Las indemnizaciones del gobierno a la patronal turística suponen un acto de piratería a las arcas públicas

Según avanzan los efectos de la crisis climática y la pérdida de salud de la biodiversidad, al gobierno canario y a la derecha que lo integra, no parece preocuparles la ascendente degradación territorial de las islas que, solo en el área marítima implica que cada día aumente el número de kilómetros de costas contaminada por residuos y vertidos fecales. El ejecutivo de Clavijo, además, “premia” a las entidades empresariales de Canarias, condonándoles las multas que, por un importe de unos 14 millones de euros, tenía que haber cobrado por actuaciones contra el medioambiente. 

 

 

Mucho mayor impacto para las arcas públicas y el territorio tiene el acuerdo extrajudicial por el que el gobierno entrega, injustificadamente, a diversos empresarios turísticos, más 500 millones de euros en concepto de indemnización por los perjuicios que la patronal alega, le ocasionó la moratoria turística de 2001.  Además, como parte del mismo acuerdo, el gobierno tolerará a esas mismas empresas que construyan sus proyectos alojativos, aquellos que en su momento impidió la referida moratoria, frenando daños incalculables en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

 

En este embrollo, se da la especial circunstancia de que no existe ninguna sentencia judicial que obligue al gobierno al pago de cantidad alguna a los demandantes. Además, con la aceptación de este chantaje, el gobierno envalentona a la patronal turística para que incumpla cualquier nueva ley ambiental que pretenda frenar el acelerado y demencial número de camas alojativas y la consiguiente presión demográfica, y con ella el deterioro territorial y medioambiental del Archipiélago.

 

Precisamente, la empresa más beneficiada en el reparto es Lopesan, que recibe del gobierno canario unos 300 millones de euros, y que ha sido repetidamente señalada por sus infracciones urbanísticas con daños al patrimonio natural y arqueológico.

 

Para Intersindical Canaria, este expolio de dinero público se produce sin rubor y en un contexto social, en el que ese mismo gobierno escatima a los trabajadores defensores de la sanidad y la salud pública recursos humanos para la atención correcta de los pacientes o se les impone la precariedad salarial: un gobierno este al que es atribuible el calificativo de Peligro público.