Canarias en venta: pactos, sillones y abandono

Las derechas canarias han vuelto a tomar las riendas del Gobierno de Canarias a pesar de haber perdido las elecciones por casi 47.000 votos. Una paradoja que vuelve a poner de manifiesto que, para algunos, la voluntad expresada en las urnas parece tener una importancia relativa cuando llega la hora de repartir poder y cargos. Y, sobre todo, cuando lo que está en juego es mantener un modelo que sigue beneficiando a quienes más tienen, mientras una parte cada vez mayor de la población canaria tiene dificultades para acceder a una vivienda, disfrutar de unos servicios públicos de calidad o, sencillamente, desarrollar su proyecto de vida en las islas.

Al mismo tiempo, las puertas de numerosos gobiernos municipales se han abierto a la extrema derecha. Una normalización que puede terminar sirviendo de antesala a futuros acuerdos autonómicos si las cuentas electorales lo permiten. Mientras tanto, los problemas que afectan directamente a la ciudadanía siguen esperando: la protección del territorio y del medio ambiente, la saturación de las islas, el crecimiento poblacional, la calidad de las aguas, la vivienda, los servicios públicos y un modelo turístico que muestra cada vez más síntomas de agotamiento.

Quienes han gobernado Canarias durante décadas no pueden desentenderse de las consecuencias de sus propias políticas. La situación actual no es fruto de la casualidad. Es el resultado de decisiones acumuladas durante años y de un modelo de desarrollo que, con demasiada frecuencia, ha colocado los intereses económicos por delante del bienestar de quienes vivimos aquí.

Pero el esperpento político no termina en la derecha. La llamada progresía nacionalista también atraviesa una profunda crisis, marcada por la aparición de una nueva formación surgida de una ruptura interna. Sus dirigentes reniegan de las siglas con las que concurrieron a las elecciones, pero mantienen los cargos y responsabilidades que obtuvieron gracias a ellas y a los votos de quienes las respaldaron.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede justificarse que unos candidatos concurran a unas elecciones bajo unas determinadas siglas, obtengan representación, gobiernos y cargos gracias a esos votos y, a mitad de legislatura, decidan cambiar de formación sin renunciar a las responsabilidades que adquirieron? Una cosa es cambiar de proyecto político de cara a unas nuevas elecciones; otra muy distinta es hacerlo durante el mandato y conservar intactos los cargos obtenidos bajo las siglas anteriores.

El esperpento aumenta cuando estos mismos dirigentes, que continúan presentándose como progresistas, anuncian acuerdos con la derecha nacionalista: la misma que gobierna Canarias junto a la derecha estatal y que ha alcanzado pactos de gobierno con la extrema derecha en varios municipios de las islas.

Resulta difícil entender semejante pirueta política si no se tienen en cuenta las expectativas personales de quienes la protagonizan. Mientras a sus nuevos compañeros y a la ciudadanía se les habla de la necesidad de unir el voto nacionalista, algunos movimientos parecen apuntar hacia un objetivo mucho más concreto: dar el salto a Madrid y alcanzar un escaño en el Congreso de los Diputados.

Si ese fuera el verdadero objetivo, el riesgo es evidente: que los intereses de Canarias vuelvan a convertirse en moneda de cambio de estrategias personales. Gran Canaria, y Canarias en su conjunto, no pueden quedar subordinadas a las aspiraciones electorales de ningún dirigente.

Mientras unos hacen cuentas para decidir dónde colocarse, Canarias sigue esperando soluciones. La vivienda continúa siendo uno de los grandes problemas de la ciudadanía; el territorio soporta una presión creciente; los servicios públicos necesitan respuestas y el modelo turístico exige un debate serio sobre sus límites y consecuencias.

Esa es quizá la verdadera paradoja. Se prometieron soluciones, progreso y defensa de los intereses de Canarias, pero demasiadas decisiones parecen responder antes a las necesidades de los partidos y de sus dirigentes que a las de la sociedad.

En este escenario, las grandes empresas con capacidad para condicionar el territorio y el modelo económico de las islas siguen teniendo una enorme influencia. Las decisiones adoptadas en los últimos años hablan por sí solas: decisiones que, demasiado a menudo, parecen hacerse en perjuicio de Canarias y de los canarios.

Canarias necesita dirigentes serios, responsables y comprometidos con el interés general. Personas para las que «Canarias sea lo primero» no sea un simple lema electoral, sino un principio de actuación.

Porque Canarias no puede seguir siendo la moneda de cambio de pactos, sillones e intereses particulares. No puede ser el territorio que unos negocian, otros abandonan y algunos utilizan como trampolín para sus ambiciones políticas.

Canarias merece algo tan sencillo como que quienes gobiernan sus islas gobiernen para sus ciudadanos. Que defiendan su territorio, su vivienda, sus servicios públicos y su futuro. Que los intereses de Canarias estén por encima de los intereses de partido y, sobre todo, por encima de las ambiciones personales.

Canarias no está en venta. Canarias no es un sillón, ni un pacto, ni un trampolín hacia Madrid. Canarias es nuestra tierra, nuestro presente y nuestro futuro. Y ya es hora de que quienes tienen la responsabilidad de gobernarla estén a la altura. 

Paco Vega