La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España, Isabel Alfaro, se enfrenta a una multa de 4050 euros por calificar de asesinato la muerte de Abdodulie Bah, un joven gambiano abatido a tiros por la Policía en 2025 a la entrada del aeropuerto de Gran Canaria tras amenazar con un cuchillo a varias personas. Multar por decir lo que se piensa no es la solución y menos cuando unos hablan libremente y otros son los sancionados.



























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