Las mujeres incompletas

En el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas duermen expedientes que nadie quería leer. Cuando alguien los abrió, encontró una palabra. Una sola. Escrita por el Estado español para describir a las jóvenes canarias que pasaron por el reformatorio de Tafira Alta.

 

“Una mujer caída podía ser cualquiera. Besarse en un cine, bailar agarrado, fumar a escondidas, llevar la falda más corta, ser víctima de una violación, ser homosexual, negarse a rezar o ser pobre.” Consuelo García del Cid, superviviente del Patronato de Protección a la Mujer. Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, 2023.

 

Había una casilla en los formularios. Solo dos opciones.

 

Completa o incompleta. Eso era una mujer para el Estado español entre 1941 y 1985: o entera o rota, y el criterio para decidirlo era ginecológico.

 

El médico examinaba a las jóvenes nada más llegar al centro. Sin aviso previo, sin explicación, sin que nadie le preguntara a ella si estaba de acuerdo. Si el resultado revelaba que la muchacha era virgen, el expediente la registraba como completa. Si no lo era, quedaba clasificada como incompleta. Esa palabra, una sola palabra en una sola casilla de un formulario oficial, determinaba hacia qué tipo de reformatorio sería trasladada y qué régimen de vida la esperaba dentro.

 

Una chica violada era incompleta.

 

Una chica que se había enamorado era incompleta.

 

Una chica que se había limitado a existir de una manera que alguien consideró inconveniente también podía ser, con toda la frialdad burocrática del mundo, incompleta.

 

Eso es lo que encontraron los investigadores que abrieron en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria expedientes que llevaban décadas sin que nadie los tocara. Carpetas con nombres de mujer, números de registro, sellos del Estado. Las palabras usadas para describir a las internas, según quienes pudieron leerlas, eran humillantes y ofensivas. El Archivo dice que están ahí. Los documentos confirman que ocurrió. Lo que no hay, en ningún mapa oficial de la memoria de estas islas, es una sola placa que lo diga.

 

El edificio que no habla

 

Si va usted a Tafira Alta y busca la calle Santo Tomás, encontrará un edificio. No tiene placa conmemorativa. No tiene ningún cartel que lo identifique con lo que fue. Allí funcionó, durante décadas que abarcan tanto la dictadura como los primeros años de la democracia, uno de los Centros de Observación y Clasificación del Patronato de Protección a la Mujer. Los había en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Gijón, Oviedo, Granada, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Y en Las Palmas de Gran Canaria. Once en toda España. Canarias tenía dos.

 

Eso no es un detalle menor. Que el archipiélago canario albergara dos de los once centros de clasificación del sistema delata cuánto le importaba al régimen extender su control moral hasta el último rincón del territorio, incluyendo las islas del Atlántico. Lo que ocurrió en Tafira no fue una anomalía provincial: fue parte de una maquinaria perfectamente diseñada desde Madrid, con nombre, presupuesto, decreto oficial y una presidenta de honor que se llamaba Carmen Polo.

 

La esposa del dictador presidía el Patronato a título honorífico. Debajo de ella, una Junta Nacional bajo el Ministerio de Justicia. Debajo, cincuenta juntas provinciales, una por cada capital española, presididas por el gobernador civil, rodeado de representantes de la Falange, la Sección Femenina, el Ejército, la Iglesia y la Sanidad. Debajo de las juntas provinciales, juntas locales que llevaban la vigilancia hasta los pueblos más pequeños. Era una red enorme. Unas manos enormes. Y esas manos buscaban mujeres.

 

El Decreto, o cómo se llama pudor a lo que es jaula

 

El 6 de noviembre de 1941, con España aún hambrienta y llena de muertos de posguerra, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto por el que se reconstituía el Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia. Su finalidad declarada era la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica.

Boletín Oficial del Estado, 20 de noviembre de 1941. Decreto de organización del Patronato de Protección a la Mujer, firmado por Francisco Franco y el Ministro de Justicia Esteban Bilbao Eguía.

 

Educación. Protección. Dignificación. El lenguaje era pulcro y piadoso y ocultaba perfectamente lo que en realidad se estaba creando. En el mismo número del BOE aparecía, sin ningún rubor, el decreto que instituía las Prisiones Especiales para la Regeneración y Reforma de Mujeres Extraviadas. El régimen era así: nombraba las cosas con el envoltorio opuesto a lo que contenían y confiaba en que nadie tuviera fuerzas para quitarles el papel.

 

La institución tampoco salía de la nada. Tenía antecedentes en el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, fundado en 1902 bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo. La Segunda República lo había refundado en 1931 con carácter laico, con mujeres como Clara Campoamor entre sus impulsoras, antes de disolverlo en 1935 por falta de presupuesto. Franco lo recuperó, lo amplió y le inyectó algo que la versión republicana no tenía: la alianza con las congregaciones religiosas, que convirtió a la Iglesia en gestora directa del internamiento y en beneficiaria económica del trabajo de las reclusas.

 

Las Adoratrices. Las Oblatas del Santísimo Redentor. Las Trinitarias. Las Terciarias Capuchinas. Las Cruzadas Evangélicas. Las Hermanas de la Caridad. Cada una de esas órdenes recibía del Estado una cantidad por interna y, a cambio, ofrecía sus conventos como centros de reclusión y redención. En Gran Canaria, hay constancia de que uno de los espacios donde se rapó la cabeza a mujeres como método de castigo y humillación era un inmueble vinculado a las Adoratrices. La misma congregación que en 2014 recibió el VI Premio de Derechos Humanos Rey de España, concedido por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, por su labor social. Las dos cosas son ciertas. Con los mismos apellidos institucionales. En el mismo país.

 

Quién era la mujer caída (y por qué la respuesta lo cambia todo)

 

Hay una pregunta que uno se hace al estudiar esta institución y que, cuando encuentra la respuesta, le obliga a releer lo que creía saber. La pregunta es: ¿qué tipo de mujer podía acabar internada en uno de los centros del Patronato?

 

Cualquiera.

 

En uno de los expedientes conservados, el motivo de ingreso de una joven dice que suspiraba demasiado por los hombres. En otro: sale con un músico. Hay expedientes de chicas internadas por besarse en un cine, por fumar, por bailar agarradas, por ponerse la falda por encima de la rodilla. Por quedarse embarazadas. Por ser lesbianas. Por tener un carácter que su padre no sabía manejar. Por ser pobres y no tener a nadie que las defendiera.

 

No hacía falta haber cometido ningún delito, ni siquiera uno de los que el propio régimen tenía tipificados en sus códigos. No había juicio. No había abogado. No había posibilidad de recurso. Bastaba la denuncia, del padre, del cura del pueblo, del vecino, de la pareja que quería deshacerse de ella, del policía de guardia, para que una joven de dieciséis años desapareciera del mundo visible. Una vez dentro, la única diferencia entre salir en unos meses o en diez años dependía de lo que aquel médico había escrito en aquella casilla.

 

Y aquí está lo que los expedientes revelan y que nadie ha escrito todavía con suficiente claridad: lo que unía a todas las internadas no era el tipo de conducta que se les atribuía. Era algo más sencillo y más cruel. Las que tenían dinero, o familia con influencias, o un abogado que las conociera, se libraban. Las que no tenían nada de eso eran incompletas. El Patronato no era un sistema moral. Era un sistema de clase.

 

Por sus centros, novecientos en toda España, según estimaciones más recientes, pasaron alrededor de cuarenta y un mil jóvenes. Cuarenta y un mil expedientes. Cuarenta y un mil casillas donde alguien escribió, con letra cuidadosa de funcionario, esa palabra.

 

Lo que pasaba dentro

 

La correspondencia estaba censurada. No había libertad de llamadas. Las internas no podían hablar con compañeras de otros pabellones. El adoctrinamiento religioso era permanente y obligatorio. Había celdas de aislamiento. Las que intentaban escapar y eran recapturadas por la policía, que tenía obligación legal de devolverlas, eran trasladadas a centros de régimen más duro.

 

El trabajo era la columna vertebral del sistema. Las internas confeccionaban ropa, bordaban, planchaban, fregaban, limpiaban conventos. No se les pagaba nada. El trabajo era, en el lenguaje del Patronato, parte de la redención. Consuelo García del Cid, que pasó por el sistema siendo adolescente y lleva décadas siendo la voz pública de las supervivientes, lo explicó sin adornos ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados: Vivíamos de nuestro trabajo esclavo. Gracias a eso han levantado los monasterios y conventos que tienen.

 

Las embarazadas eran enviadas a centros maternales donde la lógica era la misma: trabajo, rezos, disciplina. En la Maternidad de Nuestra Señora de la Almudena, en el barrio madrileño de Peñagrande, hay documentados casos de bebés robados, trabajos forzados de gestantes y separaciones de madres e hijos. Los investigadores que han trabajado en los archivos canarios han encontrado el testimonio de una mujer de estas islas a la que le arrebataron a su hijo. Una mujer canaria. Un bebé robado en Gran Canaria. No es metáfora. No es una historia de otro lugar. Ocurrió aquí, y forma parte de la documentación que puede consultarse en el Archivo Provincial de Las Palmas.

 

Las lesbianas corrían una suerte especialmente brutal. Eran derivadas directamente a pabellones psiquiátricos, el de Ciempozuelos, en Madrid, o el de Arévalo, en Ávila, donde el Patronato mantenía espacios propios. Los testimonios recogidos a lo largo de años de investigación hablan de tratamientos de choque, de mujeres que entraron siendo jóvenes y no salieron. Muchas murieron allí. Sus nombres no están en ningún libro de memoria.

 

Para muchas internas, el único camino legal de salida era el matrimonio. El matrimonio disolvía la tutela del Patronato. Convertirse en esposa, la figura que el régimen había definido como el destino natural de la mujer, era, literalmente, recuperar la libertad. Hubo quienes se casaron con el primero que se lo propuso, con tal de salir. Eso también está en los expedientes, aunque nadie lo haya escrito nunca con esas palabras exactas.

 

La institución que sobrevivió a Franco

 

Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975.

 

El Patronato de Protección a la Mujer vivió diez años más.

 

Esto es lo que más cuesta de asimilar cuando uno se acerca a esta historia. No el hecho de que existiera bajo la dictadura, dentro de su lógica, era coherente, sino que sobreviviera intacto a la Transición, a los gobiernos de Adolfo Suárez, al de Leopoldo Calvo-Sotelo, y a los primeros años del PSOE de Felipe González, que había llegado al poder en octubre de 1982 con la promesa implícita de que aquello había terminado. El Patronato fue disuelto mediante Real Decreto el 1 de agosto de 1985, cuando sus competencias se transfirieron a las comunidades autónomas. España llevaba entonces casi siete años de Constitución. Ocho de elecciones democráticas. Tres de gobierno socialista.

 

Lo que precipitó el cierre no fue un ejercicio de memoria ni de justicia. Fue la muerte de una niña. En septiembre de 1983, Inmaculada Valderrama, de catorce años, falleció al intentar escapar del reformatorio de San Fernando de Henares, en Madrid, descolgándose por una ventana con unas sábanas anudadas. Su muerte desencadenó una inspección oficial que constató las condiciones en que vivían las internas. A partir de ese escándalo empezaron a transferirse competencias. Pero lo verdaderamente revelador no es que cerrara entonces. Es que nadie lo hubiera cerrado antes.

 

En 1977, apenas dos años después de la muerte del dictador, la revista Vindicación Feminista había publicado un análisis extenso del Patronato. La abogada Magda Oranich lo definió en esas páginas, con una brutalidad que hoy parece visionaria, como fábrica de subnormales. La policía intentó impedir la distribución del número. Llegó tarde. Pero incluso entonces, incluso con ese primer fogonazo de visibilidad pública, la historia quedó enterrada. El diario El País publicó un reportaje ese mismo año. Y luego nada, durante décadas.

 

El agujero en el archivo

 

Hay un número que lo resume todo: de las 1.186 cajas de expedientes que la Junta Nacional del Patronato había acumulado a lo largo de décadas, hoy existen treinta y una.

 

Piénselo un momento. 1.186 cajas. En cada caja, carpetas. En cada carpeta, un nombre. Una edad. Un pueblo. Una denuncia sin delito. Un examen ginecológico sin consentimiento. Y al final de todo, esa palabra: completa o incompleta. El registro exacto de cómo el Estado español decidió que esa mujer era un problema que había que archivar en un sitio.

 

Cuando la institución cerró en 1985, esas cajas fueron trasladadas al sótano de un archivo estatal sin clasificar, sin catalogar, sin que nadie asumiera la responsabilidad de custodiarlas. El archivo sufrió más tarde una inundación. Las cajas se destruyeron. Nadie lo impidió. Nadie respondió por ello. Las 1.155 cajas que faltan no están en ninguna parte. Los nombres que contenían, tampoco.

 

Las congregaciones religiosas tampoco contribuyen a llenar ese vacío. Algunas dijeron a las supervivientes que habían destruido su propia documentación por el bien de las internas. Por el bien de las internas. Como si el olvido fuera una forma de cuidado, y no exactamente lo contrario. Consuelo García del Cid lo dijo con la precisión de quien lleva décadas intentando recuperar su propio expediente y sabe exactamente lo que está diciendo: Hay una congregación que tuvo el valor de decir que lo destruyeron todo cuando se aprobó la Ley de Protección de Datos. No lo destruyeron. Y si es verdad que lo destruyeron, fue por el bien suyo.

 

Lo que queda son los archivos provinciales, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, que guarda los expedientes canarios y los cuerpos de las supervivientes. Sus memorias. Sus palabras, cuando aceptan darlas. La primera tesis doctoral íntegramente dedicada al Patronato de Protección a la Mujer se presentó en 2018.

 

1941. 2018. Setenta y siete años. La historia de cuarenta y un mil mujeres esperó todo ese tiempo a que alguien la escribiera con el rigor que merecía.

 

Lo que llega cuando ya casi no quedan supervivientes

 

El 21 de marzo de 2026, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática entregó a cincuenta y tres mujeres sus declaraciones oficiales de reconocimiento como víctimas del franquismo. Era la primera vez en la historia de la democracia española que el Estado reconocía formalmente que aquellas adolescentes, las que pasaron por los centros del Patronato sin haber cometido ningún delito, habían sufrido represión. En el mismo acto, el Gobierno anunció que el BOE publicaba ese día la declaración del Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Democrática.

 

Las supervivientes que recibieron el reconocimiento llevaban décadas pidiéndolo. Algunas estaban demasiado enfermas para asistir al acto. Otras habían muerto sin llegar a ver ese papel. No somos víctimas, somos supervivientes, dijo una de las presentes al recogerlo, y en esa corrección de vocabulario cabe toda la diferencia entre lo que el Estado quiere ver y lo que ellas realmente son.

 

El 9 de junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos, la entidad que agrupa a las congregaciones que gestionaron los centros, había celebrado un acto de petición de perdón público. Las mujeres que asistieron reprocharon a los religiosos hablar de contexto y de época en vez de asumir su responsabilidad sin paliativos. Algunas congregaciones se comprometieron a entregar la documentación que conservaban. No están cumpliendo, dijo García del Cid después. Como mucho, fechas de entrada y salida. Nada más.

 

La Ley de Memoria Democrática, sin embargo, no reconoce aún a las víctimas del Patronato en su artículo tercero, el que define quién es considerado represaliado. Ese vacío legal sigue ahí. Significa que el Estado puede entregar diplomas de reconocimiento y al mismo tiempo no contemplar a estas mujeres en el marco jurídico que protege a las víctimas del franquismo. Las dos cosas son ciertas a la vez y dicen mucho sobre la calidad de la memoria que este país está construyendo.
 

Lo que hay en Vegueta y lo que no hay en Tafira

 

Espacio San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria. Exposición 'Memorias colectivas / Represiones cotidianas', de Art al Quadrat. 19 de marzo – 30 de agosto de 2026. Foto: CAAM.

 

En este momento, mientras usted lee este artículo, hay una exposición abierta en el espacio San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno, en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. Quien entre encontrará, construida con material documental procedente del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, una obra que muestra las palabras que el Estado español utilizó para describir a las jóvenes canarias internadas en Tafira. Las mismas palabras que los investigadores encontraron al abrir esas carpetas que nadie había tocado en décadas. Transmutadas en arte, porque el derecho aún no las ha convertido en justicia.

Vista interior de la exposición 'Memorias colectivas / Represiones cotidianas'. A la izquierda, instalación con documentos del Archivo Provincial de Las Palmas sobre el Patronato de Protección a la Mujer. A la derecha, Foto: CAAM.

 

Al salir, si coge el coche y conduce hacia el interior veinte minutos, llegará a la calle Santo Tomás de Tafira Alta. Encontrará el edificio. No habrá placa. No habrá cartel. No habrá nada que explique a quien pase por allí que en ese lugar, durante años que van mucho más allá de la muerte de Franco, el Estado clasificó a las mujeres canarias con una sola palabra escrita en una casilla.

 

Esa es la distancia que separa lo que ya se está haciendo de lo que todavía falta. Veinte minutos en coche y décadas de deuda sin saldar.

 

Las supervivientes dicen siempre lo mismo cuando alguien les pregunta por qué siguen hablando, por qué siguen repitiendo una historia que les cuesta tanto contar. Una de ellas lo resumió en una sola frase: Si ustedes siguen esperando, no va a quedar ninguna viva para contarlo.

 

No es una amenaza.

 

Es un cálculo.

 

Hay una última cosa que decir. Una que este artículo no puede callar.

 

Aquel médico que las examinaba al llegar. Aquel funcionario que escribía en aquella casilla. El Estado español que avaló esa palabra durante cuarenta y cuatro años.

 

Se equivocaron.

 

No eran incompletas.

 

Nunca lo fueron.

 

La documentación que sostiene este artículo procede del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, del Boletín Oficial del Estado (20 de noviembre de 1941), del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y de la exposición Memorias colectivas / Represiones cotidianas del CAAM-San Antonio Abad de Vegueta (19 de marzo - 30 de agosto de 2026), cuyos materiales acreditan la consulta directa de esos fondos archivísticos. El dato sobre las mujeres rapadas en Las Palmas procede de: M. Ramírez Pérez, V. Peligrosas y revolucionarias. Ediciones Tamaimos, 2019.

 

Juan Vega Romero