Cuando la ciudadanía va por libre, pierde

Hay una idea bastante extendida: vivimos en un Estado de derecho, existen leyes, procedimientos administrativos y organismos públicos encargados de proteger el interés general. Por tanto, si un proyecto puede afectar seriamente a nuestro entorno o a nuestra calidad de vida, confiamos en que alguien se encargará de comprobar que todo se hace correctamente.

La experiencia de la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya nos está enseñando que las cosas no son tan sencillas.

De un lado, una empresa, integrada en un gran grupo empresarial, con capacidad económica para contratar abogados, ingenieros, consultores y profesionales especializados en moverse por la Administración. Del otro, vecinos y vecinas que trabajan, tienen familia y obligaciones y que, de repente, tienen que aprender qué es una evaluación ambiental, dónde se encuentra un expediente o cuánto tiempo tiene una administración para contestarles.

La comparación con David y Goliat puede parecer un tópico, pero algunas veces los tópicos describen bastante bien la realidad. La diferencia de recursos es brutal. Y mientras David aprende dónde se registra un escrito, Goliat conoce perfectamente el procedimiento.

La planta proyectada por Conagricán en La Atalaya se tramitó mediante una evaluación de impacto ambiental simplificada. La diferencia con una evaluación ordinaria no es menor. En la ordinaria, el proyecto y su estudio ambiental deben someterse a un trámite de información pública para que cualquier persona pueda conocerlos y presentar alegaciones. En la simplificada, en cambio, no existe un trámite general equivalente abierto a toda la ciudadanía: la Administración consulta principalmente a los organismos afectados y a las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas, las que ella decida. En la práctica, esto reduce considerablemente las posibilidades de que los vecinos conozcan el proyecto mientras todavía se está evaluando y puedan intervenir desde el principio.

Cuando buena parte de los vecinos conocimos lo que se estaba tramitando, el expediente llevaba ya bastante recorrido. Entonces comenzó nuestra particular carrera para intentar recuperar el terreno perdido: localizar documentos, leer proyectos técnicos, estudiar legislación, presentar escritos, pedir reuniones, formular alegaciones y controlar plazos. Personas que hasta entonces no tenían ningún motivo para saber qué era una APCA, una autorización de residuos o un informe de impacto ambiental han tenido que aprenderlo sobre la marcha.

Y aquí aparece otro problema del que se habla bastante menos cuando se presume de participación ciudadana: participar cuesta tiempo, esfuerzo y dinero.

Un ejemplo resume bien la situación.

El 30 de junio solicitamos formalmente a la Dirección General de Calidad Ambiental información relacionada con la autorización de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera de la planta y acceso a la documentación del expediente. Más de dos meses después hemos tenido que acudir al Comisionado de Transparencia de Canarias para intentar obtenerla.

No pedimos ningún favor. Pedimos documentación pública relacionada con un proyecto que puede afectar directamente al lugar donde vivimos.

Algo parecido ocurre con la interlocución política.

Llevamos meses solicitando una reunión con el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Queremos explicarle personalmente nuestras preocupaciones y trasladarle la oposición que existe en La Atalaya. Hemos presentado más de 6.000 firmas. Hemos registrado escritos. Hemos pedido la reunión por las vías establecidas.

Hasta ahora, nada.

Mientras esperamos que alguien encuentre un hueco para escucharnos, los expedientes relacionados con el proyecto siguen avanzando. Y aquí es donde empieza a entenderse algo que desde fuera puede resultar incómodo.

A veces hay que armar follón.

Preferiríamos no tener que hacerlo. Sería bastante más sencillo presentar un escrito, recibir una respuesta razonada, sentarse alrededor de una mesa y discutir con argumentos.

Pero ¿qué ocurre cuando presentas los escritos y no contestan? ¿Cuándo solicitas documentación y tienes que reclamar para conseguirla? ¿Cuándo miles de personas muestran su rechazo y, aun así, no consiguen sentarse con quien tiene responsabilidades directas sobre las decisiones que se están adoptando?

Entonces manifestarse, concentrarse, acudir a los medios, llenar una plaza o hacer políticamente incómodo el silencio deja de ser una exageración. Se convierte en una de las pocas herramientas que le quedan a la ciudadanía para conseguir que la escuchen.

No debería ser necesario, pero demasiadas veces lo es.

Nuestra historia está llena de derechos que hoy consideramos normales y que no aparecieron porque quienes tenían el poder decidieran concederlos amablemente. Hubo que reclamarlos, organizarlos y pelearlos. El derecho al voto, los derechos laborales, los servicios públicos, la igualdad o las conquistas vecinales que mejoraron nuestros barrios tuvieron detrás personas que decidieron dejar de aceptar que las cosas eran así porque siempre habían sido así.

Ningún derecho importante se consolida simplemente pidiéndolo. Para defender derechos hace falta ejercerlos y, muchas veces, luchar por ellos. Y para luchar en condiciones tan desiguales hace falta organización. Eso es, probablemente, lo más importante que hemos aprendido en La Atalaya.

Una persona aislada puede indignarse, presentar un escrito o protestar en redes sociales. Una comunidad organizada puede repartir trabajo, conseguir asesoramiento, estudiar miles de páginas, presentar recursos, hablar con periodistas, convocar movilizaciones y obligar a quienes toman decisiones a mirar hacia un problema que hasta entonces podían ignorar.

Ahí cambia la relación de fuerzas.

Seguimos teniendo muchos menos recursos económicos que quienes promueven este proyecto. No podemos competir con una gran empresa en dinero ni en estructura profesional.

Nuestra fuerza está en otra parte.

Está en miles de firmas. En la gente que acude a una manifestación. En quienes dedican sus tardes a revisar documentos. En quien reparte un cartel. En quien pregunta. En quien reclama. En quien decide que su barrio no es simplemente el lugar donde duerme, sino algo que merece la pena defender.

Por eso la organización ciudadana importa tanto.

Votar cada cuatro años es imprescindible, pero la democracia no termina al introducir una papeleta en una urna. También consiste en vigilar, preguntar, exigir explicaciones y plantar cara cuando las instituciones dejan de escuchar.

No sabemos cómo terminará la batalla contra la planta de biogás de La Atalaya.

Sabemos que enfrente hay muchos más recursos.

Pero también sabemos algo que hace un año quizá no teníamos tan claro: cuando un pueblo se organiza, la diferencia entre David y Goliat deja de ser únicamente el tamaño.

En las próximas semanas habrá nuevas acciones y movilizaciones. Necesitaremos más personas.

No hace falta ser abogado, ingeniero ni especialista en medio ambiente. Hace falta entender que lo que ocurre en nuestro territorio también depende de lo que estemos dispuestos a hacer para defenderlo.

Porque cuando la ciudadanía va por libre tiene muy pocas posibilidades frente a quienes disponen de dinero, estructura y conocimiento.

Cuando se organiza tampoco tiene garantizada la victoria.

Pero deja de ser una suma de vecinos aislados.

Y empieza a convertirse en un pueblo capaz de plantar cara.

Cosme Vega Reyes