Cuando la familia desautoriza al aula

La educación comienza a fracasar cuando los padres dejan de colaborar con el profesorado y convierten cualquier corrección a sus hijos en un enfrentamiento

 

Durante mucho tiempo, cuando un alumno llegaba a casa con una observación del colegio, la primera pregunta de la familia era sencilla: «¿Qué hiciste?».

 

Hoy, en demasiadas ocasiones, la pregunta ha cambiado: «¿Qué te hizo el profesor?».

 

Puede parecer una diferencia menor, pero encierra una transformación profunda. Antes se escuchaba al menor, naturalmente, pero también se reconocía que el docente tenía una responsabilidad educativa y una autoridad dentro del aula. Ahora algunos padres parten de la idea de que su hijo siempre tiene razón, de que cualquier corrección es una persecución y de que una mala nota constituye casi una ofensa familiar.

 

No se trata de idealizar la educación de otras épocas. También hubo profesores autoritarios, métodos inadecuados, injusticias y alumnos que sufrieron en silencio. La autoridad nunca debe confundirse con la humillación, el miedo o el abuso de poder. Los docentes pueden equivocarse y sus actuaciones tienen que poder revisarse.

 

Pero una cosa es supervisar el trabajo del profesorado y otra muy distinta desautorizarlo sistemáticamente.

 

Cada vez resulta más frecuente escuchar a docentes que relatan cómo una corrección académica o disciplinaria termina convertida en un conflicto con la familia. Padres que acuden al centro no para conocer lo sucedido, sino para exigir explicaciones en tono acusatorio. Familias que discuten una calificación sin haber comprobado si su hijo estudió, entregó los trabajos o mantuvo una actitud adecuada. Adultos que justifican faltas de respeto, ausencias, retrasos o incumplimientos y trasladan toda la responsabilidad al centro.

 

El mensaje que recibe el alumno es peligrosísimo: haga lo que haga, alguien lo defenderá.

 

Si no estudia, la culpa será del examen.

Si suspende, el profesor le tiene manía.

Si interrumpe la clase, es porque se aburre.

Si falta al respeto, probablemente fue provocado.

Si no entrega las tareas, quizá le mandaron demasiadas.

Siempre aparece una explicación que evita hablar de responsabilidad.

 

No todos los padres actúan así. Muchas familias colaboran, acuden a tutorías, establecen horarios, preguntan, escuchan y acompañan. Hay madres y padres que comprenden que educar también significa poner límites y permitir que los hijos afronten las consecuencias razonables de sus actos.

 

Pero junto a esas familias comprometidas existe otra realidad: progenitores que apenas saben qué está estudiando su hijo, que no conocen sus asignaturas, que nunca leen las comunicaciones del centro y que solo aparecen cuando llega una mala nota.

 

No preguntan qué aprendió.

Preguntan por qué no aprobó.

No se interesan por su esfuerzo.

Exigen un número.

 

La calificación se ha convertido en el centro de demasiadas conversaciones familiares. Lo importante parece ser aprobar, aunque el alumno no haya adquirido los conocimientos, las competencias ni los hábitos necesarios. El cinco importa más que la comprensión. Pasar de curso importa más que estar preparado. El título importa más que el aprendizaje.

 

El problema es que una nota no puede sustituir a la educación.

 

Un alumno puede aprobar y no saber organizarse. Puede obtener buenas calificaciones y no respetar a los demás. Puede memorizar contenidos y carecer de capacidad crítica. También puede suspender temporalmente y estar desarrollando habilidades, descubriendo sus dificultades o aprendiendo a esforzarse.

 

Educar no consiste únicamente en conseguir resultados académicos. Significa formar personas capaces de responsabilizarse, convivir, tolerar la frustración, escuchar, pensar y reconocer sus errores.

 

Ese trabajo no puede recaer exclusivamente en la escuela.

 

La propia legislación educativa española habla de esfuerzo compartido. La Ley Orgánica de Educación reconoce expresamente que los padres, las madres y los tutores son los primeros responsables de la educación de sus hijos. También establece que las familias deben colaborar estrechamente y comprometerse con su trabajo cotidiano y con la vida de los centros.

 

Sin embargo, en ocasiones exigimos a la escuela que resuelva todo aquello que como sociedad hemos dejado de atender.

 

Pedimos al profesorado que enseñe matemáticas, lengua, historia o ciencias, pero también que eduque en valores, prevenga el acoso, detecte dificultades emocionales, resuelva conflictos familiares, enseñe hábitos saludables, controle el uso de las redes sociales, atienda la diversidad, maneje conductas disruptivas y compense las carencias sociales.

 

Después le exigimos que documente cada intervención, rellene formularios, adapte programaciones, prepare informes, participe en reuniones y responda mensajes.

 

Y, cuando finalmente intenta poner un límite, le discutimos su autoridad.

 

Así resulta imposible.

 

Un profesor puede orientar, acompañar y enseñar, pero no puede sustituir a una familia que ha renunciado a educar. Tampoco puede mantener el orden si cada decisión es cuestionada delante del alumno. Cuando un padre desacredita al docente en presencia de su hijo no está protegiendo al menor. Está destruyendo una referencia adulta que ese niño necesitará para aprender y convivir.

 

El respeto hacia el profesorado no significa obediencia ciega. Significa reconocer su formación, su responsabilidad y su derecho a desarrollar el trabajo sin amenazas, insultos ni presiones.

 

También significa acudir a una tutoría con voluntad de escuchar.

 

Si un docente comunica que un alumno no trabaja, quizá convenga comprobarlo antes de acusarlo de injusticia. Si varios profesores coinciden en una dificultad de comportamiento, tal vez el problema no sea una conspiración colectiva. Si el menor suspende porque no estudió, modificar artificialmente la nota no lo ayuda. Solo aplaza el momento en que deberá enfrentarse a una realidad más exigente.

 

En nuestros pueblos del norte de Gran Canaria conocemos la importancia de la comunidad. Educar siempre fue una responsabilidad compartida entre la casa, la escuela, el barrio y el entorno. Esa red se debilita cuando cada parte señala a la otra y nadie asume lo que le corresponde.

 

Las familias necesitan apoyo. Muchos padres trabajan en condiciones difíciles, sufren problemas económicos, disponen de poco tiempo o carecen de herramientas para acompañar académicamente a sus hijos. No se trata de culpabilizar a quienes no pueden llegar a todo. La preocupación no se mide por saber resolver una ecuación o explicar un análisis sintáctico.

 

Preocuparse puede consistir en preguntar cómo fue el día.

Revisar si hay tareas.

Mantener contacto con el tutor.

Establecer horarios.

Valorar el esfuerzo.

Enseñar a respetar.

Y pedir ayuda cuando no se sabe cómo actuar.

 

Los centros también deben comunicarse con claridad, escuchar a las familias y reconocer sus errores cuando los haya. La alianza educativa no puede construirse desde la superioridad de ninguna de las partes. Necesita diálogo y confianza.

 

Pero el diálogo deja de existir cuando una familia llega al centro con una sentencia dictada de antemano: «Mi hijo no ha hecho nada».

 

La educación necesita recuperar la autoridad del profesorado, entendida como legitimidad profesional y capacidad para establecer límites. Una autoridad basada en el conocimiento, la coherencia y el respeto, respaldada por los equipos directivos, las administraciones y las familias.

 

También debemos cuidar la salud mental de los docentes. Detrás de cada profesor hay una persona que acumula responsabilidades, presión, cansancio y, en muchos casos, la sensación de que nunca es suficiente. La vocación no convierte a nadie en invulnerable.

 

No podemos exigir profesores pacientes, innovadores, atentos y emocionalmente disponibles mientras los mantenemos sobresaturados y permanentemente cuestionados.

 

La educación no mejorará únicamente cambiando currículos, sistemas de evaluación o nombres de asignaturas. Mejorará cuando cada integrante de la comunidad educativa cumpla su parte.

 

El profesorado debe enseñar, acompañar y actuar con profesionalidad.

La Administración debe proporcionar recursos y estabilidad.

El alumnado debe asumir responsabilidades.

Y las familias deben volver a comprender que respaldar siempre al hijo no significa educarlo bien.

 

A veces querer a un hijo significa decirle que se equivocó.

 

Significa permitir que suspenda cuando no trabajó.

Significa pedirle que se disculpe.

Significa no discutir una consecuencia justa.

 

Una sociedad que desautoriza a sus docentes termina debilitando su propia educación. Y cuando la escuela pierde autoridad, no gana libertad el alumnado.

 

Gana terreno la irresponsabilidad.

 

Vidal Bolaños Betancort