Gáldar: la democracia no funciona con aplausos, sino con fiscalización

Hay una idea que, con el paso del tiempo, parece haberse ido instalando en algunos ámbitos de la política municipal y que conviene analizar con cierta calma. Se ha llegado a normalizar que quien ocupa un cargo público actúe como si hubiera elegido una profesión para toda la vida, cuando la realidad es bastante distinta. Un concejal no deja de ser un vecino al que la ciudadanía ha confiado, durante un tiempo determinado, la responsabilidad de gestionar una parte del Ayuntamiento. Nada más. Y, al mismo tiempo, nada menos.

 

Ser concejal no es una profesión. No existe una carrera universitaria para ser concejal ni una oposición que convierta ese cargo en una condición permanente. Es una responsabilidad temporal que comienza el día en que se toma posesión y termina cuando los ciudadanos así lo deciden o cuando el propio representante da un paso a un lado. Durante ese tiempo percibe una remuneración por desempeñar una función pública, una experiencia que pasará a formar parte de su currículum como cualquier otra etapa laboral de su vida.

 

Precisamente por tratarse de una responsabilidad pública, todas sus decisiones están sometidas al escrutinio de la ciudadanía. Quien forma parte del grupo de gobierno administra dinero que no le pertenece, ejecuta proyectos financiados con recursos públicos y adopta decisiones que afectan a miles de personas. Eso significa que cada presupuesto, cada obra, cada contratación y cada prioridad pueden ser analizados, compartidos o cuestionados. No porque exista animadversión hacia quien gobierna, sino porque esa es la esencia de cualquier administración pública.

 

Sin embargo, a veces da la impresión de que algunos interpretan la crítica como un ataque personal. Como si cuestionar una decisión municipal equivaliera a cuestionar la dignidad de quien la ha tomado. Y ahí comienza una peligrosa confusión entre la persona y el cargo. Una cosa es el respeto que merece cualquier vecino y otra muy distinta pretender que la gestión pública quede al margen del análisis ciudadano.

 

La fiscalización no es una anomalía. Es una consecuencia lógica de ejercer un cargo representativo. Quien acepta gobernar también acepta que habrá vecinos que aplaudan unas decisiones y discrepen de otras. Esa convivencia entre apoyo y crítica no debilita las instituciones; forma parte de su funcionamiento normal. De hecho, resulta difícil imaginar una democracia en la que los gobiernos solo recibieran elogios y nadie preguntara por los retrasos, por las prioridades presupuestarias o por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

 

Quizá por eso llama la atención que, en determinadas ocasiones, la reacción ante una crítica no consista en responder a los argumentos, sino en intentar averiguar quién está detrás de ellos. No es la primera vez que ocurre. Se ha explicado en numerosas ocasiones que un seudónimo no convierte una información en cierta o falsa. Los hechos no cambian según quien los relate. Una calle seguirá necesitando mantenimiento independientemente del nombre de quien publique la fotografía. Una promesa incumplida seguirá siendo una promesa incumplida aunque el artículo aparezca firmado con un nombre real, con unas iniciales o con un seudónimo.

 

Y, sin embargo, la pregunta vuelve una y otra vez. ¿Quién escribe? ¿Quién está detrás? ¿Quién fiscaliza?

Tal vez sería más útil hacerse otra pregunta.

 

¿Por qué preocupa tanto conocer la identidad de quien escribe y preocupa tan poco responder a aquello que escribe?

 

Porque, al final, el debate no debería girar alrededor del autor, sino del contenido. Si una crítica contiene errores, bastará con demostrarlo. Si un dato es falso, podrá corregirse. Si una afirmación carece de fundamento, será fácil desmontarla con documentos y argumentos. Pero cuando el interés principal deja de ser responder y pasa a ser identificar a la persona que escribe, el foco cambia por completo. Ya no se discuten las decisiones públicas. Se discute quién se atreve a cuestionarlas.

 

Quizá sea ahí donde reside la verdadera reflexión. Los cargos públicos son temporales. Pasan los alcaldes, pasan los concejales, cambian las mayorías y cambian los gobiernos. Lo único que permanece es la obligación de administrar correctamente los recursos públicos y el derecho de la ciudadanía a preguntar, a discrepar y a fiscalizar esa gestión. Lo demás, incluidos los nombres de quienes escriben o de quienes ocupan un despacho, siempre termina siendo circunstancial.