Gáldar entrega lo público y la universidad privada hace negocio

El Ayuntamiento de Gáldar ha decidido presentar como una conquista histórica lo que, despojado de fotografías, discursos y palabras grandilocuentes, consiste en abrir las instalaciones y los servicios municipales a una universidad privada. Lo público pone los edificios, los recursos, los profesionales y hasta las personas usuarias de los servicios sociales; la universidad privada amplía su actividad, capta alumnado y cobra las matrículas. Después llaman a eso progreso.

 

El convenio contempla que estudiantes realicen prácticas en el Centro Ocupacional, el Centro de Día, la Residencia Municipal y otros recursos sostenidos con el dinero de toda la ciudadanía. También permitirá el uso académico de la pista de atletismo y de otras instalaciones deportivas municipales. Gáldar aporta patrimonio público, servicios públicos y medios públicos. La universidad privada ofrece, a cambio, un descuento del 10% en la matrícula para quienes acrediten diez años de residencia en el municipio. La transformación histórica del Norte, al parecer, consiste en presentar una rebaja comercial como si fuera una política educativa.

 

Una administración que se define como progresista debería fortalecer lo público, defenderlo y ampliarlo. Su obligación no es facilitar nuevos mercados a entidades privadas, sino exigir que la educación pública llegue a todos los territorios y a todas las familias. Si el Ayuntamiento dispone de instalaciones, recursos y voluntad política para convertir Gáldar en una ciudad universitaria, tendría que ponerlos al servicio de una gran reivindicación colectiva: una sede pública para el Norte de Gran Canaria, vinculada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y accesible para cualquier estudiante, con independencia del dinero que tenga su familia.

 

Porque una matrícula privada con un 10% de descuento sigue siendo una matrícula privada. Para una familia trabajadora que ya hace malabarismos para pagar la compra, la luz, el transporte y la vivienda, la diferencia entre abonar el 100% o el 90% no convierte esos estudios en accesibles. La igualdad de oportunidades no se construye repartiendo cupones de descuento. Se construye con educación pública, becas suficientes, transporte digno y titulaciones cercanas que no obliguen a las familias a endeudarse o a renunciar.

 

Resulta especialmente grave que esta operación se anuncie mientras los alquileres están expulsando a muchos jóvenes de su propia tierra. Cada vez cuesta más encontrar una vivienda a un precio asumible y crece el alquiler de habitaciones en pisos compartidos como única salida para quienes no pueden pagar una casa completa. Habitaciones pequeñas, contratos precarios y precios desproporcionados se han convertido en el nuevo paisaje de una generación a la que se le pide estudiar, trabajar, emanciparse y formar un proyecto de vida sin ofrecerle siquiera un techo estable.

 

La posible llegada de actividad universitaria puede aumentar todavía más la demanda de habitaciones y viviendas. Sin un parque público de alquiler, sin residencias asequibles y sin una estrategia municipal que proteja el derecho a vivir en Gáldar, esa presión terminará convirtiéndose en otra oportunidad para la especulación. Algunos descubrirán que resulta más rentable dividir un piso y alquilar cada habitación por separado. Los precios continuarán subiendo y quienes llevan toda la vida aquí tendrán que competir por una vivienda en el mismo municipio en el que nacieron.

 

Nos pueden terminar echando de nuestra propia tierra y todavía habrá una rueda de prensa para explicarnos que Gáldar avanza. Avanzarán los precios, avanzará la especulación y avanzará el negocio privado, mientras las familias trabajadoras retroceden.

 

Después dirán que la vivienda depende de otras administraciones, que el mercado es muy complicado y que el Ayuntamiento carece de competencias. Para facilitar instalaciones municipales a una universidad privada sí aparecen voluntad, reuniones y convenios; para levantar vivienda pública y exigir una universidad pública, todo son dificultades administrativas.

 

¿Para esto sirve un gobierno progresista? ¿Para que lo público prepare el terreno y lo privado recoja los beneficios? ¿Para entregar instalaciones financiadas por toda la ciudadanía mientras estudiar continúa dependiendo de la cuenta corriente familiar? ¿Para presentar una bonificación como justicia social y una posibilidad sin proyecto, presupuesto ni calendario como una futura sede universitaria?

 

La palabra “futura” vuelve a realizar su función habitual en la propaganda municipal. Permite prometer sin concretar, anunciar sin presupuestar y celebrar sin haber construido nada. No existe una sede definida, no se conocen las titulaciones que se impartirían, no hay calendario y tampoco se explica cuánto costará al Ayuntamiento. Sin embargo, ya se proclama la aspiración de convertir Gáldar en ciudad universitaria. Aquí primero se coloca el titular y después, si queda tiempo, se busca el proyecto.

 

La izquierda obrera de Gáldar debería levantar la voz ante esta perversión de lo público. Defender la universidad no significa aceptar cualquier modelo universitario. Significa garantizar que la hija de una limpiadora, el hijo de un agricultor, una familia con dos salarios modestos o una persona desempleada puedan acceder a una carrera sin hipotecar su futuro. Si la educación superior se convierte en un producto reservado para quien puede pagarlo, no existe progreso: existe selección por renta.

 

La gran noticia no sería que una universidad privada encuentre en Gáldar instalaciones, alumnado y oportunidades para extender su negocio. La gran noticia sería que Gáldar encabezara una alianza de los municipios de la comarca para reclamar una Universidad pública del Norte de Gran Canaria. Un verdadero proyecto público con titulaciones vinculadas a las necesidades del territorio, becas, transporte, investigación, residencias asequibles y oportunidades para que nuestra juventud pueda formarse sin abandonar la comarca.

 

Eso exigiría enfrentarse políticamente al Gobierno de Canarias, negociar con la universidad pública y defender los intereses del Norte con algo más que fotografías. Exigiría abandonar la comodidad del convenio fácil y emprender una batalla colectiva por la igualdad territorial. Pero parece que resulta más sencillo extender una alfombra municipal a la iniciativa privada y después disfrazarla de política progresista.

 

¿Dónde está la izquierda verdadera mientras todo esto sucede? ¿Dónde está la oposición que debería explicar a la ciudadanía que cada vez se entrega una parte mayor de nuestros derechos y servicios a intereses privados? Privatizado el acceso a la vivienda mediante un mercado que expulsa a las familias; privatizada la educación para quienes puedan pagarla; privatizados servicios mientras el patrimonio municipal se pone a disposición del negocio ajeno. Aquí todo se externaliza, se cede o se convierte en una oportunidad empresarial, pero casi nadie levanta la voz.

 

La oposición parece haber aceptado el papel de espectadora silenciosa del gobierno municipal, incapaz de ofrecer una alternativa reconocible y de defender sin complejos la vivienda pública, la educación pública y unos servicios gestionados desde lo público. Si quienes dicen representar a la izquierda no denuncian que el dinero y los recursos de todos están abriendo camino a intereses privados, habrá que preguntarles qué significa ya para ellos ser de izquierdas.

 

Las administraciones públicas no están para hacer de comerciales de empresas educativas. Están para garantizar derechos. No deben utilizar los recursos de todos para ayudar a vender matrículas, sino para conseguir que estudiar no sea un privilegio. No están para sustituir una política universitaria pública por una rebaja del 10%, ni para convertir los servicios municipales en escaparates de una entidad privada.

 

Gáldar entrega lo público y la universidad privada hace negocio. Esa es la noticia que intenta esconderse detrás del lenguaje institucional. Todo lo demás son descuentos, promesas y otra fotografía del ayuntamiento de la purpurina.