Guía: ¿Casa de la Desesperanza?

Hay problemas que no aparecen de un día para otro. Se gestan lentamente, a la vista de todos, mientras las administraciones van posponiendo decisiones porque siempre parecen existir asuntos más urgentes. Cuando finalmente estallan, ya no admiten soluciones sencillas. Entonces llegan las fotografías, los titulares, las declaraciones institucionales y las prisas. Pero el conflicto no nació ese día. Nació muchos años antes, cuando todavía era posible evitar que creciera.

 

La urbanización conocida como La Esperanza, en Guía, simboliza mejor que ningún otro lugar esa forma de entender la gestión pública. Una promoción inmobiliaria fallida terminó convirtiéndose en el hogar de decenas de familias que encontraron allí un techo cuando no tenían otro. A partir de ese momento comenzaron a convivir dos realidades igualmente ciertas. Por un lado, el derecho de unas personas a buscar un lugar donde vivir en medio de una profunda crisis económica y habitacional. Por otro, el derecho de los propietarios a recuperar unos inmuebles que nunca dejaron de pertenecerles. Entre ambas realidades debía aparecer la política. Y, sin embargo, durante demasiado tiempo brilló por su ausencia.

 

Conviene despejar una confusión que con frecuencia se utiliza para simplificar el debate. Empadronar a una persona no convierte una ocupación en legal ni le otorga derecho alguno sobre la propiedad. El padrón acredita que alguien reside efectivamente en un lugar. Nada más. Pero gobernar no consiste únicamente en aplicar un procedimiento administrativo. Gobernar implica preguntarse qué consecuencias tendrán las decisiones que se adoptan hoy dentro de cinco, diez o quince años.

 

En 2016, el Ayuntamiento de Guía reconocía haber empadronado a 77 familias residentes en La Esperanza. Aquella decisión podía encontrar amparo en la normativa del padrón, pero dejaba abierta una cuestión política que nunca terminó de responderse: ¿qué plan existía para el futuro de esas familias si algún día el propietario decidía recuperar su edificio? Porque ese día iba a llegar. No era una posibilidad remota ni una hipótesis académica. Era el desenlace más previsible de todos.

 

Sin embargo, pasaban los años y la respuesta seguía siendo el silencio. La ocupación se consolidaba, los menores crecían, las familias echaban raíces, la convivencia se organizaba y el paso del tiempo convertía una situación provisional en una realidad permanente. Cuanto más se demoraba la solución, más difícil resultaba encontrar una salida que conciliara el derecho de propiedad con la protección de las personas vulnerables.

La política tiene la obligación de anticiparse a los conflictos, no de esperar a que los resuelvan los tribunales. Cuando una administración conoce que decenas de personas viven durante años en una situación precaria, su responsabilidad no termina en tramitar un empadronamiento. Empieza precisamente ahí. Debe abrir vías de negociación, reclamar la implicación de las administraciones competentes en vivienda, buscar alternativas habitacionales y evitar que el problema alcance un punto de no retorno. Si todo eso no ocurre, el calendario acaba convirtiéndose en el peor enemigo de todos.

 

La actualidad ha recordado hasta qué punto estas preguntas siguen sin respuesta. El reciente desahucio del edificio conocido como Mr. Leacock, también en Guía, dejó una imagen imposible de ignorar. Cientos de personas abandonando el inmueble mientras una de las residentes resumía toda la tragedia con una frase tan sencilla como devastadora: «No tengo a dónde ir». Resulta difícil escuchar esas palabras sin preguntarse cuántos años llevaba anunciándose ese desenlace y cuántas oportunidades se perdieron para evitarlo.

Sería profundamente injusto responsabilizar al propietario de esa situación. Quien adquiere un inmueble tiene derecho a recuperarlo cuando la ley así lo reconoce. Ese principio constituye una garantía esencial de cualquier Estado de derecho. Pero sería igualmente injusto mirar hacia otro lado y fingir que el problema apareció la mañana del desalojo. Las familias no llegaron allí el día anterior. Llevaban años viviendo en ese edificio. Las administraciones lo sabían. Los vecinos lo sabían. Toda la Comarca lo sabía.

 

Por eso la verdadera pregunta no debería dirigirse al propietario, sino a quienes tuvieron capacidad para planificar una salida antes de que el conflicto explotara. ¿Qué se hizo durante todos esos años? ¿Existía un plan de realojo? ¿Se promovió alguna negociación seria con la propiedad? ¿Se solicitó la colaboración de otras administraciones competentes en materia de vivienda? ¿O simplemente se dejó que el tiempo fuera convirtiendo un problema complejo en un problema prácticamente irresoluble?

 

La experiencia de La Esperanza debería servir precisamente para aprender de ese error. Porque nadie puede garantizar que dentro de un tiempo cercano no vuelva a producirse una situación similar. Si hoy se conocen edificios ocupados de forma prolongada, la pregunta no es si el padrón puede tramitarse. La pregunta es qué estrategia existe para que, cuando llegue el momento de recuperar esos inmuebles, las familias no vuelvan a encontrarse frente a una puerta cerrada sin otra respuesta que un «ya veremos».

 

Gobernar exige algo más que administrar expedientes. Exige prever, negociar, mediar y asumir decisiones difíciles cuando todavía existe margen para evitar un conflicto mayor. Lo contrario consiste en dejar que el problema crezca hasta que solo queden dos opciones: ejecutar un desalojo o seguir aplazando una solución que nunca llega.

 

Quizá por eso el nombre de aquella urbanización resulta hoy tan irónico. Se llamó La Esperanza porque representó una oportunidad para quienes no tenían un techo. Pero una esperanza que se prolonga indefinidamente sin ofrecer una salida deja de ser esperanza. Se convierte en incertidumbre. Y cuando la incertidumbre dura demasiados años, termina transformándose en desesperanza.

 

Esa es la verdadera cuestión que Guía debería afrontar con honestidad. No si era posible empadronar a quienes vivían allí, sino si alguien pensó qué ocurriría el día en que los propietarios reclamaran legítimamente lo que era suyo. Porque las respuestas improvisadas pueden resolver una rueda de prensa. Lo que nunca resuelven es una crisis social.