Ceuta no puede pedir lo que España debe ofrecer

Creo que durante muchos de estos días de crisis, España ha mirado a Ceuta como se mira una crisis ajena. Hemos visto aproximadamente a unas ochenta mil personas entrar a nado, a unos mil menores durmiendo en colegios y a un presidente del Gobierno y a un expresidente también del Gobierno visitando la misma ciudad con dos modelos de España bajo el brazo. Y, sin embargo, la pregunta más repetida en la calle es la más sencilla: si somos solidarios, ¿por qué no repartimos?

La respuesta es incómoda, y esa debe ser la razón por la que nadie la quiere dar completa; y es que Ceuta no es una comunidad autónoma; es una ciudad de dieciocho kilómetros cuadrados con ochenta y cinco mil habitantes (cabría tres veces en Gáldar, pero casi con cuatro veces más población), que ejerce, por mandato constitucional, de frontera sur de Europa; y que, por no tener, no tiene campo, no tiene interior, ni tiene inmuebles donde habilitar un centro de acogida, si prescindimos de los Colegios.

De muchos es sabido, que cuando un menor no acompañado pisa el Tarajal, la ley dice que Ceuta, es automáticamente su tutor. No puede mirar hacia otro lado; y por tanto, no puede derivar la tutela. Hoy Ceuta tutela a mil cuatrocientos setenta y ocho menores; y de ellos, 760 son niñas y doscientos treinta y tres menores, de entre once y catorce años. Antes de esta crisis, ya tenía siete veces más menores por habitante que Canarias. Yo creo que ninguna administración local en Europa soportaría eso sin colapsar.

No obstante, el mecanismo para aliviarla existe; y tiene un nombre que se llama Contingencia Migratoria y que está regulado en el artículo 35 de la Ley de Extranjería y en el Real Decreto 903/2021. Pero es un mecanismo rogado, que exige que sea la propia ciudad desbordada la que envíe un informe al Ministerio diciendo, “no puedo más"; y es solo entonces, cuando el Gobierno puede declarar la contingencia y obligar a las comunidades a acoger con criterios de población y esfuerzo previo.

Y ahí es donde está la trampa. Ceuta no ha enviado ese informe para esta crisis, porque si lo envía, pierde políticamente dos batallas a la vez. La primera, es la de la devolución de adultos; si pide reparto de menores, reconoce implícitamente que los menores se quedan en España; y su discurso legítimo, compartido por el Gobierno por cierto, es que Marruecos debe readmitir a quienes pasaron, y que la frontera debe volver a ser frontera, con la sentencia del Supremo del 8 de julio como base jurídica, que exige ahora una barrera física si queremos aplicar el rechazo en frontera. La segunda, es la de la dignidad institucional; pedir por escrito "estoy colapsado" en plena visita de un expresidente y con un presidente que acaba de prometer más inversiones es, en términos de política local, reconocer una derrota; y ningún presidente local querría firmarla.

Y lo que resulta de todo esto, es que el Gobierno central no puede repartir, porque legalmente no puede imponerlo sin la petición previa; y ni que decir tiene, que las comunidades autónomas, no se ofrecen porque nadie las obliga y porque cada menor tutelado tiene un coste económico al mes que deben adelantar sus servicios sociales, con el miedo añadido a que Vox convierta cada nuevo centro en un plató electoral.

En Canarias sabemos mucho de esto; tanto, que llevamos cinco años con cinco mil quinientos menores tutelados; se ha pedido la contingencia durante meses y, cuando por fin se declaró, poco se ha resuelto, porque el número de reubicados ha sido paupérrimo. Esto nos ha enseñado, que la solidaridad voluntaria en España no funciona cuando hay rédito electoral.

Por eso la solidaridad más eficaz con Ceuta no es repartir a los ocho mil adultos por la península; porque sería un error jurídico y un efecto llamada; lo más eficaz es devolver a quienes deben ser devueltos con procedimiento y garantías, como exige el Supremo, y repartir obligatoriamente y con financiación estatal del cien por cien a los menores. Pero para eso hay que romper el círculo vicioso; no podemos seguir haciendo depender la solidaridad de un formulario que solo puede rellenar quien ya está hundido. Me explico: Lo que está pasando es que en efecto el formulario se está rellenando; se han rellenado nada más y nada menos que 832 formularios en Canarias y 400 en Ceuta, solo este año; pero, como todo hay que decirlo, solo se ha ejecutado el 30%. Es decir, la frontera hace su parte del papeleo, pero la península no hace la suya, acoger.

Está claro que España debe cambiar, a mi juicio, la ley en tres puntos, que hoy creo que ya están sobre la mesa: Uno, que la declaración de contingencia pueda activarse de oficio por el Estado cuando una ciudad fronteriza supere el triple de su capacidad, sin necesidad de que esa ciudad tenga que autodeclararse colapsada. La frontera es de todos, no solo de quien la habita.

Dos, que todo reparto de menores lleve aparejada financiación finalista y permanente del Estado, no un adelanto que luego se discute en un Consejo de Política Fiscal.

Y tres, que cumplamos la sentencia del 8 de julio; o sea, que si el Tribunal Supremo dice que el mar no es una valla y que no se puede devolver en caliente sin elementos de contención físicos, dotemos a la frontera de esos elementos con todas las garantías jurídicas y humanitarias, o asumamos el procedimiento de devolución ordinario del artículo 58.3 con abogados, intérpretes y derecho a asilo.

Ceuta ha hecho lo que se le pedía: aguantar; ha aguantado con sus colegios convertidos en albergues, con su comercio cerrado y con su nombre usado como arma arrojadiza entre Madrid y Rabat. Ahora le toca a España demostrar que la solidaridad no es un discurso para cuando conviene, sino un mecanismo que se activa aunque duela; porque Ceuta no tiene que pedir permiso para ser ayudada; somos nosotros quienes tenemos que pedir perdón por haber hecho de su resistencia nuestra coartada.

Juan Reyes González