre aparecen en las estadísticas ni ocupan grandes titulares, pero que sostienen una parte fundamental de nuestra sociedad. Son aquellos relacionados con la atención social, con el acompañamiento a personas mayores, la intervención con familias, el apoyo a personas con discapacidad, la educación social, la prevención o la integración de colectivos que atraviesan momentos difíciles.

Detrás de cada servicio social existe una persona. Una persona que escucha, acompaña, orienta, interviene y, muchas veces, se convierte en un apoyo imprescindible para quienes necesitan ayuda. Pero detrás de esa primera realidad existe otra que pocas veces se visibiliza: la situación laboral de quienes realizan esa labor.

Durante los últimos años, muchas entidades sociales han asumido la gestión de programas financiados por administraciones públicas. La colaboración entre instituciones y organizaciones del tercer sector ha permitido desarrollar proyectos que llegan a muchas personas y que, en numerosos casos, responden a necesidades que requieren cercanía, experiencia y especialización.

Sin embargo, precisamente por la importancia de estos servicios, resulta necesario abrir un debate sobre cómo se estructura este modelo y sobre las condiciones de quienes lo hacen posible.

Porque una pregunta empieza a repetirse entre algunos profesionales del sector: ¿quién cuida a quienes cuidan?

La realidad laboral de muchos trabajadores sociales y profesionales vinculados a estos servicios está marcada, en ocasiones, por contratos asociados a proyectos concretos, jornadas reducidas, periodos de actividad limitados o incertidumbre sobre la continuidad laboral. Modalidades como el contrato fijo discontinuo pueden ser una herramienta adecuada cuando responden a actividades realmente intermitentes, pero su aplicación debe analizarse siempre desde la perspectiva de la estabilidad y la protección del trabajador.

La situación se vuelve especialmente compleja cuando una persona recibe un llamamiento para incorporarse a un servicio con una jornada muy reducida o unas condiciones económicas que no permiten cubrir necesidades básicas. En esos casos aparece un conflicto entre la necesidad de mantener un vínculo laboral y la realidad económica de quien debe aceptar ese trabajo.

Porque detrás del trabajador también existe una vida. Hay una vivienda, una familia, gastos cotidianos y una necesidad legítima de disponer de unos ingresos suficientes para vivir.

No se trata de cuestionar la labor de las entidades sociales. Muchas organizaciones realizan un trabajo extraordinario, con profesionales comprometidos que dedican grandes esfuerzos a mejorar la vida de otras personas. Tampoco se puede ignorar que muchas de ellas trabajan con presupuestos ajustados y con una gran dependencia de las convocatorias públicas.

Pero precisamente porque hablamos de servicios esenciales, la sociedad tiene derecho a preguntarse cómo se gestionan esos recursos y qué parte de ellos permite garantizar equipos profesionales estables.

Cuando una administración pública adjudica un servicio social, la evaluación no debería limitarse únicamente al número de usuarios atendidos o al cumplimiento de los objetivos del proyecto. También debería contemplar las condiciones de las personas que desarrollan ese trabajo.

Porque un servicio social no funciona únicamente con programas, documentos o memorias técnicas. Funciona con personas.

Un profesional que atiende situaciones de vulnerabilidad necesita sentir que también cuenta con una estructura que le protege. La precariedad de quienes trabajan en la atención social puede terminar afectando indirectamente a la calidad del propio servicio, porque la estabilidad, la motivación y la continuidad de los equipos son elementos fundamentales para generar confianza con las personas usuarias.

Además, existe otro aspecto que merece una reflexión: cuando una entidad asume nuevos servicios o amplía su actividad, resulta necesario analizar si cuenta con los recursos humanos suficientes para garantizar una atención adecuada o si, por el contrario, se acaba dependiendo de plantillas ajustadas al límite, donde los mismos profesionales deben asumir cada vez más responsabilidades.

La eficiencia económica no debería ser el único criterio para valorar un servicio social. La atención a las personas requiere calidad, pero también requiere dignidad laboral.

Quizás ha llegado el momento de mirar el sistema desde una perspectiva más amplia. No basta con preguntarnos cuántos programas existen o cuánto dinero se destina a ellos. También debemos preguntarnos quiénes están detrás de esos programas y en qué condiciones trabajan.

Porque una sociedad que quiere proteger a las personas más vulnerables debe empezar por proteger también a quienes dedican su vida profesional a acompañarlas.

Cuidar a la sociedad empieza por cuidar a quienes cada día trabajan para hacerla mejor.

Vidal Bolaños Betancort