La Montañeta entra en septiembre con la huelga sobre la mesa

El personal del centro de internamiento de menores de Gran Canaria comunica el preaviso mientras negocia los servicios mínimos con IDEO y vuelve a denunciar falta de plantilla, agresiones y salarios que dificultan cubrir las vacantes

 

El conflicto laboral del Centro de Internamiento Educativo para Menores La Montañeta afronta septiembre en su momento más delicado.

 

Después de meses de protestas, reuniones, denuncias públicas y una discusión que llegó el pasado julio hasta el Parlamento de Canarias, la plantilla ha comunicado formalmente el preaviso de huelga a la Fundación Canaria de Juventud IDEO.

 

No existe todavía, a fecha de este sábado 29 de agosto, una fecha definitiva publicada para el inicio de la movilización. La intención expresada por el comité de empresa es poder comenzar a partir del 10 de septiembre, mientras trabajadores y Fundación negocian previamente los servicios mínimos que deberán garantizar la atención a los menores internados.

 

La huelga, por tanto, todavía puede evitarse.

 

Pero su sola convocatoria potencial evidencia que el conflicto no quedó resuelto tras las reuniones y compromisos anunciados durante los últimos meses.

 

Veinte o veinticinco trabajadores donde deberían estar veintiocho

 

Uno de los principales problemas vuelve a ser la plantilla.

 

Estefanía Grau, presidenta del comité de empresa de La Montañeta, ha señalado esta semana que determinados turnos deberían disponer de 28 trabajadores, mientras que actualmente estarían funcionando con cifras que oscilan entre veinte y veinticinco.

 

La situación ya había sido planteada en el Parlamento de Canarias el pasado 7 de julio. Entonces se trasladaron cifras aún más bajas proporcionadas por la representación laboral: entre 17 y 20 trabajadores en turnos donde deberían estar 28 y entre nueve y doce durante la noche frente a una previsión de entre quince y diecisiete.

 

La comparación podría indicar cierta recuperación de efectivos desde julio, aunque no existen datos oficiales suficientemente detallados para asegurarlo.

 

Y precisamente esa es una de las cuestiones que debería aclararse.

 

Las cifras de presencia efectiva por turnos deberían ser conocidas de forma pública y periódica, al menos de manera agregada.

 

No para entrar en la organización interna de un centro especialmente sensible, sino para saber si un servicio público está contando con la plantilla necesaria.

 

Una obligación recogida por escrito

 

El encargo realizado por el Gobierno de Canarias a IDEO para la ejecución de medidas judiciales durante 2026 no deja esta cuestión enteramente abierta a interpretación.

 

La documentación publicada en el Boletín Oficial de Canarias establece que la Fundación debe adscribir un número suficiente y constante de profesionales y mantener las ratios técnicas incluso cuando existan vacaciones, incapacidades laborales u otras ausencias.

 

El CIEM La Montañeta dispone de una capacidad máxima de 85 plazas vinculadas al recurso, incluidas las correspondientes a la Unidad de Convivencia Educativa adscrita.

 

El encargo autonómico para el conjunto del sistema gestionado por IDEO durante 2026 asciende a un máximo de 29.438.029,36 euros y comprende tanto gastos de personal como gastos corrientes en los diferentes recursos de justicia juvenil.

 

No significa que esos casi 29,5 millones estén destinados exclusivamente a La Montañeta.

 

Sí significa que existe una financiación pública de considerable importancia para un servicio cuya correcta prestación depende, en buena medida, de disponer de profesionales suficientes.

 

Una bolsa de empleo actualizada esta misma semana

 

La Fundación mantiene abierto un proceso de bolsa temporal para cubrir vacantes de educadores, monitores y monitores auxiliares en Valle Tabares, La Montañeta y los grupos de convivencia educativa.

 

La información del proceso aparece actualizada a 24 de agosto de 2026.

 

Ese dato demuestra que IDEO está intentando disponer de candidatos para cubrir necesidades de personal.

 

El problema denunciado por los trabajadores es otro: encontrar personas dispuestas a incorporarse y conseguir que permanezcan.

 

Grau sostiene que las condiciones salariales resultan insuficientes para el nivel de responsabilidad y riesgo asumido y afirma que algunos de los trabajadores de reciente incorporación perciben alrededor de 1.200 euros.

 

La representación laboral plantea solicitar 300 euros netos mensuales adicionales, elevar en 80 euros el actual complemento de peligrosidad que cifran en 170 euros y añadir aproximadamente otros cien euros mediante el reclamado plus de insularidad.

 

Estas cantidades forman parte de las demandas del comité y deberán resolverse en una negociación.

 

Pero incluso dejando a un lado durante un momento las cifras concretas, existe un problema objetivo que merece respuesta: si una administración necesita continuamente profesionales para un servicio esencial pero tiene dificultades para atraerlos o conservarlos, debe analizar qué está fallando.

 

Un viernes que necesitó presencia policial

 

La última información añade además un episodio especialmente preocupante.

 

Según el relato de la presidenta del comité, durante un incidente ocurrido recientemente fue necesaria la entrada de la Policía en el centro después de que se produjeran importantes destrozos en el gimnasio, incluidos cristales de seguridad.

 

No hubo trabajadores heridos en ese episodio concreto, según la misma versión.

 

La representación laboral también ha descrito otros ataques sufridos durante los últimos meses: golpes, heridas, el uso de bolígrafos y objetos manipulados como armas improvisadas y el caso de un trabajador al que le rompieron la nariz.

 

Estas denuncias deben tratarse con rigor.

 

Son afirmaciones realizadas por representantes de los trabajadores y no se ha localizado un balance público oficial actualizado que detalle uno por uno todos los episodios.

 

La solución debería ser publicar las estadísticas.

Número de incidentes.

Número de agresiones.

Trabajadores lesionados.

Bajas laborales asociadas.

Intervenciones policiales.

Medidas adoptadas después de cada episodio.

 

Una Administración que disponga de esos datos debería ofrecerlos de manera agregada y respetando todas las garantías de privacidad.

 

Lo ocurrido en julio no cerró el problema

 

Cuando La Montañeta llegó al Parlamento el 7 de julio, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, rechazó que el centro estuviera fuera de control.

 

La consejera defendió que la Administración actuaba ante los episodios violentos y que los asuntos más graves podían trasladarse a Fiscalía y a la autoridad judicial.

 

También aseguró que existía un preacuerdo para el convenio colectivo de IDEO, pendiente de completar su tramitación y dotación económica, y señaló la existencia de mesas de trabajo sobre absentismo, contrataciones y ratios.

 

La nueva amenaza de huelga obliga ahora a preguntar qué resultados concretos han tenido esas medidas durante julio y agosto.

 

¿Qué ratios han mejorado?

¿Cuántas personas se han contratado?

¿Cuántas bajas se han sustituido?

¿Qué avances se han producido en el convenio?

¿Qué parte de las reivindicaciones puede asumir IDEO?

¿Y cuáles necesitan una decisión del Gobierno de Canarias?

 

Son preguntas normales cuando han transcurrido casi dos meses desde aquel debate y el problema no solo continúa, sino que se aproxima a una huelga.

 

IDEO responde: existen protocolos y seguridad

 

La Fundación sostiene que La Montañeta trabaja con menores sujetos a medidas judiciales y con perfiles que en determinados casos presentan trastornos graves de conducta y patologías psicológicas o psiquiátricas.

 

IDEO asegura que dispone de protocolos para afrontar agresiones y situaciones de riesgo y que los trabajadores reciben formación específica. También señala la existencia de sistemas de alarma, emisoras, videovigilancia, cámaras y personal de seguridad.

 

La existencia de esos recursos es relevante.

La siguiente cuestión es evaluar su eficacia.

Porque trabajadores formados pueden continuar siendo insuficientes si son pocos.

Una alarma puede funcionar correctamente y, aun así, existir un problema si no hay suficientes personas disponibles para responder.

La prevención debe medirse no solo por los recursos instalados, sino por el resultado obtenido.

 

Una cuestión laboral que afecta directamente a los menores

 

Es fácil caer en un error al hablar de esta noticia.

La situación no debería presentarse como una batalla entre trabajadores y menores.

Los profesionales necesitan seguridad.

Los menores necesitan derechos.

Ambas necesidades son compatibles.

 

La Montañeta tiene una misión educativa además de custodial. El objetivo de la justicia juvenil es que una persona que ha cometido un delito pueda asumir responsabilidades, modificar conductas y regresar posteriormente a la sociedad con herramientas diferentes.

 

Eso requiere intervención psicológica.

Educación.

Normas.

Rutinas.

Formación.

Acompañamiento.

Y relaciones estables con los profesionales.

 

La rotación continua de plantilla o el agotamiento de los equipos perjudica ese trabajo.

 

Por tanto, mejorar las condiciones laborales no beneficia únicamente a quienes cobran una nómina de IDEO.

 

También puede mejorar la intervención que reciben los jóvenes.

 

La responsabilidad está repartida, pero no puede diluirse

 

El documento que regula el encargo de 2026 atribuye a IDEO la condición de empleadora.

 

La Fundación debe asumir las retribuciones, los derechos laborales, las sustituciones y la prevención de riesgos.

 

Sin embargo, el Gobierno de Canarias conserva las competencias administrativas relacionadas con el sistema de justicia juvenil y la Dirección General mantiene funciones permanentes de supervisión, inspección y control de la actividad desarrollada por IDEO.

 

Incluso se contempla la posibilidad de penalizaciones cuando se produzcan incumplimientos de las obligaciones incluidas en el encargo.

 

Eso significa que existen responsabilidades diferentes, pero no un vacío de responsabilidad.

 

Diez días para septiembre

 

La situación llega ahora a un momento decisivo.

Quedan pocos días para que pueda comenzar la movilización anunciada.

IDEO y la representación de los trabajadores continúan negociando.

 

La Fundación afirma que trabaja para culminar el nuevo marco retributivo y recuerda que el 18 de marzo se alcanzó un principio de acuerdo relacionado con la recuperación salarial dentro del futuro convenio.

 

La plantilla considera que los avances son insuficientes y mantiene la huelga como medida de presión.

 

Entre ambas posiciones existe todavía margen para un acuerdo.

 

Pero cualquier solución que se alcance debería ir más allá de desconvocar una huelga.

 

Debería ofrecer respuestas medibles.

Plantillas cubiertas.

Bajas sustituidas.

Mejor prevención.

Atención psicológica para profesionales agredidos.

Protocolos revisados.

Condiciones capaces de atraer y conservar trabajadores.

Un calendario concreto para las negociaciones salariales.

Y datos públicos que permitan comprobar dentro de tres o seis meses si realmente se ha mejorado.

La Montañeta lleva demasiado tiempo enviando señales.

 

En septiembre sabremos si esas señales se convierten en soluciones o en una huelga.

 

Lo importante es que nadie espere a que ocurra algo peor para descubrir que este conflicto nunca fue únicamente una cuestión de nóminas.

 

Es también una cuestión de seguridad, de justicia juvenil y de la calidad con la que Canarias decide prestar uno de sus servicios públicos más difíciles.

 

Vidal Bolaños Betancort