Veneguera, la ley olvidada, los acuerdos ocultos y el silencio de quienes debían defenderla

 

Hay momentos en los que una sociedad tiene la obligación de detenerse y mirar hacia atrás para comprobar qué ha ocurrido con las decisiones que tomó colectivamente.

 

 

Lo que está sucediendo actualmente en el barranco no puede despacharse como una simple controversia sobre unas obras, ni como una disputa con una empresa privada.

 

Lo que está en juego es mucho más importante: ¿qué queda hoy del mandato político y jurídico que Canarias aprobó en 2003 para proteger Veneguera?

 

Fue salvada después de décadas de movilización ciudadana contra la pretensión de convertir uno de los últimos grandes espacios libres del suroeste de Gran Canaria en otra pieza del mercado inmobiliario turístico.

 

Aquella lucha no terminó en una declaración política.

 

Terminó con la ley 6/2003 del Parlamento de Canarias que declaró el barranco de Veneguera Parque Rural y lo incorporó al Parque Rural del Nublo.

 

Aquella decisión fue una de las grandes conquistas territoriales de la sociedad canaria.

 

La ley estableció obligaciones concretas para las administraciones públicas.

 

 

Veintitrés años después, ¿dónde está el PRUG?

 

¿Dónde está el cumplimiento integral de la Ley 6/2003?

¿Dónde está el proyecto de recuperación ambiental?

¿Dónde está la planificación específica que debía ordenar los usos del espacio?

¿Dónde está la participación ciudadana que la propia ley reclamaba?

 

SOBRE TODO: ¿por qué durante tantos años el Cabildo de Gran Canaria no ha culminado el instrumento de planificación que debería garantizar una gestión coherente del Parque Rural del Nublo?

 

No se puede proteger un territorio únicamente con declaraciones solemnes.

 

Cuando una administración deja transcurrir los años sin completar los instrumentos esenciales de ordenación, se produce una situación especialmente peligrosa: el espacio protegido permanece formalmente protegido mientras, en la práctica, aumenta la capacidad de intervenir sobre él.

 

Sucede lo que estamos viendo en Veneguera.

 

La ley permanece.

El territorio cambia.

El problema no comenzó ayer.

 

Resulta insuficiente dirigir toda la atención hacia las actuaciones actuales de Lopesan.

 

Hay que mirar a quienes tenían la obligación de impedir que el problema llegara hasta aquí.

 

Durante los años de gobierno de Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria se han producido actuaciones, autorizaciones y decisiones administrativas relacionadas con terrenos y actividades vinculadas a Veneguera.

 

Ahora sabemos que existían acuerdos y entendimientos entre el Cabildo y Lopesan que no habían formado parte del conocimiento público con la transparencia que una cuestión de esta trascendencia exigía.

 

Una pregunta incómoda para Antonio Morales:

 

¿Qué se ha pactado exactamente entre la institución pública y la empresa?

¿Quién negoció?

¿Con qué informes?

¿Con qué condiciones?

¿Quién decidió?

¿Qué obligaciones asumió cada parte?

¿Se informó públicamente a la ciudadanía?

¿Se consultó al órgano competente en materia de patrimonio cultural y ambiental?

¿Se evaluaron conjuntamente las afecciones ambientales, hidráulicas, paisajísticas y arqueológicas?

¿Son compatibles esos acuerdos con el espíritu y la letra de la Ley 6/2003?

 

 

El Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no puede presentarse ahora como que investiga las consecuencias de determinadas actuaciones.

 

También debe explicar qué hizo durante los años anteriores.

 

Debe explicar qué autorizó.

Debe explicar qué permitió.

Debe explicar qué acuerdos alcanzó.

Debe explicar qué controles realizó.

 

Y debe explicar por qué, después de más de dos décadas de vigencia de la Ley 6/2003, Veneguera continúa sin disponer de una planificación que dé cumplimiento efectivo a todos los compromisos que la ley estableció.

 

La responsabilidad pública no comienza cuando aparece el problema en los periódicos.

 

La responsabilidad pública comienza cuando se tiene la obligación de prevenirlo.

 

El Gobierno de Canarias no puede mirar hacia otro lado.

 

La Ley fue aprobada por el Parlamento de Canarias.

 

El Gobierno de Canarias tiene también una responsabilidad histórica.

 

Si una ley ordenó desarrollar instrumentos de protección, recuperación y gestión, las administraciones tienen que explicar por qué esos objetivos no se han cumplido.

 

Hay algo profundamente preocupante en la política territorial de Canarias:

 

Se legisla para proteger un territorio y después se permite que los años conviertan aquella protección en una especie de cáscara administrativa.

 

Primero se declara el espacio protegido.

Después no se completa adecuadamente su gestión.

Más tarde aparecen nuevas actuaciones.

Después se buscan fórmulas de compatibilidad.

 

Finalmente, la sociedad descubre que aquello que creyó haber salvado está siendo progresivamente transformado.

 

Ésa no puede ser la manera de gestionar los espacios naturales protegidos.

 

¿Y qué ha ocurrido con parte del movimiento ecologista?

 

Una cuestión que merece ser planteada sin miedo.

 

El movimiento ecologista canario tuvo un papel fundamental en la defensa de Veneguera.

 

Sin aquella movilización ciudadana, probablemente la historia habría sido diferente.

 

Es preocupante que algunos dirigentes o representantes del ecologismo hayan terminado participando en acuerdos o posiciones compartidas con la empresa y con responsables institucionales que, en lugar de exigir el cumplimiento integral de la Ley 6/2003, aceptan una vía de negociación que termina legitimando la transformación progresiva del espacio.

 

No se trata de descalificar al movimiento ecologista.

Se trata de reclamarle coherencia.

Veneguera no fue salvada para ser posteriormente negociada por partes.

 

 

No puede existir un ecologismo que ayer movilizaba a la sociedad para impedir la urbanización de Veneguera y acepta soluciones que permitan su transformación sin exigir previamente el cumplimiento completo del mandato legal.

 

Si hay acuerdos, deben ser públicos.

Si existen informes, deben conocerse.

Si existen compromisos, deben explicarse.

 

Y si alguien considera que la Ley 6/2003 debe ser reinterpretada o superada, tiene la obligación de decirlo públicamente.

 

Lo que no resulta aceptable es que decisiones de esta trascendencia se adopten en espacios cerrados mientras la ciudadanía descubre después sus consecuencias sobre el territorio.

 

El silencio también transforma el territorio.

Veneguera demuestra algo que deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo.

Un espacio natural no desaparece solamente cuando se construye un hotel.

También puede desaparecer lentamente.

 

Con una carretera.

Con movimientos de tierra.

Con transformaciones agrícolas.

Con instalaciones.

Con modificaciones hidráulicas.

Con nuevas pistas.

Con acuerdos administrativos.

Con autorizaciones parciales.

 

Y, sobre todo, con el silencio.

 

El territorio también se transforma cuando quienes tienen la obligación de protegerlo dejan de hacerlo.

Por eso el problema de Veneguera no puede reducirse a determinar si una obra concreta tiene o no una autorización.

 

Hay que hacer públicos los acuerdos entre el Cabildo y Lopesan.

Hay que conocer las autorizaciones concedidas desde 2015.

Hay que conocer las actuaciones realizadas y las que se pretenden realizar.

 

Y hay que comparar todo ello con el mandato de la Ley 6/2003.

 

Sólo así podremos saber qué ha ocurrido realmente.

 

Veneguera no pertenece a una empresa, ni a un Cabildo, ni a un partido.

 

Veneguera puede tener propietarios privados.

 

Pero su protección es de interés público.

 

El Parque Rural del Nublo no es propiedad de un partido político.

 

La Ley 6/2003 no pertenece a Antonio Morales, ni a ningún presidente del Cabildo.

 

Tampoco pertenece al Gobierno de Canarias.

 

Y mucho menos pertenece a una empresa.

 

Veneguera pertenece al patrimonio natural colectivo de Canarias.

 

Por eso ningún acuerdo privado-público puede situarse por encima del mandato legal de protección.

 

Y ningún dirigente ecologista puede arrogarse la representación de una ciudadanía que durante décadas luchó precisamente para que Veneguera no terminara sometida a la lógica de la negociación inmobiliaria.

 

 

Después de todo lo ocurrido, Canarias tiene derecho a exigir respuestas.

 

No comunicados.

No fotografías.

No declaraciones.

Respuestas.

 

¿Por qué no se ha cumplido íntegramente el mandato de la Ley 6/2003?

¿Por qué no se ha completado la planificación necesaria?

¿Qué acuerdos ha firmado o promovido el Cabildo de Gran Canaria con Lopesan?

¿Qué actuaciones se han autorizado?

¿Qué controles ambientales, hidráulicos y patrimoniales se realizaron?

¿Qué papel han desempeñado determinados dirigentes ecologistas en esos acuerdos?

¿Por qué la ciudadanía no conoció antes toda esa información?

 

Y, sobre todo: ¿quién está dispuesto hoy a defender la Ley 6/2003 en los mismos términos en que la defendió la ciudadanía canaria hace más de veinte años?

 

Veneguera fue declarada espacio protegido para impedir que el último territorio libre acabara convertido en una extensión más del modelo turístico.

 

No fue protegida para que dos décadas después se negociara su transformación.

No fue protegida para que la administración incumpliera sus obligaciones de planificación.

No fue protegida para que los acuerdos entre instituciones y empresas sustituyeran al debate público.

 

Y no fue protegida para que una parte del ecologismo abandonara la posición que históricamente había defendido.

 

Veneguera fue protegida para conservarla.

 

Corresponde a la sociedad canaria exigir que se cumpla la ley.

 

Si una ley aprobada por el Parlamento de Canarias puede ser vaciada progresivamente por la inacción administrativa, por acuerdos opacos o por sucesivas transformaciones del territorio, entonces el problema ya no sería solamente Veneguera.

 

Sería mucho más grave.

 

Significaría que en Canarias la protección de un espacio natural puede durar mientras dura la voluntad política de protegerlo.

 

Una sociedad democrática no debería aceptar jamás.

Veneguera fue una conquista ciudadana.

Ahora toca impedir que se convierta en una conquista perdida.

 

En algún lugar de Canarias a 25 de agosto de 2026