Tarazona: la calidad de vida no puede salir a subasta

Cuando hablamos de servicios dirigidos a personas en situación de dependencia, conviene empezar por lo esencial: ¿Para qué existe ese servicio? No existe simplemente para proporcionar una cama, alimentación, aseo, medicación o vigilancia; todo eso es necesario, pero insuficiente. Una residencia debe tener como objetivo que cada persona pueda vivir lo mejor posible, conservar el mayor grado de autonomía, mantener sus relaciones, tomar decisiones sobre su propia vida, sentirse segura, respetada y acompañada y continuar formando parte de la comunidad. En definitiva, estamos hablando de calidad de vida.

Por eso, cuando una administración decide cómo gestionar una residencia, la primera pregunta no debería ser quién puede hacerlo más barato, sino qué modelo ofrece mayores garantías para mejorar la vida de las personas que van a vivir allí. Los cuidados no son un servicio cualquiera. Cuidar a una persona dependiente no es comparable con contratar una obra, un suministro o un servicio de limpieza. La calidad de una residencia depende enormemente de las personas que trabajan en ella: de cuántas haya, de su formación, de sus condiciones laborales, del tiempo que puedan dedicar a cada residente y, sobre todo, de la estabilidad de los equipos.

Para una persona con demencia, deterioro cognitivo o grandes necesidades de apoyo no es indiferente que quien la atienda conozca sus costumbres, sus miedos, cómo se comunica, qué le gusta o qué señales indican que algo no marcha bien. Por eso, las condiciones laborales de quienes cuidan forman parte también de la calidad de vida de quienes reciben los cuidados. Y aquí aparece una primera razón para defender la gestión pública directa.

En un servicio público gestionado directamente, el objetivo debe ser exclusivamente el interés general y la calidad del servicio. En una empresa mercantil existe además otra finalidad: obtener rentabilidad. Cuando hablamos de un servicio en el que una parte muy importante del coste está precisamente en el personal tenemos derecho a preguntarnos de dónde procede ese margen empresarial. Puede proceder de una mejor organización o de economías de escala, pero con demasiada frecuencia acaba afectando a plantillas, sustituciones, turnos, estabilidad laboral, actividades o recursos. Por eso prefiero que siempre que sea posible los recursos públicos destinados a cuidados permanezcan íntegramente dentro del propio servicio.

La gestión directa ofrece además mayor capacidad de organización, más transparencia sobre los costes reales, desarrollo de conocimiento técnico dentro de la propia Administración y una responsabilidad política mucho más clara. Externalizar tampoco significa desentenderse, la Administración sigue siendo responsable de controlar, inspeccionar, evaluar y exigir el cumplimiento del contrato. Y existe otro riesgo: una Administración que externaliza durante años sus servicios puede terminar perdiendo su propia capacidad para gestionarlos directamente.

En Canarias la gestión directa es la opción preferente.

Este debate tiene ahora especial importancia en Canarias. La Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias establece expresamente que la gestión directa o mediante medios propios es la forma de provisión preferente de los servicios sociales públicos. La gestión privada sigue siendo legal, naturalmente, pero nuestra propia legislación autonómica señala cuál debe ser la primera opción. No estamos, por tanto, planteando ninguna extravagancia al defender la gestión pública directa de una residencia.

Y llegamos a Tarazona

Todo esto nos lleva al Centro Sociosanitario de Tarazona, en Santa María de Guía. Después de demasiados años esperando su apertura todos queremos que abra cuanto antes. El Norte necesita esas plazas y, sobre todo, las necesitan las personas dependientes y sus familias. Pero precisamente porque llevamos tanto tiempo esperando no deberíamos conformarnos simplemente con abrirla, deberíamos aspirar a hacerlo de la mejor manera posible.

La licitación recientemente publicada prevé la gestión integral de 145 plazas: 94 residenciales y 51 de centro de estancia diurna. El contrato tendrá inicialmente dos años y podrá prorrogarse durante otros tres. Su valor estimado, incluyendo posibles prórrogas y modificaciones, ronda los 22 millones de euros. El Ayuntamiento justifica la externalización señalando que actualmente no dispone de los medios humanos, técnicos y organizativos necesarios para gestionar directamente el centro. El informe calcula unas necesidades cercanas a 95 efectivos equivalentes. Es un argumento que hay que tomar en serio.

Pero una cosa es demostrar que hoy el Ayuntamiento no dispone de esos medios y otra muy distinta demostrar que la gestión privada sea el mejor modelo para Tarazona. Y tampoco será precisamente porque no haya habido tiempo para prepararse. Han pasado aproximadamente tres años desde que la residencia quedó terminada. Tres años en los que se podría haber definido con claridad el modelo de gestión, planificado las necesidades de personal, estudiado diferentes alternativas y comenzado a crear progresivamente la estructura necesaria para una gestión pública directa. Si hoy la conclusión es que no existen medios suficientes, también habrá que preguntarse por qué, después de todo este tiempo, seguimos llegando a la apertura sin haber construido esa capacidad.

La falta de medios actual explica una dificultad, no demuestra cuál es el mejor modelo. Y tampoco debería ocultar que ha faltado planificación.

Cuando el precio vale 40 puntos

Aquí aparece otra cuestión que merece atención y conviene explicar correctamente: el precio no representa la mayoría de la puntuación. De los 100 puntos posibles, 60 corresponden a criterios cualitativos y 40 a la oferta económica. Pero el precio es, con mucha diferencia, el criterio individual que más pesa. La oferta económica puede obtener hasta 40 puntos. La memoria técnica y organizativa completa, 30 puntos. Los otros 30 se reparten entre diferentes mejoras: equipamiento, vehículo, formación, peluquería, seguimiento digital y criterios medioambientales.

Por tanto, una empresa puede conseguir una ventaja muy considerable simplemente ofreciendo un precio inferior. Y cuando estamos hablando de cuidar a personas, esto debería hacernos reflexionar. El propio pliego habla correctamente de atención centrada en la persona y de calidad de vida. Sin embargo, dentro del apartado correspondiente, las actuaciones específicamente dirigidas a autonomía personal, mantenimiento de capacidades, participación, convivencia y calidad de vida tienen un peso muy reducido.

Resulta difícil entender que en un servicio destinado precisamente a mejorar la vida de las personas la calidad de vida no ocupe un lugar mucho más central a la hora de decidir quién va a gestionarlo.

¿Qué deberíamos valorar?

Una licitación de estas características podría dar mucho más peso a cuestiones directamente relacionadas con la vida cotidiana de quienes residan en Tarazona.

Por ejemplo:

• Ratios superiores a los mínimos exigidos: no solo cuántos profesionales aparecen sobre el papel, sino cuántos estarán realmente presentes en cada turno.

• Estabilidad de las plantillas: menos rotación significa más conocimiento de cada persona y mayor continuidad en los apoyos.

• Cobertura de bajas y ausencias: una plantilla adecuada pierde valor si una baja tarda días en sustituirse.

• Tiempo efectivo de atención directa por persona.

• Profesionales de referencia estables, que conozcan a cada residente y acompañen su proyecto de vida.

• Participación real en las decisiones: horarios, actividades, comidas, rutinas y organización cotidiana.

• Mantenimiento de las relaciones familiares y sociales.

• Participación en la comunidad, evitando que la residencia se convierta en un espacio cerrado sobre sí mismo.

• Prevención de sujeciones, deterioro funcional, úlceras por presión, caídas y hospitalizaciones evitables.

• Y, sobre todo, evaluación periódica de la calidad de vida de las personas residentes.

No deberíamos limitarnos a contar cuántas actividades se hicieron o cuántos expedientes se tramitaron. Habría que preguntarse si las personas están mejor, si mantienen relaciones importantes para ellas, si pueden decidir, si conservan capacidades, si se sienten respetadas, si tienen una vida que reconocen como propia. Eso sí sería evaluar un servicio de cuidados.

Abrir Tarazona, sí. Pero abrirla bien

Nada de este debate debería utilizarse para retrasar todavía más la apertura. Tarazona tiene que abrir cuanto antes. Pero abrir rápido y abrir bien no son objetivos incompatibles. También puede plantearse que una externalización inicialmente necesaria por falta de medios municipales no tenga que convertirse automáticamente en el modelo permanente. Antes de cada prórroga debería evaluarse públicamente el funcionamiento del centro y volver a estudiar la viabilidad de avanzar hacia una gestión pública directa. Después de todo el dinero invertido y de tantos años de espera, Tarazona tiene la oportunidad de convertirse en un centro sociosanitario de referencia para el Norte de Gran Canaria, pero para conseguirlo tenemos que empezar por hacernos la pregunta correcta.

No cuánto cuesta gestionar una plaza, sino qué tenemos que hacer para que las personas que vivan en Tarazona tengan la mejor vida posible.

A partir de esa pregunta deberían decidirse el modelo de gestión, las plantillas, las condiciones laborales, los criterios de adjudicación y la evaluación del servicio. Porque una residencia no gestiona camas, acompaña vidas, y cuando hablamos de la vida de las personas lo más barato nunca debería ser lo más importante.

Cosme Vega, portavoz de Drago Canarias en Guía